La carta que llegó a su casa tomó a Evangelina por sorpresa. Porque el correo es infrecuente en estos días, y porque era una citación para presentarse en tribunales. Lo primero que pensó fue que tenía algún problema judicial, pero cuando asistió a la audiencia recibió una noticia que la dejó desconcertada: había salido sorteada para integrar un jurado popular, o sea, un tribunal de ciudadanos comunes que tendría que juzgar un asesinato. Ella, Evangelina Figueroa, 34 años, madre, empleada doméstica, tendría la responsabilidad de sentenciar “culpable o inocente”, como en las películas pero en la vida real. Fue, asegura, una de las experiencias más intensas de su vida, y la ha llevado a repetir una muletilla como quien habla con conocimiento de causa: “Confío más en la gente que en la Justicia”. Hasta ahora su provincia, Córdoba, era la única que había implementado el juicio por jurados, una forma de participación ciudadana directa en el sistema judicial que está estipulada en la Constitución nacional. Ahora se utilizará también en la provincia de Buenos Aires, donde la ley que lo regula fue promulgada el jueves pasado, y en el mismo camino ya están Neuquén, Chaco, Río Negro y Chubut.

Evangelina comparte tribunal con un taxista, una profesora de lengua, un empleado de comercio, un ama de casa, un carpintero y el dueño de una concesionaria de autos, entre otros. En el modelo de jurado cordobés –llamado escabinado– son ocho ciudadanos de a pie a quienes se les suman dos jueces que también participan en las deliberaciones posaudiencias para decidir la suerte de quien está en el banquillo. Contra todos los mitos cinematográficos, cuenta Evangelina, los jurados no duermen aislados en un hotel lejos de familiares y amigos, sino que al final del día vuelven a sus casas. Julián Montañés, un técnico electromecánico de 46 años, que integró un jurado cordobés en 2006, dice que se autoimponía –tal como lo habían instruido– no leer los diarios, ni mirar la televisión en los días de juicio y el excluir el tema de toda conversación. “Tenés la libertad de una persona en tus manos, no podés hacer cualquier cosa”, comenta a Página/12.

En Córdoba el juicio popular se puso en práctica hace siete años para delitos “aberrantes” (homicidios calificados, por ejemplo) y casos de corrupción. Para ser jurado hay que tener más de 21 años, estudios básicos, y ninguna vinculación con el mundo del Derecho, ni las fuerzas de seguridad, ni el empleo público. Tampoco pueden serlo quienes tienen antecedentes de delitos dolosos. La gente es designada al azar del padrón electoral por un año para intervenir cada vez que hay un caso. Es una “carga pública” –aunque se contemplan excusaciones– por la que se cobran 250 pesos por día. Para decidir si alguien es culpable o inocente hace falta mayoría. Aun así los veredictos suelen ser unánimes. En esta provincia, el 86 por ciento de los juicios (cerca de 300) terminaron en condena. Cuando no se alcanzan los votos mínimos, se absuelve al acusado.

Jurado bonaerense

En Buenos Aires, la aprobación y el anuncio del juicio por jurados se mezclaron con la campaña electoral y los discursos que exaltan el poder punitivo como salvación de todos los males. Los especialistas en jurados que han colaborado en este y otros proyectos, lamentan esa confusión. Andrés Harfuch, director del área de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales recuerda, como dato básico, que esta forma de juzgamiento está presente en tres artículos de la Constitución Nacional. “Implementarlo es uno de los pasos más elementales para democratizar la Justicia”, sostiene. Fue, dice, la forma más antigua de juzgamiento, inicialmente ejercida por miles de personas en espacios públicos y luego reducida a doce jurados (ver aparte).

El jurado popular bonaerense será el tradicional de doce personas, mitad varones y mitad mujeres, ninguno juez, para delitos con pena superior a 15 años. Un juez conducirá las audiencias, y luego si hubiera una condena definirá el monto de la pena. Pero el juicio por jurado será optativo para el imputado, que tendrá derecho a elegir si quiere un tribunal tradicional. Si el delito prevé una pena de prisión o reclusión perpetua, la decisión deberá ser unánime y, si es menor, harán falta diez votos.

El sistema está diseñado como para que los juicios sean cortos, no más de una semana. El jurado tendrá dos días para discutir a solas y definir, aunque se contemplan prórrogas. Los miembros del tribunal deben denunciar presiones o intentos de influencia. Si tras deliberar la votación se estanca se volverá a hacer hasta tres veces. Si no se destraba y el fiscal desiste habrá absolución, si no se hace el juicio otra vez con otro jurado. Si el jurado determina la inimputabilidad del acusado, el juez llama un debate sin el jurado para establecer atenuantes o agravantes. La fiscalía no puede apelar las absoluciones.

Objeción

La mayoría de las objeciones a los juicios por jurados, de tenor variado, vienen del Poder Judicial.

“En este momento la sociedad no es confiable para respetar las garantías constitucionales”, sorprendió a comienzos de mes la jueza de Corte Suprema Carmen Argibay. Teme linchamientos y “sentencias espantosas”. Argibay sostuvo que tener jurados es caro (estima que deben estar recluidos en un hotel) y que los jueces profesionales cuentan con un saber único.

El viernes último, Raúl Zaffaroni dijo en un congreso que “cualquier persona que tenga un número de neuronas normales y que razone puede reconstruir si un hecho está probado”. Lo que el jurado “no resuelve”, señaló, “es la cuestión jurídica”, sólo mira las pruebas pero no las razona. Por esta razón suele decir que el juicio por jurados no garantiza la doble instancia de revisión de una sentencia. El planteo es que como el jurado sólo da un veredicto pero no expresa la motivación, es imposible que otro tribunal (que suele ser Casación) revise los hechos. Ante preguntas insistentes del público, Zaffaroni señaló que no es “partidario” del jurado clásico de ciudadanos. Preferiría que tuviera jueces. En el mismo congreso, el jurista Julio Maier afirmó que el juicio por jurados permite “la más amplia revisión” y encima en audiencias públicas, poniendo “fin a la noción inquisitorial de los recursos”.

Julián, el técnico electromecánico que fue jurado en Córdoba, confiesa que al comienzo temía que sus compañeros se dejaran llevar por prejuicios e impulsos de castigo. “La sociedad es muy condenatoria”, dice. Después se tranquilizó porque advirtió que todos tenían “conciencia de la responsabilidad, muy atentos a ver las pruebas en detalle”. El participó en los primeros juicios populares. Uno fue por la muerte de un oficial en un motín en la cárcel de encausados; otro por los disparos mortales que recibió un transeúnte que recibió un tiro en medio de un robo.

A Evangelina, jurado en la actualidad, le quedó grabado algo de las charlas preparatorias: “Más vale un culpable suelto que un inocente preso”. La conciencia del poder en sus manos le dio dolor de panza. El mismo que sintió al sentarse en el primer juicio. Tuvo miedo de no estar preparada, no saber o no poder. Tuvo un caso de una chica que dio a luz en su casa, sola, metió al bebé en una bolsa e intentó matarlo. Juzgó a una enfermera acusada de intentar matar a una abuela a la que cuidaba. En un juicio reciente, cuenta, fueron absueltos cuatro paraguayos acusados de un crimen que al jurado le pareció evidente que no habían cometido.

Mapa en construcción

En Neuquén, el juicio por jurados se aprobó en 2011 y se aplicará en forma obligatoria desde febrero para delitos con penas superiores a 14 años de prisión. Con ocho votos (de doce) se resolverá una condena o absolución. Chubut también tiene el juicio popular en su Código Penal pero aún no lo reglamentó. En Río Negro, el código procesal con jurado popular se votará el 29 de octubre. Podrá juzgar un amplio espectro de delitos (como robo con armas y lesiones) con siete jurados; si prevén penas mayores a 25 años, el jurado será de doce integrantes. En Chaco, en octubre se vota un proyecto de juicio por jurados para delitos contra la vida, homicidio en ocasión de robo y casos de corrupción, con veredictos unánimes. Cuando el imputado y la víctima pertenezcan a alguna comunidad originaria, los doce jurados serán de esa comunidad; si sólo el imputado pertenece a alguna de esas comunidades, la mitad del jurado será de ella. El disparador de esta reforma fueron puebladas contra jueces.