La vista desde el West Wind Building en la calle Harbour Drive de la ciudad de Georgetown no es la mejor que tienen para ofrecer las Islas Caimán. El eterno mar Caribe se ve interrumpido rápidamente por los cruceros que arriban al territorio británico de ultramar y las joyerías que abundan por esa calle se llenan de turistas que dificultan el tránsito. Aunque el bar de la cadena Margaritaville puede ofrecer un refugio después del trabajo, incluso tiene piletas con toboganes, las condiciones podrían ser mejores. Una alternativa, sólo una, sería mudarse al Gran Ducado de Luxemburgo. Más precisamente al edificio ubicado en el número 5 de la calle Guillaume Kroll. En el pequeño país europeo puede hacer frío durante el invierno pero el vino es mejor y es posible aprovechar los fines de semana para conocer castillos en Francia, esquiar en los Alpes o hacer caminatas por la selva negra alemana.

Ese fue el camino elegido el año pasado por Iron Mountain South America LTD, la propietaria del 98,8 por ciento de la subsidiaria argentina. Pero la decisión no estuvo vinculada con el clima o los turistas, ya que la compañía sólo posee un buzón de correo en un estudio contable o, en el mejor de los casos, una pequeña oficina vacía en esos edificios. La mudanza se explica por el denominador común entre Islas Caimán y Luxemburgo: ambos son un reconocido paraíso fiscal que facilitan la planificación fiscal nociva. En el listado de jurisdicciones del secreto que elabora la ONG inglesa TJN, la isla caribeña está en el cuarto lugar y el ducado europeo en el segundo. Pero, si bien no es posible consultar la racionalidad de esa decisión a sus propietarios ya que ni siquiera sus representantes en Argentina los conocen, es probable que la firma de un tratado de intercambio de información entre AFIP y su homóloga en Islas Caimán en 2011 haya disparado la mudanza del domicilio a finales del año pasado. Luxemburgo no firmó ningún acuerdo de intercambio de datos fiscales con AFIP.

La organización TJN estima que las guaridas fiscales custodian más de 11 billones de dólares de grandes empresas y personas ricas que buscan eludir el pago de impuestos, lavar fondos ilícitos o esconder las divisas fugadas. A pesar de las amenazas de los líderes del G-20 para avanzar en su regulación, las jurisdicciones del secreto gozan de buena salud.