Sin el ex presidente Carlos Menem, ausente por “vejez”, ni el ex titular de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, por “cuestiones de salud”, el Tribunal Oral Federal N° 2 comenzó ayer a juzgar las responsabilidades de aquéllos y de otras 11 personas, entre ellas ex funcionarios policiales y de la comunidad judía, en el encubrimiento del atentado a la AMIA. La jornada se fue en la lectura de las acusaciones a los imputados, considerados autores y partícipes del pago de 400 mil dólares provenientes de la ex SIDE al duplicador de autos Carlos Telleldín para que ofreciera a la Justicia una versión falsa de la explosión de la mutual judía y desviara la investigación de la llamada “pista siria”. “Al fin llegó el día y aunque esta etapa sea larga y tediosa, es importante para que la gente sepa por qué se los está acusando”, reflexionó Diana Malamud, de Memoria Activa, integrante de una de las seis querellas de la causa. Malamud acabó el día sonriente, a pesar del “bochornoso” faltazo de Menem. Laura Ginsberg, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), relacionó la ausencia con “la impunidad biológica a la que nos tienen acostumbrados”. Memoria Activa evaluará esta semana solicitar el desafuero del ex presidente.

El día comenzó gris y tormentoso, lo que no impidió que Comodoro Py amaneciera con la ansiedad de lo muy esperado: la principal sala de audiencias de esos tribunales federales, aquella que lleva el nombre de la mutual víctima del más grave atentado de la historia argentina, volvía a convertirse, casi 14 años después, en el escenario en donde algo relacionado con aquel horror comenzaba a reconstruirse, aunque los roles estaban invertidos. Muchos de los que en septiembre de 2001 se ocuparon de investigar, señalar y acusar a cuatro policías bonaerenses de integrar la “conexión local” de la célula terrorista que decidió atentar contra la comunidad judía argentina ocuparon ayer el sector de los “presuntos” culpables de encubrir la voladura.

“Este juicio es completamente diferente a aquél. Este juicio no debería haber ocurrido nunca, este es el juicio del otro horror que cometieron contra nosotros, es el juicio de la vergüenza”, comparó Malamud.

El ex juez federal Juan José Galeano se paseó frente a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y familiares de las víctimas antes de ingresar a la sala AMIA y ubicarse en la primera fila del sector de los acusados, que terminó de integrarse según el orden verticalista del poder que los imputados ejercían al momento de imponer en la investigación judicial del atentado una versión falsa de los hechos. Inmediatamente detrás de Galeano y sus abogados se sentaron los ex fiscales Eamon Mullen y José Barba- ccia, quienes acompañaron en nombre del Estado las hazañas del magistrado durante la instrucción de la causa. Los siguió el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, casi como entonces, que avaló cada una de las medidas y decisiones tomadas por la Justicia para constituir la mentirosa “conexión local”. Los ex agentes de la ex SIDE Patricio Finnen y Anchezar –que más tarde pediría retirarse de la sala–, los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda; Carlos Telleldin y su ex abogado Víctor Stinfale se ubicaron al fondo de la sala, pegados al vidrio que separa el escenario del debate del público que acude a presenciarlo. Ayer, aquel cubículo estuvo repleto de familiares y amigos de las víctimas. El subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el diputado Claudio Lozano dijeron presente.

Las ausencias

La defensa de Anzorreguy había advertido el miércoles al TOF, integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli –Domingo Altieri es el cuarto magistrado–, sobre su ausencia, producto de una “infección de una herida quirúrgica” que originó su internación. La advertencia cayó casi sobre el inicio del juicio, pero igual el tribunal llegó a instalar el sistema de videoconferencia en la habitación que ocupa el ex titular de a ex SIDE en el Sanatorio Otamendi.

Con Menem fue distinto. “Aquí tengo un certificado médico que acredita que sufre un cuadro de hipertensión, diabetes, esclerosis y artrosis, lo que le impide su movilización atento a su avanzada edad”, informó durante la audiencia su defensor, Omar Daer. Gorini informó que el estado de salud del senador será constatado por médicos forenses del Tribunal, tal como lo hizo hace dos semanas, cuando aseguró que estaba en condiciones de viajar a Buenos Aires y asistir al juicio. En la semana, y acorde a los resultados de esa nueva visita, Memoria Activa analizará solicitar por secretaría el desafuero del ex presidente para que, en caso de que “insista en esconderse de la Justicia”, se lo pueda obligar con la fuerza pública a comparecer como acusado. “Acá empieza a debatirse lo de siempre: las maniobras dilatorias de ellos versus los 15 años que llevamos esperando para que este juicio se sustancie. Uno se encuentra en ese equilibrio desgraciado”, evaluó Ginsberg.

Las acusaciones

La primera jornada del debate oral alcanzó para que la fiscalía y solo dos querellas leyeran sus elevaciones a juicio resumidas, entre las que no existen grandes diferencias: las tres entendieron al encubrimiento como el delito central cometido durante los primeros cinco años de investigación del atentado a la AMIA en los que sucedieron, por lo menos, dos hechos fundantes: el desvío de la llamada “pista siria” y el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que inventara una historia sobre la explosión de la bomba que voló la sede de la AMIA.

La instrucción sobre el atentado cambió sorpresivamente a partir del 1º de agosto de 1994, coincidieron las partes, cuando Alberto Kanoore Edul, un comerciante de origen sirio con contactos con la familia Menem, llamó a la Casa Rosada. Hasta ese día, su hijo Alberto Jacinto estaba en la mira de Galeano, quien había solicitado intervenciones telefónicas y allanamientos en propiedades que esa familia tenía en el barrio porteño de San Cristóbal. Alberto Jacinto tenía vínculos con Mohsen Rabbani, uno de los actuales sospechosos del atentado. Tras aquella comunicación de Kanoore Edul padre con Menem, Galeano suspendió uno de los allanamientos; tardó dos años en investigar la agenda telefónica de Kanoore Edul hijo que la policía había encontrado en la búsqueda sí realizada –en la que figuraba el teléfono del iraní– e interrumpió las pinchaduras telefónicas. A Menem las acusadoras lo consideran instigador del encubrimiento; a Galeano, los comisarios Palacios y Castañeda, y los ex SIDE, autores y partícipes necesarios. Además, les endilgan falsedad ideológica, prevaricato, abuso de autoridad.

Dos años después, entre abril y octubre de 1996, Galeano negoció con Telleldín una versión falsa del atentado que vinculara a los policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro con la traffic que explotó en la puerta de Pasteur 633 a cambio de 400 mil dólares, dinero que salió de la ex SIDE. La querella de Memoria Activa añade a este pago, 15 sueldos más de 5 mil dólares que el duplicador de autos habría recibido. Por este hecho, Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, Anzorreguy, el ex agente de la SIDE Patricio Finnen, Rubén Beraja, Telleldín, su ex mujer Ana Boragni y su ex abogado, Víctor Stinfale fueron acusados de malversación de fondos públicos, coacción –contra dos testigos a los que los ex funcionarios judiciales obligaron a mentir–, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad de los cuatro policías bonaerenses que, por esta versión ilegítima, permanecieron siete años presos.