La decisión del gobierno de disolver la Afsca, como medida previa a la anulación de la ley de medios, generó la inmediata reacción de los dirigentes del kirchnerismo y sumó críticas también en los partidos de centroizquierda. La lectura coincidente fue que las medidas son una devolución de favores del presidente Mauricio Macri a Magnetto y el Grupo Clarín, y tendrán como inmediata consecuencia un proceso de todavía mayor concentración mediática. El otro eje de los cuestionamientos apuntó a que una ley no puede ser modificada por decreto. “Macri actúa como un monarca” y que “desconoce las instituciones y los consensos”, fueron algunas de las definiciones en este sentido.

El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue “la más debatida de la historia argentina”, por lo que su anulación “termina con la institucionalidad”.

Quien fuera el primer titular de la Afsca marcó la contradicción de que desde el macrismo “hablen permanentemente de República”, pero “sin saber bien de qué se trata”. “Esto tiene que ver con el perfil de un gobierno que pone a gerentes de multinacionales frente a los organismos que debería cuidar”, consideró también.

Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV en el momento de la aprobación de la ley de Medios y actual parlamentario del Mercosur, señaló que la ley “tiene un espíritu fundamentalmente antimonopólico”, y que la decisión del gobierno “favorece claramente a las grandes corporaciones mediáticas”.

El socialista Jorge Rivas agregó que reformar leyes por decreto es “totalmente ilegal”. “Aunque es elemental, vale la pena aclararlo: una ley sólo puede ser reformada por otra ley posterior, de modo que si Mauricio Macri pretende modificar la llamada Ley de Medios, debe enviar un proyecto de reforma al Congreso”, indicó. “Macri asumió el 10 de diciembre como presidente de la república, no como monarca absoluto.”

Desde La Matanza, el ex intendente y titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, consideró que teniendo en cuenta que Macri se presenta como “el gran defensor de la institucionalidad”, debería “esclarecer por qué cambia una ley con un DNU”. Para el dirigente, esto “confirma claramente que Macri no va a atarse a leyes que lo condicionen”.

El diputado Carlos Heller (Partido Solidario) se preguntó cuál fue “la necesidad y la urgencia”, y apuntó: “devolver favores a los grupos empresarios monopólicos que los ayudaron a ganar las elecciones”. En este sentido, sostuvo que el gobierno “quiere controlar los sistemas de comunicación porque es autoritario y antidemocrático”.

Entre los legisladores que se expresaron por las redes sociales estuvo el diputado Eduardo “Wado” De Pedro. “El jefe de Gabinete (Marcos Peña) acaba de anunciar la disolución de la Afsca. Traducción: impunidad mediática por decreto. Sigue la cadena de favores”, tuiteó. Por la misma vía, la socialista Alicia Ciciliani se preguntó: “Por qué no convocar al Congreso a discutir y consensuar? La gente pidió cambio. Verdadero cambio. NO se ingresa al SXXI por decreto”. La sciolista Cristina Alvarez Rodríguez agregó: “Bajan por DNU una ley debatida en todo el país, aprobada en el Congreso y avalada por la Corte. ¿Macri era el guardián de las instituciones?”.

“Esto es un capítulo más del brutal avasallamiento institucional a través del cual el macrismo va desmontando las conquistas sociales alcanzadas durante los últimos doce años”, planteó a su vez José Cruz Campagnoli. Para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, el macrismo “paga de esta manera una cuota más de su deuda con Magnetto, avanza en su plan de retirar al Estado de la regulación del sector de las comunicaciones y, en consecuencia, va sembrando el terreno para una intensificación de la concentración mediática. La contrapartida de estas iniciativas es el blindaje comunicacional, que permite invisibilizar el programa de ajuste que el gobierno está llevando adelante”.

Desde la centroizquierda, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) consideró “preocupante este hábito del nuevo gobierno de modificar leyes votadas por el Congreso de la Nación por decreto. Hace tan sólo una semana se intervino la Afsca y la Aftic por 180 días, también por decreto. ¿Por qué no llaman a sesiones extraordinarias para presentar una nueva ley? El mecanismo de disolver y luego anunciar que se enviará una propuesta de comisión bicameral al Congreso no resulta adecuado, es la política de los hechos consumados”.

Alejandro Bodart, del MST, sostuvo que Macri “atropella leyes a decretazos para favorecer negocios monopólicos, no para avanzar en la pluralidad de voces aún pendiente. La supuesta intervención de seis meses a ambos organismos duró apenas tres días con tal de allanarle el camino a los grandes grupos telefónicos y mediáticos”.