Con algunos momentos de tensión, se realizó en la Casa Rosada la reunión entre representantes de organismos de derechos humanos y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El encuentro duró aproximadamente una hora. Los miembros de los organismos de derechos humanos presentaron al Ejecutivo un documento consensuado de cuatro puntos que recorre las preocupaciones que escalaron en el último tiempo: desde la desactivación de programas vinculados a políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los despidos del área, hasta la represión a la protesta social y el encarcelamiento de Milagro Sala. El texto incluye una mención sobre las puertas cerradas del Congreso de la Nación y el dato de que la falta de debate “remite a períodos a los que los más de 40 millones de argentinos ya dijimos `Nunca Más`”. Ese dato hizo enojar al jefe de ministros.

Peña recibió a los organismos de derechos humanos en una mesa en la que sentó al ministro de Justicia, Germán Garavano y al secretario de derechos humanos, Claudio Avruj. Escucharon, respondieron punto por punto, pero justificaron cada decisión y no dieron señales de cambios. En el encuentro no hubo ni compromiso ni señales de revisión de medidas. Los miembros de las organizaciones de derechos humanos incluyeron un pedido para que el secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, haga una disculpa pública por su discurso acerca del número de los desaparecidos, el único punto que el jefe de ministros casi que reconoció como posible error.

“Nos fuimos preocupados porque vimos que muchas de las cosas que planteamos no tienen vuelta atrás”, explicó Carlos Pisoni, de HIJOS, a Página/12. “Vimos que muchas de las medidas que están tomadas no tienen vuelta atrás, pero así y todo manifestamos que estamos dispuestos a seguir dialogando para resolver conflictos como el de Milagro Sala e interceder como garantes en situaciones de conflictividad porque, como les dijimos, cuando vemos que hay despidos, ajuste y represión eso termina con muertes.”

De la reunión participaron quienes firmaron el documento: Abuelas de Plaza de Mayo (Estela Carlotto, y Rosa Roisinblit), Madres Línea Fundadora (Taty Almeida y Laura Conte), Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas (Lita Boitano), HIJOS (Pisoni y Eva Arroyo, de Jujuy), APDH, Buena Memoria (Gabriela Alegre) y el CELS (Luz Palmas Zaldúa y Valeria Barbuto). A comienzos de enero pidieron una reunión urgente con el presidente Mauricio Macri, que derivó el pedido en su jefe de gabinete luego de decir vía carta que no tenía tiempo para recibirlos. Ayer, Macri tuvo tiempo de sacarse fotos en el Bellas Artes y de recibir en la Casa Rosada al gobernador jujeño Gerardo Morales y al CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto. Dicen que se fue de la Rosada diez minutos antes del encuentro con los organismos de derechos humanos.

Carlotto abrió la reunión con algo de humor, pero para dejar claro que consideran un desplante la ausencia del Presidente. “Todos los presidentes de la democracia nos recibieron. Macri no. Pero nos recibe Peña que es más lindo que Macri”, dijo al empezar.

A continuación, se planteó el documento. La continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia de parte del Ejecutivo; el compromiso de persecución a militares y civiles; la búsqueda de prófugos y los programas que sostienen esas políticas dentro del Estado. Sobre ese punto, las representantes del CELS señalaron “la preocupación por los despidos de trabajadores en áreas sensibles para los juicios de lesa humanidad como el Programa Verdad y Justicia y el Centro Ulloa”. Palmas Zaldúa explicó que también manifestaron que era muy importante sostener la continuidad de las unidades de búsqueda de información de los ministerios de Defensa y Seguridad y de los mecanismos de control de ascensos militares, una herramienta de la que el CELS participa desde la reapertura democrática y que permite separar del Estado a personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos tanto en dictadura como en democracia.

El derecho a la protesta social, la represión y la detención de Sala quedaron planteados enseguida. También la desactivación del Congreso.

“Fue una reunión extensa en la que se tocaron todos los temas”, dijo Almeida de Madres. “Planteamos que la detención de Milagro Sala no sólo es ilegítima sino que tiene el peligro de ser la primera presa política, pero ellos respondieron que eran respetuosos con el federalismo de las provincias y con el poder judicial. Lo mismo después dijeron de los despidos. En pocas palabras, fue como escuchar un cassette.”

Carlotto logró hacer enojar a Peña cuando habló de la toma de decisiones con las puertas cerradas del Congreso. “¡¡Nos comparan con la dictadura!!”, saltó el jefe de gabinete, palabras más o menos. La presidenta de Abuelas le pidió, entonces, que no se ofenda por una palabra y recordó que el Presidente habló de “curro” (de los derechos humanos) y sin embargo ellos estaban sentados allí.

El CELS dejó tres carpetas: la comunicación de las medidas cautelares que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto Amnistía Internacional por la detención de Milagro Sala y la preocupación de la criminalización de la protesta; las observaciones del CELS a los candidatos a la Corte Suprema y una copia del documento firmado por referentes de distintas extracciones políticas a la declaración de emergencia en seguridad.