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El hecho ya no parece un caso aislado como parecía el sábado 19 de diciembre. Pedro Alvarez es residente de una pequeña localidad fronteriza llamada Villa Castelli, en la provincia de La Rioja. Aquel sábado 19 recibió en dos ocasiones la visita de personal uniformado de la provincia. Una vez por la mañana y otra vez entrada la noche. En las dos ocasiones, la policía invocó un “memorando de seguridad” mediante el cual le pidieron que suministrara los datos de los partidos políticos de la localidad, en particular del Partido Comunista y de sus apoderados; le preguntaron si había otros militantes del PC en la zona y le pidieron sus datos personales. Esto sucedió dos días después de la reunión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con los secretarios de Seguridad de las provincias y la declaración de la “emergencia en seguridad”. El PC presentó inmediatamente un hábeas corpus preventivo en el juzgado federal de Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja que el 7 de enero hizo lugar a la medida y exhortó a las autoridades provinciales y al Poder Judicial a impartir ordenes a las fuerzas de seguridad para el cese de la actividad. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, lo consideró parte de una “campaña de estigmatización de la militancia” y hoy manifestará su preocupación en una reunión con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Claudio Avruj.

“Pedimos la entrevista en diciembre cuando recibimos la denuncia”, dice Schulman a Página/12 y agrega: “Ese accionar que en ese momento nos parecía puntual, hoy entendemos que se ha transformado en parte de la campaña de estigmatización de la militancia política a la cual se la pretende identificar con empleo público, con personas sin trabajo o a las que llaman ñoquis, de manera tal que en nuestra opinión se están configurando los tres elementos que se requieren para un proceso de grave violación a los derechos humanos: uno, poner en actividad a las fuerzas militares, sobre todo luego de la fuga, y subordinarlas a las lógicas internacionales de Israel y Estados Unidos; dos, con la detención de Milagro Sala se ponen en juego todos los artículos del código penal para el castigo a la protesta social y tres, la construcción de un imaginario de un enemigo a eliminar. Eso es lo grave que ya anticipaba esa acción de La Rioja y hoy tiene recorrido un camino sofisticado lleno de discursos y de cultura, incluso desde lo periodístico”.

La presentación judicial la hizo la abogada María Elisa Reinoso, como apoderada del PC, ante la justicia federal de La Rioja. La descripción de los hechos tiene escenas con tonos de las viejas épocas de fuego militar. Luego de la primera visita a la casa de Pedro Alvarez, apareció por la noche otro patrullero “con el oficial encargado de la seccional, hombre de apellido Oyola. Quien también invocó el Memorando”, señala la denuncia. Cuando Pedro Alvarez al parecer preguntó las razones por la que estaban pidiéndole los datos, el encargado de la seccional pareció no tener mucha idea de lo que estaba pasando y le dijo: “No me cierra esto”. “Cabe destacar que Pedro Alvarez –continúa el escrito– no se encuentra afiliado al PC de La Rioja, pero es un comunista, pertenece a nuestra cultura comunista.”

La presencia de esa suerte de memorando invocado por la policía mereció un párrafo aparte en la presentación. “El hecho revela que se trata de un memorando que es una terminología que no suena local”, explica el escrito. Para los abogados aparece como indicio de otras cosas. Por un lado, recuerdan que “fueron utilizados y son propios de los Grupos de Tareas del 111 Cuerpo de Ejército desde donde se emitían los memorados de la comunidad informativa para la selección de los ‘blancos’ de la acción antisubversiva”. Los memorandos de entonces llevaban la firma de Luciano Benjamín Menéndez. Pero, más acá, sugieren la supervivencia de una estructura de “inteligencia interna”.

El contexto de la “visita” tampoco parece casual, así lo deja ver el Partido en el escrito. “Se concretó pocos días después de la reunión que mantuvo la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con los secretarios de seguridad de las provincias y la posterior declaración de la ‘Emergencia en seguridad’”, hecho ocurrido el día 17 de diciembre. “Es sin duda –sigue el escrito- una derivación del cambio sustancial en materia de las libertades públicas, políticas y ambulatorias.”

El juez Piedrabuena hizo lugar al hábeas corpus colectivo y preventivo el mismo día de la presentación. Con fecha 7 de enero, exhortó además al “ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia y sus dependientes, al Poder Judicial de la Nación al inmediato cese de la obtención de datos particulares (referentes políticos o no), a través de las Fuerzas de Seguridad de la provincia; debiendo proceder por la vía pertinente, conforme lo considerado”.