La embestida de la Justicia de Jujuy contra la detenida dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, y la Red de Organizaciones Sociales (ROS) que lidera la Tupac Amaru tuvo ayer un nuevo capítulo. El juez de feria Gastón Mercau ordenó, por pedido de la fiscal Liliana Fernández Montiel, los allanamientos a la casa de Sala, la sede de la Tupac y otros domicilios por las denuncias presentadas por el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, en los que acusa –por orden del gobernador Gerardo Morales– a 18 dirigentes de la ROS del supuesto delito de “fraude a la administración pública” a otros 3 (incluida Sala) por los supuesto delitos de “extorsión” y “asociación ilícita”. Aunque la selectiva denuncia de Miranda excluye a los ex dirigentes y legisladores de la ROS que pactaron y se fotografiaron con Morales, incluso uno de ellos imputado en la denuncia por “tumulto” e “incitación a cometer delitos” por la que la líder de la Tupac está presa hace 12 días. “Es claro que esto forma parte de la continuidad de un accionar irregular que lleva adelante la Justicia provincial cooptada por el gobernador Morales”, afirmó la Tupac en un comunicado. Diputados, referentes sociales y sindicales volvieron a reclamar ayer la “inmediata libertad de Milagro”.

Mientras el juez Mercau dilata su resolución sobre el pedido del cese de detención formulado por los abogados defensores de la líder de la Tupac tras encabezar el acampe en la Plaza Belgrano de los cooperativistas que reclaman la continuidad de sus puestos de trabajo, la Justicia provincial desató una serie de allanamientos en los domicilios de Sala y una veintena de dirigentes sociales y hasta legisladores provinciales por las denuncias formuladas por el fiscal de Estado jujeño.

Los allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy arrancaron por la mañana en busca –según la justicia jujeña– de documentación en papel e informática que relacione a Sala con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Incluyeron las vivienda de Sala en el barrio Cuyaya y la sede de la Tupac en el barrio Alto Comedero.

Las denuncias de Miranda alcanzan a 18 cooperativistas y dirigentes sociales por supuesto “fraude a la administración pública” y a Milagro Sala y a la diputada provincial Mabel Balconte por los delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”. En cambio, el fiscal de Estado excluyó de esas imputaciones los ediles José Bejarano y Leopoldo Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos electos por las listas de Fuyo, el partido jujeño liderado por Sala, quienes abandonaron la plaza, tras pactar con Morales. Cuyo, que ahora se fotografía junto al gobernador, está imputado en la causa por la que Sala está presa.

La Tupac salió al cruce del accionar judicial. “Se han realizados allanamientos sobre domicilios de personas que integran la Red de Organizaciones Sociales y que permanecen en el acampe. Nos llama la atención que los supuestamente denunciados por nuevas presentaciones tomen conocimiento de su situación por los medios de prensa y no por notificaciones judiciales. Por lo tanto es claro que esto forma parte de la continuidad de un accionar irregular que lleva adelante la justicia provincial cooptada por el gobernador Gerardo Morales”, dice en un comunicado en el que denuncian “que no se están brindando las garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio y el debido proceso”.

Por la tarde, en el acampe de la capital jujeña, los diputados del Fuyo Germán Noro y Juan Manuel Esquivel, acompañados por el diputado del Parlasur Eduardo Valdés, el músico Miguel Angel Estrella y el secretario de Cultura de la CGT, Víctor Santa María, volvieron a denunciar la “persecución política” contra Sala. Allí, señalaron que “no se están garantizando derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos” y dieron a conocer dos denuncias penales presentadas contra Morales por “abuso de autoridad” en relación a la suspensión de la personería jurídica de la Tupac Amaru y del intento de allanar la sede del partido político sin orden judicial.