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La propuesta del gobierno en la Paritaria Nacional Docente (PND) sorprendió porque fue más que razonable, tanto que contradecía o por lo menos corregía la política económica del oficialismo.

Se podía avizorar la aprobación de los gremios y una serie de reacciones adversas de los gobernadores provinciales.

El ministro de Educación Esteban Bullrich divulgó los términos del acuerdo. Convocó a la firma del acta que lo formalizaba y luego, sin dar explicaciones, la postergó dos veces en días consecutivos lo que puso en alerta a los sindicalistas.

El presidente Mauricio Macri destartaló y crispó el escenario con declaraciones periodísticas el viernes. Anunció-exigió un techo del 25 por ciento para las paritarias provinciales (PP) lo que excede sus competencias e invade las provinciales.

El porcentaje de Macri es irrisorio, comparado con la inflación ya corrida y con lo convenido con su ministro. La disconformidad de los representantes de los trabajadores llegó de volea.

El gobierno ahora dice que es mejor diferir la PND para no influir sobre las provinciales. Todo lo contrario de lo que actuó hasta el miércoles. No solo dialogó: selló un acuerdo que solo faltaba rubricar. Esteban Bullrich lo propagó a los cuatro vientos. Luego se retractó o, mejor dicho, se contradijo.

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Un cacho de historia: El mecanismo de las distintas paritarias docentes articuladas se implantó durante los gobiernos kirchneristas. Su función era y es tratar de reparar las secuelas de la política noventista, que provincializó funciones del Estado nacional sin trasladar los recursos correspondientes a los territorios.

El kirchnerismo receptó demandas de los trabajadores y articuló un mecanismo engorroso, con pluralidad de jugadores... e imprescindible.

La PND se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción.

Cada distrito define cuándo se realizan sus propias tratativas. Muchos la hacen antes que la nacional, en particular los que tienen “pisos” superiores a los de la PND. Hasta hoy no cerró ninguna, lo que es excepcional. Varias suspendieron las negociaciones previstas para la semana que hoy termina. Buenos Aires encabeza la lista.

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La Nación también paga: Los docentes son más de un millón en todo el país. Los salarios los abonan las provincias, puede decirse que el Estado nacional no tiene escuelas. De cualquier forma, la Nación realiza aportes económicos a los salarios.

Uno es el Fondo de Incentivo Docente (FID), consecuencia de las luchas de la Carpa Blanca: un plus que va directamente a los sueldos provinciales, un complemento.

El Fondo de Compensación Salarial (FCS), de asignación específica, se aplica para mitigar las asimetrías de recursos entre los territorios. Se derivan dineros nacionales a algunas provincias, las más necesitadas a criterio del gobierno central, para que puedan solventar los sueldos. Su número varió en el correr de los años. En los primeros tiempos llegó a once provincias que, a riesgo de parecer escolar, equivalen a casi la mitad. Luego se fue reduciendo a seis o siete.

El Presidente dijo que ayudará a las provincias, con un fondo específico. No lo sinceró pero es el FCS ya vigente. En tinta limón, su promesa debe leerse condicionada a que los fondos llegarán para los que pacten el 25 por ciento, máximo.

Las universidades nacionales sí están a cargo directo del gobierno central que sostiene sus presupuestos. Los sueldos respectivos no se fijan en la PND pero, por razones evidentes de semejanzas, las variaciones anuales suelen ser homólogas al acuerdo marco con los docentes.

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El otro lado de la mesa: Los gobernadores, susurran en el primer nivel del Gobierno, pusieron el grito en el cielo. La primera fue la bonaerense María Eugenia Vidal quien, chimentan, discutió cara a cara con Esteban Bullrich. El porteño Horacio Rodríguez Larreta clamó a su vez. Son dos macristas de ley. Seguramente hubo otros muchos, aliados u opositores. Sus ministros del área rezongaron de lo lindo en la reunión del Consejo Federal de Educación con Esteban Bullrich, el jueves 18. Se supone que el Gobierno debió sondear la posición de las provincias antes. Como mínimo, las que gestiona el PRO. Y como recontra menos debió imaginarlas, como haría hasta un principiante en política.

La moción de Macri asoma como inviable para los gremios y sus bases. En el contexto, luce como una provocación.

Si el piso aumentó mucho merced a la PND, las escalas superiores deben ir en consonancia, es un mandato de manual para los gremialistas. Ningún dirigente representativo puede apartarse mucho de la pauta, a la baja.

Básicamente medió un reconocimiento oficial tácito del aumento del costo de vida, más allá del verbo explícito de la Casa Rosada y zonas de influencia.

Además, si se pactara un porcentual muy reducido en las provincias se achatarían las escalas salariales, perjudicando comparativamente a maestras y maestros con más antigüedad, cargos de mayor rango y cargas de familia.

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Los zapatitos me aprietan: La oferta oficial, se supone, sigue en pie aunque la falta de firma (un trámite, en esencia) echa un manto de duda.

Los aumentos proporcionales, en cuotas, rozaban el cuarenta por ciento. Un guarismo que contradice las declaraciones de los ministros Alfonso Prat-Gay, Jorge Triaca y Marcos Peña.

Las señales oficiales alertaban contra aumentos superiores al 25 por ciento fabulando que la inflación estará por debajo de esa vara.

Prat-Gay amenazó a los sindicalistas que irán a negociar convenios colectivos. Les espetó que deberán calibrar que estarán en juego aumentos versus despidos y que cada cual debía saber dónde le apretaba al zapato.

Toda la comunicación del macrismo divulgó ese criterio. Un 30 por ciento era el techo-tabú, inalcanzable. El acuerdo entre las partes de la PND horadó el cielorraso, de cualquier modo que se lo mire.

Educación añadió otros aspectos interesantes, perdurables, que irían más allá de la suba anual. Uno fue pactar, casi diríamos al desgaire, un par de puntos de aumento a principios de año como para hacer menos drástica la elevación actual.

El otro fue estipular que el sueldo inicial para docente de grado en lo sucesivo debía ser siempre cuanto menos un 20 por ciento superior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), otro reclamo habitual de los gremios.

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Debate sobre el cálculo: El modo de calcular los aumentos salariales es un debate mediático recurrente. Un porcentual que se abona escalonadamente se puede presentar (ejem, relatar) de distintos modos. Ni qué hablar de una convención colectiva que concierne a muchas categorías y que se difunde con un solo número, un porcentaje que se hace público como el aumento. Es una simplificación que “forma” sentido común.

Según sus intereses contingentes, los gobiernos, las patronales y los gremios eligen como presentarlos. Por ejemplo, esta vez, los medios dominantes y parte del mismo Gobierno tratan de “bajar” así sea en la enunciación, el aumento ofrecido, pensando en cómo puede repercutir en otros gremios. Cuando gobernaba en kirchnerismo elegían la presentación más baja, para acusarlo de avaricia.

El macrismo intenta deslindar el FID de la suba. Se elevó en 800 pesos para cada docente en dos pagos: es un esfuerzo fiscal de más de 800 millones de pesos. No es serio el deslinde: la plata es fungible, lo que entra en el bolsillo de los maestros sirve igual sin que importe la fuente de que proviene.

Los estatales, en general, se miran en el espejo de los maestros y no estarán predispuestos a quedar por abajo. El tópico fue planteado en la agresiva huelga de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales durante el último mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A las cúpulas de los sindicatos de actividades privadas no les gusta nada “sacar” menos que sus pares. Los descoloca ante sus bases. En esta etapa muchos de ellos, empezando por el titular de la CGT (ahora) oficialista Hugo Moyano, se comportan como herbívoros y hasta veganos. Pero su reputación se pone en juego y los laburantes están atentos a lo que se firme.

El efecto cascada o contagio, habitualmente desde que se implantó la PND se propaga a las convenciones colectivas del sector privado.

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Danza y contradanza: La danza y contradanza del gobierno alimentó las perspectivas de escalar el conflicto. La dirigencia de Suteba lo explicó en una conferencia de prensa, el viernes. Tuvieron una visita inesperada e inédita: dos policías de civil sin identificación se apersonaron, preguntaron a periodistas y asistentes de qué se trataba el encuentro y qué personas estaban a cargo. Tal vez sea un conato de aplicación del flamante protocolo de la otra ministra Bullrich, Patricia (ver asimismo nota aparte). En todo caso fue un gesto prepotente jamás visto en democracia. Les salió mal: fueron identificados, denunciados. Fea la actitud.

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Sabor a poco: El aumento del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, anunciado con bambolla, supo a poco aún para los jerarcas sindicales más condescendientes. Para empezar se postergó sin fecha la presentación de un proyecto de ley que reforme las escalas y las alícuotas, fije criterios de actualización anual. Y, de modo más general, regenere el desbarajuste que es el régimen actual, se esté o no de acuerdo con él.

El parche transitorio mantiene las contraindicaciones de movidas similares del kirchnerismo años ha. Para empezar, es bien factible que algunos de los supuestos “beneficiarios” dejen de serlo cuando suban sus sueldos por aplicación del convenio colectivo. Los concernidos son siempre menos que los estimados en los anuncios del gobierno, es un clásico. Quienes estén hoy apenas por debajo del mínimo no imponible tendrán que contratar a un contador para saber si les conviene ganar más nominalmente pero cobrar menos por superar el límite.

En el mejor de los casos para el Gobierno la acción atañe a un diez por ciento de la clase trabajadora empleada.

Es muy voluntarista suponer que el bálsamo bastará para frenar las necesidades y reclamos del conjunto, supuestamente “condenado” a aceptar por primera vez desde 2004 convenciones colectivas a la baja.

Algunos gremios “de punta” vienen cerrando por cifras mucho mayores, aunque sin meter bulla. Los Bancarios acordaron una suma fija-puente, difiriendo la paritaria. Como el incremento ya forma parte del sueldo, es casi imposible que no terminen cobrando más de un 35 por ciento de aumento.

Otros que ya convinieron horadar el techo con su patronal son los aceiteros.

Los demás quedan con barbas en remojo, con el contexto enmarcado por las contradicciones de la PND.

El rebusque de desdoblar las convenciones colectivas sigue en la caja de herramientas. El mecanismo es problemático porque reabre el conflicto distributivo. Se puede trasformar en pesadilla si la inflación ya no ceja cuando haya llegado el invierno.

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A ocho días: El 29 de febrero deben empezar las clases y no se ha cerrado ninguna paritaria. La ambición oficialista de mostrar un comienzo de ciclo ordenado está en vilo, producto en buena medida de sus propias idas y venidas.

Macri, seguramente, intenta buscar convertirse en el campeón de los gobernadores pero a la larga a estos no les convendría que se postergara el inicio de las clases. Es un perjuicio expandido que recae sobre millones de familias. Ha sido un cuadro habitual y creciente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo atisba un horizonte similar.

El primero de marzo el Presidente abre las sesiones ordinarias del Congreso. Confiaba en dedicar su discurso a apostrofar contra la herencia kirchnerista, hacer un puñado de denuncias de corrupción y algunos anuncios.

Lo sucedido en estos días, que arrojará novedades la semana que viene, le cae como peludo de regalo. Auto regalado, en buena dosis.

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