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Primero durante Eduardo Duhalde y luego con mayor amplitud en tiempos de Néstor Kirchner, desde la Presidencia de la Nación quedó conformado un equipo especial de funcionarios encargados de ganarse la confianza de los dirigentes piqueteros, discutir la forma de satisfacer sus demandas y negociar para que nunca se llegara al choque en la calle.

–El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich acaba de anunciar un protocolo contra el corte de calles que prevé la represión directa después de la negociación, y la ministra dijo que esa negociación debe llevar sólo cinco minutos.

–Prefiero contestar con un ejemplo histórico. En el 2001 hubo 18 días de corte en la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova. Los protagonistas del corte eran la Federación de Tierra y Vivienda dirigida por Luis D’Elía y la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete. Alberto Balestrini era intendente de La Matanza. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa. Y Aníbal Fernández ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En un momento Aníbal me designó a mí como negociador para ayudar a una solución no sólo del corte sino, por supuesto, de las demandas planteadas por los que protestaban.

–¿Qué reclamaban?

–Empleo, claro. Y de manera urgente Planes Trabajar, herramientas de trabajo, medicamentos y comida. Negociamos y alcanzamos un acuerdo. Entre otras cosas se crearían tres mil puestos de trabajo de 150 pesos (o dólares) cada uno. Todos acordamos menos una persona: Bullrich, que se negó. Entonces el corte se prolongó y el gobierno nacional debió reemplazarla en las negociaciones por el secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello, que luego a su vez sería sustituido por el equipo de Bullrich ya cerca del acta final, cuando arreglamos los planes, una contribución de Nación para el equipamiento del hospital. En esa época establecí relaciones de negociación con las organizaciones sociales y en el 2002, cuando Eduardo Duhalde asumió la Presidencia, me designaron en el Plan Arraigo, con jurisdicción sobre las tierras fiscales. Después del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio del 2002, Duhalde dijo: “Ni un muerto más”. Ahí comenzó a trabajar un equipo de negociación para prevenir conflictos sociales que integré y que se articuló con la puesta en marcha del Plan Jefes y Jefas. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia mantuvo el criterio de negociar por encima de todo y seguimos trabajando.

–¿Quiénes integraban el equipo?

–Rafael Follonier, desde el Ministerio del Interior, y Sergio Berni, a cargo de las emergencias en Desarrollo Social. Negociábamos y coordinábamos la satisfacción de las necesidades inmediatas con el resto del Estado. Nosotros siempre entendimos la necesidad de las organizaciones sociales de ser visualizadas. Por eso marchaban. Marchar no es un costo menor. No lo es ni para las organizaciones ni para la gente. Las distancias desde el conurbano o en el interior son largas, el sol o la lluvia son un problema, las caminatas no son un juego.

–¿Qué hacían ustedes?

–Nosotros escuchábamos y después buscábamos respuestas desde el gobierno nacional. Articulábamos mucho con Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo y con José López por los temas de Vivienda. Yo mismo me encargaba de tierras. Y Berni de los alimentos. Todavía estaban los comedores. Miles de comedores con cientos y cientos de beneficiarios cada uno. Néstor lanzó las cooperativas, una respuesta de trabajo y vivienda a la vez, y así empezó a reemplazar los Planes Trabajar. Las cosas fueron cambiando. No solo ayudábamos a dar soluciones sino a canalizar el diálogo. Los dirigentes eran escuchados en el más alto nivel.

–¿En la Presidencia?

–Sí. Preparábamos reuniones habituales con Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, y muchas veces con el propio Néstor, que atendía a los dirigentes sociales. Así se sentían escuchados. Pero la cosa no terminaba en el diálogo, porque después Néstor nos ordenaba: “Ahora, háganse cargo”. Y había que resolver los problemas. También conversábamos antes de las protestas callejeras.

–¿Qué acordaban?

–Evitar todo riesgo de choque. Hasta nos poníamos de acuerdo en que pudieran sacudir las vallas policiales. Como para descargar tensiones. El acuerdo era tan serio que una vez uno de los grupos me llamó para quejarse porque las vallas se cayeron y la gente desbordó el límite. Debo recordar que en las manifestaciones había cada vez menos gente con palos, y que en nuestra gestión logramos que jamás usaran los palos. La política de seguridad, al mismo tiempo, era concentrar más policías que los habituales para hacer una demostración de mucho azul frente a las manifestaciones. Eso evitaba cualquier tipo de enfrentamiento. Otro ejemplo fue la Cumbre de las Américas en el 2005.

–Los presidentes de los países del Mercosur más Venezuela rechazaron formar un Area de Libre Comercio de las Américas y los Estados Unidos no lograron aprobar su proyecto. ¿Qué pasó en la calle?

–La marcha desde el tren hasta el estadio y el acto en el estadio mundialista permitieron la libre expresión de las tensiones y las protestas. Incluso para que la repulsa a George Bush no terminara mal establecimos dos vallas donde los grupos sociales podían concentrarse, sacudir las vallas e irse.

–Pero un grupo rompió las vidrieras del Banco Galicia.

–Sí, y ese grupo fue preso.

–¿Y qué pasaba con los cortes de calle en tiempos de Kirchner?

–Eran más espontáneos que orgánicos. El fenómeno orgánico eran las marchas que podían implicar cortes de calle. Pero se podía planificar. Los cortes siempre fueron más anárquicos. Hoy también. Abundan las protestas cortando calles por la falta de luz. La gente siente que es mejor estar en la calle con otros que solo en casa sin agua y sin un ventilador.

–En ese caso no hay dirigentes. ¿Qué deberían hacer las autoridades?

–Siempre se genera algún referente. Hay que buscarlo y dialogar con él. Y dar respuestas. Quizá no se pueda reponer el suministro eléctrico pero sí garantizar una reunión en Edesur. En el caso de Cresta Roja estaba claro que no hacía falta la represión. Terminó existiendo un diálogo productivo con un delegado de los trabajadores. Lo contrario, que está en el espíritu del protocolo de Bullrich, es como decir desde el Estado: “Se acabó la joda y ahora somos los dueños de la calle”. Esas ideas producen resultados horribles. En vez de mandar tres policías a reprimir con bastones es mejor que uno solo les lleva a los manifestantes el teléfono de un gerente de Edesur. Hoy salvo muy esporádicamente las organizaciones sociales no cortan. Pero a veces hay un crimen en un pueblo y los vecinos queman el edificio de la municipalidad. Y yo siempre pregunto si el intendente fue a visitar rápido a las familias de las víctimas.

–En 2008 las protestas rurales tuvieron un componente fuerte de corte de caminos y rutas.

–También de escraches personales en casa de legisladores o funcionarios, cosa que no hicieron antes las organizaciones piqueteras. Por suerte con los piqueteros se cumplió lo que una vez les dijo un dirigente político cubano: “Si el gobierno tiene éxito ustedes van a perder peso o dejar de existir”. Creció el empleo y el pronóstico se cumplió, y los dirigentes de los antiguos desocupados se metieron incluso en la vida política. Si ahora hay recesión y pérdida de empleo las razones pueden ser las mismas de antes. Espero que no suceda pero en cualquier caso si la protesta planificada fuera un corte, incluso ese corte se puede programar. Tal vez cortar calles o rutas sea políticamente contraproducente para los objetivos de la protesta, pero si igualmente quieren usar esa forma de queja los podrían hacer de esa manera. Ahora, incluso en ese caso hay que tener un protocolo con criterio negociador. La represión no es un buen disuasivo. Y lo peor es que siempre se sabe cómo empieza pero no cómo termina.

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