El fiscal federal Eduardo Taiano se despachó ayer con un llamativo dictamen sobre la denuncia que hizo su fallecido colega Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. Taiano admitió una presentación de dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA que sostienen que existen elementos nuevos para reabrir la investigación, pero no le envía el caso al fiscal y al juez originarios, Gerardo Pollicita y Daniel Rafecas. Sin fundamento alguno, Taiano afirma que el juez Bonadio es el que tiene que reabrir el expediente y le señala al magistrado que le tiene que pedir la causa a Rafecas. La movida es un episodio político más de la ofensiva judicial contra CFK, ya que hoy no está en juego ningún acuerdo ni pacto con Irán. Todo está dirigido, con el impulso de la dirigencia judía e influencia de funcionarios del PRO, a castigar a la ex presidenta y a escarmentar a cualquiera que se salga de los moldes diplomáticos diseñados por las derechas republicana e israelí.

Taiano no se esforzó demasiado: dictaminó en apenas cinco páginas. Eso le bastó para decir que los dos familiares de las víctimas del atentado, allegados a la AMIA y la DAIA, Luis Czyzewski y Mario Avervuch, tienen razón y que el juez Bonadio debería reabrir la denuncia de Nisman. Para sustentar su posición, los familiares presentaron dos recortes, uno de La Nación y otro de Clarín, considerando lo informado por los diarios como dos hechos nuevos.

n El primer hecho que señalan como nuevo es que ya en 2007 existía la propuesta de Irán de armar una comisión binacional para investigar el atentado. En función de ese recorte es que entonces los familiares y el fiscal concluyen que el memorandum con Irán fue diseñado por ese país. En verdad, el gobierno persa propuso desde el principio, en los años 90, colaborar con la investigación, básicamente para demostrar que los iraníes eran inocentes. De manera que no existe ningún hecho nuevo y, por otra parte –como señaló Rafecas– el memorandum nunca entró en vigencia ni se conformó ninguna comisión.

n El otro elemento supuestamente nuevo es que –según dicen los familiares y reafirma Taiano– no intervino el equipo jurídico de la Cancillería, en concreto Susana Ruiz Cerruti. Tampoco es un hecho nuevo, dado que Rafecas tuvo en su poder el expediente de Cancillería cuando dictaminó. En verdad legalmente no se necesitaba ningún dictamen del equipo jurídico de la Cancillería y, por otra parte, Ruiz Cerruti no sólo estuvo en las reuniones secretas con los iraníes en Zurich sino que acompañó a Timerman en Diputados y Senadores para explicar los detalles del memorandum.

Sea como sea, lo que resulta sorprendente es que Taiano no proponga enviar el escrito de los familiares a su par Pollicita que es quien quedó a cargo del caso, después de la muerte de Nisman. En concreto, si alguien dice que aparecieron dos hechos nuevos en una causa que tiene un juez, no corresponde que otro juez se meta, sino que le remita la información al magistrado original. Más todavía cuando la DAIA acaba de plantear también que se reabra el caso ante Rafecas, en el expediente en el que interviene Pollicita.

Como sucede desde el 10 de diciembre, el objetivo parece únicamente buscar una condena judicial contra CFK, en este caso nada menos que por el delito de traición a la patria. Es que el expediente que instruye Bonadio se inició por ese delito y con la denuncia de dos abogados de derecha, uno de ellos vinculado al PRO. Los únicos antecedentes de procesamiento por traición a la patria fueron el de Juan Domingo Perón en 1956 y el de Manuel Dorrego, fusilado por los unitarios en 1828. En la actualidad la pena de muerte está abolida.