Pese al freno judicial a los tarifazos de gas y luz en todo el país, la mayoría de las empresas todavía continúa facturando con los nuevos valores y en el mejor de los casos han decidido dejar de emitir las boletas. Las asociaciones de consumidores vienen reclamando que las distribuidoras refacturen con los precios vigentes antes del ajuste. Sin embargo, el Gobierno hasta ahora evitó darles esa directiva a las compañías a través de los entes reguladores. Anoche estaban analizando si finalmente avanzaban en esa dirección, pero las diferencias internas llevaron a que no se comunicaran novedades. Fuentes del Ministerio de Energía dijeron a Página/12 que todavía no se resolvió nada, mientras otras voces oficiales daban por hecho que se ordenará refacturar sin aumentos. Del lado empresario, las eléctricas cuestionaron con dureza el fallo que frenó los aumentos y buscaron generar alarma al asegurar que la prestación del servicio está en riesgo.

El desconcierto oficial se fue acrecentando a medida que los fallos judiciales en contra del tarifazo se generalizaron. Apenas la Cámara Federal de la Plata anuló el aumento del gas el 7 de julio, el gobierno avanzó con la fijación de un techo de 400 por ciento a las subas hogareñas y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que el tarifazo volvería a estar vigente una vez que presentaran el recurso extraordinario ante la cámara. La presentación se hizo el martes 12 de julio, pero el aumento igual siguió frenado y a los pocos días comenzó la feria judicial. Pese a ello, la única reacción oficial fue decirle a las distribuidoras de gas que dejaran de emitir las facturas hasta que se destrabara la situación.

La expectativa era que la Cámara aceptara el recurso extraordinario con efectos suspensivos sobre el fallo, pero ayer los camaristas resolvieron que las subas seguirán anuladas hasta que la Corte Suprema resuelva sobre el tema y no está claro cuando ocurrirá eso. Por lo tanto, puertas adentro del gobierno por primera vez se comenzó a evaluar la posibilidad de ordenarles a las distribuidoras que refacturen con el cuadro tarifario viejo, lo que implicaría el reconocimiento de que el tarifazo fracasó. Página/12 consultó anoche a fuentes de Metrogas sobre qué tienen previsto hacer y desde la distribuidora respondieron que “hasta ahora todo sigue igual que ayer (por el miércoles). No hemos recibido notificación del ente”.

En el caso de la luz, la indefinición es similar. En la provincia de Buenos Aires el tarifazo estuvo suspendido desde principios de julio y recién se destrabó para los usuarios del interior provincial el jueves. No obstante, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, ordenó el miércoles no cobrar la suba en todo el país “hasta que se realice la correspondiente audiencia pública”. En este contexto, lo que correspondería es comenzar a refacturar sin aumentos, pero el gobierno evitó pronunciarse y las reacciones empresarias fueron diversas.

Edesur informó ayer a este diario que todavía no habrá cambios porque no fueron notificados por el ente regulador. Además emitieron un comunicado donde aseguraron que “la actualización en el precio mayorista de la energía no necesita de la realización de una audiencia pública”, mientras que en el caso de la distribución “sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el acta acuerdo de 2005 luego de la realización de la audiencia pública correspondiente”. Esa última mención está en línea con el sorprendente argumento oficial que dice que las audiencias públicas se realizaron, pero hace más de diez años. Por último, la distribuidora controlada por la italiana Enel advirtió que como consecuencia del fallo judicial podría verse afectada la cadena de pagos y el plan de inversiones en ejecución. Edenor, por su parte, reconoció que deberá refacturar sin aumento, pero cuestionó con dureza la decisión judicial y buscó generar alarma entre sus clientes. “El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación. Esto pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios”, aseguró. Luego solicitó que el Tesoro le transfiera fondos para garantizar el servicio.