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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió una carta al ministro del Interior, Aníbal Fernández, en la que solicitó información sobre los incidentes entre manifestantes y funcionarios policiales ocurridos el miércoles en la Plaza de Mayo. El organismo pidió conocer las órdenes dadas a los funcionarios encargados de contener la manifestación. En particular, “los motivos por los cuales participaron funcionarios policiales sin uniforme ni identificación, contrariando las disposiciones dictadas para otros operativos de seguridad en manifestaciones sociales”.
En la carta el CELS recordó que, para la prevención de abusos, todo el personal de las instituciones de seguridad que cumpla funciones en manifestaciones públicas “debe vestir su uniforme reglamentario y ser perfectamente identificable por su nombre, apellido y número de legajo”.
El organismo señaló que en una nota que le envió la Secretaría de Seguridad Interior el 18 de diciembre de 2002, el Gobierno “reconoció que la identificación del personal policial es un importantísimo paso adelante en relación con situaciones anteriores, lo que no obsta a su constante perfeccionamiento”. En este sentido, el CELS consideró que la participación de personal policial no identificado en la manifestación del miércoles constituyó “un retroceso respecto de los avances que se habían verificado en el control del accionar de las instituciones policiales”. En el operativo del miércoles en la Plaza de Mayo, los policías de civil se mezclaron con los manifestantes y realizaron la mayor parte de las detenciones.