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El ex titular del Banco Mayo y de la DAIA, Rubén Beraja, fue beneficiado ayer con la excarcelación por la Sala IV de la Cámara de Casación. Por dos votos a uno, el tribunal tomó la decisión de permitir que Beraja espere el juicio en libertad, una tendencia que se impuso en el último año y que es considerada razonable por la mayoría de los juristas. Los jueces igualmente confirmaron los graves cargos contra el banquero, a quien se acusa de encabezar una asociación ilícita para defraudar a ahorristas y socios que invertían en el Banco Mayo y también defraudar al Estado nacional, que le dio 298 millones de dólares para resarcir a los ahorristas y que él –según el juez de instrucción y la Cámara– utilizó para hacer movimientos que vaciaron el Banco y derivaron el dinero hacia integrantes de su grupo más cercano.
Las camaristas Amelia Berraz de Vida y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia sostuvieron que Beraja nunca se sustrajo al proceso judicial y que cuando se libró su orden de captura se presentó espontáneamente en el juzgado. Los juezas argumentaron que “no existen riesgos procesales que justifiquen el mantenimiento de la medida preventiva de la libertad impuesta”.
Quien votó en disidencia fue el juez Gustavo Hornos, quien consideró que no correspondía la excarcelación debido a “la grave escala penal prevista para los delitos que se le imputan y por los que está procesado y, además, existe la presunción de fuga en atención al empeoramiento de su situación procesal y la trascendencia de los hechos ilícitos. El rol preponderante que le habría cabido a Beraja en la asociación ilícita y la cantidad de víctimas afectadas hacen presumir que podría eventualmente eludir la acción de la Justicia”. En realidad, Hornos hace hincapié en un criterio que ha ido perdiendo fuerza en los últimos tiempos, lo que se hizo palmario con la libertad concedida a Omar Chabán por la Cámara del Crimen, aunque según se dice en Tribunales la libertad del empresario de Cromañón podría revocarse el mes próximo.
En el caso del Banco Mayo y las maniobras contra sus ahorristas, la instrucción judicial está prácticamente cerrada y, según los voceros de los damnificados, dentro del próximo año debería realizarse el juicio oral. Allí Beraja deberá responder a las imputaciones formuladas en los días finales de la existencia del Banco Mayo. Por ejemplo, se lo acusa de que en plena crisis de la entidad, cuando ya el Estado le daba dinero para salvar a los ahorristas, compró 1200 semanas de tiempo compartido en Punta del Este a la empresa Icatur, liderada por un concuñado. Operaciones de este tipo, en las que empresas constituidas por socios y hombres del entorno de Beraja recibían créditos desmesurados, son la base de la imputación que tuvo a Beraja preso durante 22 meses.
El ex titular del Mayo siempre argumentó que la causa judicial constituía una especie de persecución política en su contra y apuntó sus cañones contra Pedro Pou, quien fuera, en tiempos de Carlos Menem, presidente del Banco Central. Beraja sostiene que Pou le manifestó reiteradamente su oposición a la existencia de “bancos étnicos”, con lo que quería decir que estaba en contra de la supervivencia de un banco judío. Los ahorristas que son querellantes en la causa contra Beraja, en cambio, sostienen que el ex titular del Mayo protagonizó una estafa de envergadura, usando cientos de millones de dólares del Estado y de particulares para beneficiarse y beneficiar a sus allegados.