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Los gestos institucionales que esta semana efectuaron los gobiernos de Argentina y Uruguay implican, per se, un matizado agravamiento de la relación bilateral en el marco de la puja por las construcción de dos papeleras europeas en la margen oriental del río Uruguay. El Parlamento argentino, Senado y Diputados, aprobaron la chance de que el Poder Ejecutivo lleve el caso a la Corte Internacional de La Haya, como impone el tratado del río en cuestión, del cual ambos gobiernos son signatarios. Uruguay tuvo un derrape al tratar de que la OEA mediara en el affaire: sostuvo que no puede intervenir si el pedido no es conjunto. A pesar de ello, funcionarios de alto rango de las dos administraciones han cruzado llamadas para tratar de destrabar el conflicto. Uno de los principales negociadores argentinos reveló a este reportero que, a principios de semana, un alto funcionario uruguayo –no se sabe si autorizado por el presidente oriental Tabaré Vázquez– le informó que los directivos de las papeleras estarían dispuestos a detener las obras por 90 días, para que se conforme una comisión binacional a efectos de estudiar el impacto ambiental y encontrar una solución negociada al conflicto. No obstante, el uruguayo, hasta el viernes pasado, no había vuelta a comunicarse.

Miércoles y jueves, el Senado y la Cámara baja respaldaron la posibilidad de que el PE acudiera a La Haya. Los senadores no tuvieron ningún problema para aprobar la iniciativa. Diputados tampoco, a pesar de la abstención de los bloques del ARI y de PRO. La nota del debate, que se dio el pasado jueves, la dio Carlos Ruckauf, que alguna vez utilizó el sillón de canciller y la munificencia del Palacio San Martín a la hora de liquidar viáticos. El huido ex gobernador bonaerense descerrajó una encendida arenga nacionalista en la que apeló a Artigas y aprovechó para darse por ofendido ante las simpatías que despierta en nuestro país el Frente Amplio uruguayo. Un importante integrante de su bloque, el Peronista Federal, entre sorprendido e irónico comentó a Página/12, “Si hasta arrancó algunos aplausos, y eso que a Ruckauf la única vez que lo aplaudieron fue una vez que se perdió en la playa”.

En la otra margen del Río de la Plata, la vicecanciller Belela Herrera apeló a la OEA para que mediara en el conflicto. La presión argentina sobre el organismo que comanda el chileno José Miguel Insulza fue certera y ese mismo día emitió un comunicado aclarando que no intervendrá si ambos países no lo solicitan. No es la primera vez que Uruguay intenta incorporar a otros actores en el diferendo; así se lo sugirió varias veces a diferentes funcionarios argentinos. En todas las oportunidades la Argentina rechazó tal mecanismo.

Las negociaciones

Toda la escalada, se ha dicho en esta columna, desnuda el fracaso de la política, de la posibilidad de resolver este entuerto conversando, cediendo algo en las posiciones para que todos ganen, tal el espíritu de la democracia. La dureza que exponen con sus gestos ambas administraciones es proporcional a la falta de acuerdo que, hasta el momento, se ha impuesto en las conversaciones reservadas que llevan adelante funcionarios calificados de los dos gobiernos, designados por los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. Este último puso al frente de las negociaciones oficiosas al jefe de Gabinete, Alberto Fernández; su contraparte uruguaya es el secretario general de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Las charlas son fluidas, pero el acuerdo no llega. “Está muy difícil”, acomete una autorizadísima fuente argentina ante Página/12, “pero seguimos hablando. Sería mejor un poco más de prolijidad por parte de ellos”, remata. La referencia es que en la Casa Rosada reciben llamados de altísimos funcionarios uruguayos para hablar del asunto y tratar de resolver algo. Esta voluntariedad de los más altos exponentes del gabinete de Vázquez, sin embargo, no hace más que diluir la autoridad de Gonzalo Fernández, el negociador que designó Tabaré ante Kirchner, en una de las primeras charlas telefónicas que ambos mantuvieron, hace ya dos meses. Así lo entienden en Balcarce 50.

A estas instancias se llegó ante el fracaso de la comisión bilateral que terminó sus funciones en aquellos días. La falta de información de las papeleras, que el gobierno uruguayo no pudo quebrar, hizo vano el tiempo de la comisión bilateral. Gonzalo Fernández le pidió a Alberto ídem un plazo mayor para ofrecer el informe uruguayo de la comisión mencionada. El Fernández argentino recordó que el plazo no se podía extender, pero contrapropuso retomar las tratativas a partir de los informes, mostrar que la falta de información fue producto de la reticencia de las empresas Botnia y Ence, parar las obras por 90 días hasta estudiar el impacto ambiental en una nueva comisión bilateral. Una vez obtenido el informe que realizarían aqueos y troyanos, encarar una solución política para salir del atolladero. El Fernández oriental dijo que lo consultaría. La respuesta la dio Tabaré por los diarios: Uruguay no va a parar las obras.

Fojas cero

Entonces comenzaron las apariciones de buena voluntad. Un integrante del gabinete de la coalición progresista charrúa llamó a Alberto Fernández preguntando cuándo se realizaría la reunión entre Kirchner y Vázquez en la isla Martín García. La propuesta la había hecho el titular de Buquebús, Juan Carlos López Mena. Fue rechazada de plano por los argentinos: los presidentes no hablarían hasta que despuntase un atisbo de solución y el gestor del hipotético encuentro (López Mena) no es lo que la Casa Rosada entiende como una voz autorizada.

A partir de entonces, varios fueron los funcionarios de Tabaré que empeñaron sus buenos oficios para acercar ideas. La Casa Rosada respondió que esas propuestas debían hacerse por boca de Gonzalo Fernández. Los ministros uruguayos que llamaron, acordaron con eso, pero posteriormente ninguna de tales proposiciones fue expuesta por el hombre en cuestión.

Sin embargo, una de ellas sembró inquietud en la Rosada. El lunes pasado, un integrante del gabinete oriental transmitió una novedad que, de ser cierta, podría destrabar todo el conflicto: reveló que se había reunido con las autoridades de ambas papeleras y que estaban de acuerdo con detener las obras por 90 días, a fin de que se hicieran los estudios pertinentes. La respuesta fue: perfecto, estamos sorprendidos, que nos llame Fernández y lo conversamos. La novedad uruguaya encendió una ilusión en el gobierno argentino, pero esa pequeña luz se fue apagando con el correr de los días: el viernes pasado ni el ministro que llamó ni Gonzalo Fernández se comunicaron con Balcarce 50.

Estrategias

El gobierno argentino está convencido de que, de aceptarse, su propuesta permitiría resolver la litis planteada entre ambos estados hermanos, gobernados por fuerzas políticas del mismo signo. Pero reconocen que los uruguayos intentan poner el eje de la discusión, como parte de su estrategia, en otra cuestión. Mientras que la Argentina plantea como base del litigio la contaminación que provocarían las factorías, Uruguay sostiene que su vecino alienta a los habitantes de Gualeguaychú (a cuyo frente, sobre Fray Bentos, se aposentarán las industrias en cuestión) y de Colón a cortar los pasos internacionales. Con ello estaría violando los estatutos del Mercosur sobre la libre circulación de las mercaderías y de los habitantes intrabloque. El argumento tiene sustento, dicen en voz baja en Buenos Aires, pero no es el centro de la disputa. “Los habitantes de Gualeguaychú protestan por un daño que se les va a hacer, un daño grande para su economía y su salud. No se les puede impedir que se defiendan como pueden”, sostienen en el primer piso de la Casa Rosada. Lamentan, eso sí, que siendo estos vecinos tan razonables cada uno, cuando se reúnen en asamblea se impone el efecto que Ortega y Gasset supo definir como el hombre-masa –la cita es de la fuente– y toda razonabilidad se esfuma.

El camino a La Haya está abierto y el resultado de lo que disponga el tribunal es un albur. Todo cambiaría si se produjese una llamada ponderada de Montevideo. Otorgaría sensatez al episodio y ayudaría a recuperar la política como elemento de mediación en pos del bien común.