[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) fue una de las organizaciones que se movilizó en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue una de las convocantes al abrazo a Tribunales con Elisa Carrió y Mauricio Macri, que el diputado kirchnerista Luis Cigogna vapuleó al decir que “no pueden abrazar ni una cabina telefónica”. Ante el hecho de su sanción, el presidente de la entidad, Lucio Ibáñez, explicó que analizan no integrar el nuevo consejo, mientras la Justicia decide sobre la inconstitucionalidad de la ley. “Esto es un retroceso más grave que la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, porque afecta a todo el Poder Judicial”, afirmó. “No habrá modo de ejercer una oposición eficaz en el Consejo”, agregó. “Corporativo no es una mala palabra”, aseguró, en respuesta a los argumentos oficiales.

–Algunos abogados pidieron un repudio a las declaraciones del Presidente, que calificó a los opositores a la reforma como “organizaciones vetustas” que “cuidan su quintita”. ¿Piensan responder?

–Ha quedado a estudio del consejo directivo ver qué respuesta se le va a dar. No hay nada definido, quizá no valga la pena responder. Es decir que todas las opiniones vertidas respecto a la abogacía están a estudio.

–¿Cómo las tomó usted en lo personal?

–Pésimo. Obviamente no es nada agradable recibir algún tipo de descalificativo, pero como fueron pronunciadas por el primer magistrado hay que evaluar seria y responsablemente las acciones a futuro. No son apreciaciones auspiciosas, ni muy felices, pero quisiera ser muy cauto. En este momento no vamos a contestar nada.

–¿Planean boicotear el nuevo Consejo?

–No es un boicot. Si estamos requiriendo de la Justicia una acción de inconstitucionalidad debemos ver puntualmente qué conducta vamos a tener sobre la integración a una institución que calificamos de inconstitucional. Una posibilidad puede ser no integrarlo, no organizando las elecciones. Desde muchos sectores de la abogacía del país se está pidiendo esa conducta. Como va a haber una acción de inconstitucionalidad, veremos llegado el momento qué actitud se toma. Queremos ser coherentes.

–¿Cuándo tendrían que elegir consejeros los abogados?

–Unos 120 días antes del vencimiento del mandato de los consejeros, que es en noviembre. Así que sería en julio. Hay tiempo para ver qué hace la Justicia y qué definición toma la abogacía organizada. Este gobierno borró con el codo lo que escribió con la mano, es desconcertante. A la Corte Suprema la vitalizó con abogados que son probos, dignos e independientes. Y ahora está echando mano a un Poder Judicial que lo quiere tornar dependiente del poder político.

–El oficialismo dice que mostró sus intenciones con la depuración de la Corte y los temores de manipulación no se van a dar en los hechos.

–Nadie juzga las intenciones, lo que hay que juzgar es la realidad. Y la realidad dice que esta ley promulgada con una premura que no es habitual es marcadamente inconstitucional y se desvía del espíritu que marca la Constitución para el Consejo. No tenemos que juzgar probabilidades. Pensar que vamos a ser todos buenos cuando la realidad no lo demuestra está en el campo de las suposiciones. Y en lo jurídico no se puede suponer. Esto es un retroceso más grave que la ampliación de los miembros de la Corte durante el gobierno de Menem porque afecta a todo el Poder Judicial. Aquel aumento irracional de cinco a nueve miembros, la servilleta de Carlos Corach, el manipuleo de la Comisión de Acuerdos del Senado, es decir, esto es un retroceso a todas esas viejas mañas políticas que tantos sinsabores le dieron a la sociedad y tanto descrédito le dieron al Poder Judicial.

–Si los abogados finalmente no integran el Consejo, ¿qué efecto concreto tendría esa decisión? ¿Sería efectiva la medida?

–No lo sé. La sociedad tendrá que juzgar si las instituciones están funcionando bien cuando la Constitución dice que tienen que participar los abogados y éstos no están. Y reclamar en tal sentido.

–¿Los abogados fueron los más perjudicados con la reforma? ¿O al menos los que, proporcionalmente, más cargos perdieron?

–No se trata de cargos. Fíjese que con una matrícula federal de 200 mil abogados, el Consejo tenía cuatro y el Jurado de Enjuiciamiento tres. Sobre 200 mil abogados, siete. La Constitución pide la presencia del abogado porque es el que está más consustanciado con la administración de la justicia. A nadie se le ocurriría diseñar una autopista o un edificio sin arquitectos o ingenieros civiles. El más idóneo, el más representativo y el que más legitimación tiene para un diseño de una administración de justicia es el abogado. En todos los consejos de la magistratura de los países más avanzados están representando a la sociedad los abogados.

–El Gobierno argumenta que los representantes políticos tienen más legitimidad popular.

–Eso es relativo. Pero a usted no se le ocurriría crear un hospital sin médicos. Entonces, la abogacía hace al Consejo lo que los médicos a los hospitales. Es sencillo. Por eso la que se perjudica es la sociedad que no tiene representantes idóneos en un cuerpo que va a atender la administración de justicia, algo neurálgico en una sociedad. Los abogados vamos a seguir siendo abogados, vamos a seguir litigando, vamos a seguir teniendo nuestros clientes. No le hace a la abogacía, ni le da poder permanecer en un instituto como el Consejo o el Jurado. Ni tampoco es mejor o peor la abogacía con estos cuatro o siete miembros.

–Los abogados fueron excluidos de la comisión de selección para evitar supuestos conflictos de intereses. ¿Qué opinión le merece esto?

–Es la barbaridad más absoluta. Hay más de mil jueces y camaristas en todas las instancias. A un juez no lo selecciona un abogado en particular, sino lo hace todo un conjunto. Entre mil y pico de jueces, a ese abogado que le toque en suerte que ese juez que eligió lo pueda favorecer judicialmente... eso es una barbaridad. Para que lo pueda favorecer hay una contraparte que lo va a impedir. Y si fuera en materia de en honorarios está la ley de aranceles. Además, siempre hay una instancia de apelación. Entonces, es imposible la reciprocidad de intereses. Ese argumento es para desnaturalizar al abogado.

–¿A quién le cabe el corporativismo, a los abogados o a la “familia judicial”?

–El abogado es el menos corporativo de los profesionales porque siempre que litiga lo hace contra otro abogado. Corporativo no es mala palabra, se la quiere degradar. Es el conjunto de profesionales en un fin común.

–Durante el debate en el Congreso una diputada kirchnerista criticó el desempeño de los colegios de abogados durante la dictadura...

–La memoria selectiva es grave. Los colegios de abogados fueron durante el proceso más oscuro de la historia argentina las únicas instituciones que la tiranía no pudo socavar. Continuaron ejerciendo democráticamente sus actividades, eligiendo sus representantes y bogando por la sociedad y el estado de derecho. Muchos de los abogados que iban a la cárcel y defendían los derechos humanos pagaron con su vida.