Alguna vez lo dijo sencillamente: “Nadie puede ser sometido a un tratamiento quirúrgico en contra de su voluntad”. Fue una definición celebrada de quien se convirtió en uno de los referentes en bioética más importantes del país. Sus fallos y un dictamen sobre la llamada “muerte digna” conmovieron el año pasado y fueron tapa de los diarios. Pero Pedro Federico Hooft acaba de ser denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la Justicia federal de Mar del Plata por participar como juez durante la dictadura en el secuestro de once personas, la mayoría abogados, en la Noche de las Corbatas. Y la provincia va a hacer propia la misma denuncia.

Según los organismos, Hooft, que es presidente de la Asociación Argentina de Bioética y titular del Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad”. Por eso exigen su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de “tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada”, y como “autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada”.

La historia argentina de los Hooft empezó durante el primer gobierno peronista. El padre de Pedro había sido alcalde del pueblo holandés de Utrecht durante la ocupación nazi y hacia el fin de la guerra se sumó a los grupos de refugiados que buscaban asilo en Argentina. Pedro creció en Mar del Plata, donde aún permanece. En 1966 se graduó con medalla de honor en Derecho por la Universidad Católica. Era miembro de los grupos católicos y nacionalistas nucleados en la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU), con presencia fuerte en La Plata y Mar del Plata desde 1975, y donde ocupó el cargo de secretario académico de la universidad estatal por la agrupación.

Hasta ese momento, la CNU era la única agrupación que se reivindicaba como peronista y combativa, pero comenzó a ser desplazada por la Tendencia Universitaria de la JUP. “La puja entre ambas posiciones, reflejo de la conmoción política que vivía el país –reseña la presentación judicial–, se trasladó activa y desgarradoramente a Mar del Plata”, donde el índice de secuestros que afectaron a estudiantes de derecho y abogados recibidos o relacionados con la universidad fue llamativamente elevado. Al accionar de la CNU se le atribuyeron una serie de secuestros y de actividades de amedrentamiento paramilitar en la ciudad. Y su sombra siempre estuvo detrás de lo que los lugareños bautizaron como la Noche de las Corbatas, uno de los operativos coordinados por distintas fuerzas de seguridad en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de 1977 en contra de once personas, siete de las cuales murieron o siguen desaparecidas.

El secuestro sacudió a la ciudad. Varias de las víctimas estaban comprometidas con la defensa de las garantías constitucionales enterradas por la dictadura, pero el único punto aparentemente en común entre todos es que en algún momento habrían sido opositores a la CNU. Para los impulsores de la querella contra Hooft, “sólo la investigación de lo que sucedió terminará por develar si integrantes de la CNU participaron en los hechos que hoy investiga el Tribunal Oral Federal y la Justicia (en los Juicios por la Verdad) y determinará la responsabilidad” de cada uno. Hooft está ligado a esa causa.

Los casos

La redada sobre los abogados se inició a las siete de la tarde del 6 de julio de 1977 con el secuestro de Camilo Ricci y Raúl Hugo Alais en su estudio jurídico. A las nueve de la noche se llevaron al abogado Norberto Centeno, cuyo cuerpo apareció días más tarde. Una hora después secuestraban a Salvador Arestín. El operativo continuó al día siguiente. Media hora después de las siete, se llevaron a los abogados Carlos Bozzi y Mercedes Argañaraz de Fresneda y a las 22.30 a Tomás Fresneda.

Las noticias y rumores de los secuestros eran imparables. Los operativos siguieron hasta el 11 y 13 de julio, con los secuestros del abogado José Verde y su esposa, y de Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García, los únicos cuatro sobrevivientes.

Entonces, Pedro Hooft era uno de los recién llegados a la familia judicial marplatense. Hacía poco más de un año, el entonces interventor militar de la provincia de Buenos Aires firmó un decreto para designarlo juez en lo criminal y correccional de la ciudad. Por eso, horas después del primer secuestro, Hooft recibía en su despacho el primer pedido de hábeas corpus por Camilo Ricci. Sería el único pedido que no rechazó y su intervención permitió la liberación del secuestrado pero, con el tiempo, se convirtió en uno de los motivos de peso de su acusación.

De acuerdo a los testimonios, Ricci apareció con vida 24 horas después del secuestro, encapuchado y lanzado a la calle desde un automóvil. Alguna vez declaró que Hooft se hizo presente en el GADA 601 de detención para pedir su liberación. Aunque Hooft podía y según la presentación judicial debía repetir el mismo procedimiento con los otros detenidos, no lo hizo. Ese habría sido el caso de Alais, por ejemplo. “Al conocer que Ricci había sido detenido en las mismas circunstancias que el Dr. Alais y por la misma gente –sostiene la denuncia–, Hooft sabía que estaba ilegítimamente detenido en el mismo lugar. Su inacción sólo se puede explicar como la decisión de permitir que continuara cautivo en forma ilegal.”

Los múltiples testimonios concentrados en las 101 páginas de la denuncia le adjudican al juez ser receptor de los pedidos de hábeas corpus y, al menos en uno de los casos, lo sitúan como visitante de los lugares de detención ilegal. Es el caso de Marta García de Candeloro, una sobreviviente secuestrada con su esposo Jorge en la provincia de Neuquén, y trasladada a Mar del Plata durante la época de las Corbatas. Ambos estuvieron en el viejo Radar de la Base Aérea, el ámbito acondicionado como centro clandestino de detención y conocido como “La Cueva”, por donde pasó la mayor parte de los detenidos. Allí, Marta vio a su marido en traje, prácticamente agonizando, el día en el que supo que no resistiría otra sesión de tortura. Ella declaró ante la Conadep, luego en el Juicio a las Juntas y finalmente en 2001 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata. Cada vez mencionó dos intervenciones de Hooft durante su secuestro. Y aunque no es la única causa, su caso es un ejemplo del tipo de intervención ejercida por el magistrado durante aquellos años.

Marta o ¿quién está acá?

Marta oyó lo de la Noche de las Corbatas durante su cautiverio. Era el nombre que escuchó entre los guardias el día del traslado de los abogados.

–¿Qué es esto? –se decían.

–Es la Noche de las Corbatas.

La Noche de las Corbatas fue cuando los guardias empezaron a hacerse cargo del dictado de las leyes. Las leyes, decían, “ahora las ponemos nosotros”. Marta permaneció con ellos hasta septiembre, cuando se la llevaron a la comisaría cuarta en condición de “depositada” y a disposición de las Fuerzas Armadas. En ese lugar se encontró con Hooft. En varias ocasiones, dijo, le advirtieron que iba a venir el juez Pedro Hooft. La noticia de la visita de un juez, explicó, significaba para los detenidos “la esperanza de que se iba a hacer algo”. En su recorrida, Hooft se detuvo frente a la puerta de su calabozo.

–¿Quién está acá? –preguntó frente a Marta. Por única vez, ella se animó a decir algo, un comentario fuera del reglamento:

–Soy una mujer que está a disposición de las Fuerzas Armadas –respondió. Y agregó: “Soy la esposa del doctor Candeloro.”

No recibió respuesta. “Y escuchando los pasos del juez que se retiraba -explicó– sintió que eran los pasos de la justicia los que se marchaban.” En ocasión de su declaración en el juicio, Marta decidió no abrir una causa contra el magistrado ni sobre los jueces de la dictadura porque de allí surgieron funcionarios judiciales muy importantes, dijo. Pero su caso ahora fue retomado por la querella. A criterio de los abogados, aunque todos los indicios de la causa señalaban que el matrimonio había sido detenido por las fuerzas de seguridad, Hooft “no produjo investigación alguna. Sólo se limitó a un rutinario pedido de informes” y “rechazó el pedido de hábeas corpus cuando aún faltaban respuestas” como la del coronel Barda, jefe de la Subzona Militar 15 de Mar del Plata.

En ese mismo sentido, recuerdan que cuando Hooft supo de la muerte de Jorge Candeloro no “requirió la exhibición del cadáver ni practicó medida alguna de comprobación de los hechos”; “no requirió se le informase el lugar de inhumación de los restos ni la autopsia”. Tampoco se preocupó por la demora con la que las autoridades militares informaron del caso, ya que Candeloro murió en un supuesto intento de fuga el 28 de junio de 1977 pero el juez no recibió la comunicación hasta cuatro meses más tarde.

La acusación

El de los Candeloro es uno de los casos trabajados en la abultada denuncia presentada por Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Nación, con el patrocinio de Luis Hipólito Alen, jefe de gabinete de la secretaría. Una presentación según la cual Hooft debería ser juzgado por dos vías. Por un lado, “como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada”. Por otro, como partícipe necesario de la asociación ilícita criminal, integrada por las fuerzas represivas. Su aporte y compromiso con “el plan delictivo de las FF.AA. estuvo garantizado con anterioridad a la ejecución de los delitos puntuales” y “su responsabilidad penal excede el mero encubrimiento, para tenerlo como parte integrante de una asociación criminal y partícipe necesario de los injustos perpetrados por esa organización”. Así, por acción, omisión o por omisión impropia, Hooft “prestó a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad, un auxilio o cooperación institucional sin los cuales no habrían podido cometerse, o al menos no con la impunidad que se ejecutaron”. Para la querella, “su principal obligación era la de respetar y hacer respetar la Constitución y los derechos individuales, por lo cual su conducta es doblemente reprochable”.

Entre los delitos que se le imputan se halla, por ejemplo, la desaparición de expedientes. Según la denuncia, todas las causas que tramitaron en su juzgado sobre “secuestros, torturas y homicidios de los abogados, han desaparecido”. El único dato que aportó el magistrado fue que las causas se acumularon y remitieron a la Sub Zona XV a cargo de Barda. Pero como “no hay ninguna constancia de que efectivamente ello haya sucedido, y deberían existir otros expedientes de los que se desconoce también su destino”, la secretaría pidió “una urgente inspección y secuestro de todos los libros o documentos usados en aquella época”.

Para los abogados de una y otra secretaría, su colaboración “activa con el aparato represivo” en la Noche de las Corbatas implica que “Hooft aceptaba la doctrina de la seguridad nacional, la refrendaba a través de sus actos, y era activo colaborador (por acción y por omisión) del salvaje sistema de represión ilegal instaurado en aquel momento. Ello significa que el querellado contribuyó intencionalmente, desde su función como juez, con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad, al garantizar la impunidad judicial de sus autores”.