El Gobierno está esperando el momento político apropiado para rubricar por decreto un acuerdo de renegociación contractual que ya consensuó con Aeropuertos Argentina 2000 y que convertirá al Estado en socio minoritario de la privatizada a cargo de Eduardo Eurnekian. Al concluir un enrevesado proceso financiero, se habría concretado la parcial estatización de la empresa, cuyas condiciones económicas serán más benévolas que las que le había otorgado la licitación del año 1998. En el futuro, habrá un canon ajustado a la evolución del negocio y plan de inversiones flexible, entre otras prerrogativas. La participación estatal, que en un futuro podría llegar al 40 por ciento, es el mecanismo elegido para cobrar gran parte de una deuda del concesionario a favor del fisco, que después de ciertas compensaciones totalizaría alrededor de 800 millones de pesos. De esta manera, la administración kirchnerista inaugura un camino alternativo a las forzadas reestatizaciones de los servicios de aguas y de correo.

El complejo acuerdo de once anexos, aún en status de borrador, promete clausurar la historia de un conflicto iniciado a poco de la adjudicación al grupo que integran la Corporación América con la italiana SEA. Casi desde entonces comenzaron a acumularse millonarios reclamos cruzados. El Estado porque AA2000 dejó de pagar el canon por 171 millones de pesos/dólares anuales comprometidos, y el grupo privado por cuestiones varias, como la demora en la entrega de algunas estaciones aéreas o la falta de obras de acondicionamiento de las estaciones que debían concretarse con recursos públicos.

Un punto medular del actual acuerdo con Eurnekian fue pesificar las mutuas exigencias dinerarias, que se estaban debatiendo en tribunales hasta que el decreto 1227 firmado por Eduardo Duhalde los congeló y sacó del fuero judicial. El antecesor de Néstor Kirchner había convalidado un nuevo contrato, en gran medida basado sobre los mismos mecanismos que se están por consagrar ahora con el nuevo texto, aunque sin habilitar la participación estatal, con lo cual condonaba la deuda y flexibilizaba el contrato a favor de la empresa privada. Pero los cuestionamientos que surgieron del propio kirchnerismo abortaron entonces la versión duhaldista. Ahora, en vez de condonar la deuda, el Estado la cobra con parte de la empresa y flexibiliza los términos, pero a favor de una empresa mixta

Para el juego de compensaciones, los técnicos de la Unidad de Renegociación Contractual, a cargo de Gustavo Simeonoff, contemplaron el argumento empresario de que hubo razones de “fuerza mayor” que alteraron la ecuación económico-financiera del contrato, como la merma en el tráfico de aerolíneas y pasajeros, principal fuente de ingresos del consorcio, a través del pago de tasas. Ese derrape –que desde el 2001 se justificaría por el efecto 11 de septiembre– justificaría haber eludido el pago del millonario canon. Sobre esta base se hicieron las compensaciones, de la que resultó un saldo a favor del Estado, que se integrará a AA2000 bajo las siguientes condiciones:

- La empresa pagaría 100 millones de pesos en efectivo y por el resto emitirá obligaciones negociables que, en un futuro, se transformarán en acciones, con un mix de preferidas y ordinarias (posiblemente mitad y mitad). Las primeras garantizan dividendos, dan privilegio a sus tenedores en el caso de liquidación de la empresa, no tienen derecho a voto pero sí a veto. Las otras permitirían participar de las decisiones con los votos.

Por esta vía el Estado integraría una sociedad mixta con gerenciamiento privado, que en un futuro sería abierta a la Bolsa, habilitando la participación de nuevos socios.

- Se mantendría en pesos la tasa interna de retorno prevista originalmente, de entre el 14 y 15 por ciento anual, y no está prevista una suba de las tasas que pagan las compañías aéreas y los pasajeros. En función de esto, el canon a tributar tendría una porción fija (originalmente fue todo fijo) y otra variable, que estaría ligada a los ingresos de AA2000.

- El canon podría totalizar alrededor del 20 por ciento de los ingresos de la privatizada y, a diferencia de lo que ocurrió originalmente, esos fondos no irían a Rentas Generales ni al sistema previsional (hoy el 30 por ciento de los cánones que cobra el Estado tienen ese destino), sino que se utilizarían para costear obras en los aeropuertos no privatizados.

- No habrá un plan de inversiones fijo y rígido, sino un plan maestro rector. Aeropuertos Argentina 2000 invertiría 4000 millones de pesos en los primeros diez años, de los cuales 1500 serán desembolsados en el primer lustro. Una comisión designada a tal fin hará evaluaciones periódicas del programa de obras a fin de que éstas se puedan ir ajustando en función de las necesidades del negocio.

Finalmente, la proyectada asociación con el grupo que lidera Eurnekian no es un recurso totalmente novedoso, ya que está probado en Edcadassa, la firma mixta que administra –hoy bajo el nombre Terminal de Cargas Argentina– los depósitos fiscales con gran satisfacción para Eurnekian. Pero es igualmente cierto que con esta modalidad el Gobierno habría encontrado una especie de atajo entre el camino de dejar los servicios privatizados por Carlos Menem íntegramente en manos privadas o rescatar esas concesiones, tal como hizo con el Correo y Aguas Argentinas.

Vale decir que ambos adjudicatarios, Macri-Galicia y Suez-Agbar, respectivamente, anhelaban dejar el negocio y discutir en tribunales foráneos una eventual indemnización por las inversiones realizadas. Esas reestatizaciones fueron, en alguna medida, un recurso de última instancia cuando se agotaron los esfuerzos para retener al adjudicatario en las condiciones deseadas. En el caso de Aeropuertos, según sugieren fuentes oficiales próximas a la negociación, la asociación podría ser una vía eficaz para cobrar una millonaria deuda a favor del Estado. Pero la política oficial, al menos por ahora, sigue siendo la de apostar al gerenciamiento privado.