Un mes después de la de su colega Telefónica, Telecom tuvo ayer su propia audiencia pública. Con la activa oposición de las asociaciones de usuarios, sindicatos y partidos políticos, tras el debate quedó en claro que los clientes de Telecom pagarán una tarifa más cara para las llamadas que realicen entre las 20 y las 22. Ocurrirá una vez que entre en vigencia el acta-acuerdo que firmaron el Gobierno y la compañía. Desde la oposición creen que el Ejecutivo podría perdonar multas que la empresa nunca abonó.

La audiencia que ayer se desarrolló en la provincia de Tucumán no es vinculante, por lo que la Uniren –organismo encargado de negociar con las privatizadas– sólo deberá elaborar un informe dando cuenta de las opiniones y respondiendo a ellas. El paso siguiente es que el acuerdo pase a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Desde el momento en que ingrese al Congreso, la comisión y las cámaras de Diputados y Senadores tendrán 60 días corridos para expedirse. Una vez vencido el plazo, el acuerdo se considerará aprobado de manera “ficta” (tácita), sin importar la instancia de tratamiento en que se encuentre.

Uno de los puntos que se aprobará es el encarecimiento del 50 por ciento en las tarifas en las llamadas urbanas e interurbanas que se realicen entre las 20 y las 22. Sin embargo, las asociaciones de consumidores, algunos políticos, como María América González, y el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pusieron la lupa en otros aspectos del acta-acuerdo:

- La delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de renegociar el marco regulatorio y las multas aplicadas a las telefónicas.

- De acuerdo con la diputada González, Telecom tiene pendiente el pago de multas millonarias porque interpuso recursos de reconsideración.

- Además, todavía se encuentra pendiente la devolución de 9,5 millones de pesos a los clientes por uno de los acuerdos del rebalanceo tarifario aplicado en la década pasada.

- Mondino recordó que en la provincia de Jujuy existen localidades con más de 2 mil habitantes que no tienen teléfono, incluida la Policía. Y que el Gobierno no intercedió para reparar este incumplimiento.

El temor del arco opositor al acta- acuerdo es que el Ejecutivo termine condonando las multas pendientes.