“Ha quedado evidenciado que la investigación del atentado se caracterizó por la realización de entrevistas informales, filmaciones clandestinas, escuchas telefónicas ilegales, tanto a defensores como a testigos, resoluciones sin el debido respaldo probatorio, manejo arbitrario de categorías procesales, formación de legajos con la finalidad de ocultar pruebas de cargo a las partes, declaraciones testimoniales bajo identidad reservada a procesados, coacciones a testigos e imputados para que declaren en determinado sentido y, en especial, el pago al acusado Carlos Telleldín, entre otras anomalías.” Con este resumen lapidario, la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó lo decidido por el Tribunal Oral del caso AMIA: absolvió a todos los imputados y le envió una copia de su análisis al juez Ariel Lijo que es el encargado de sustanciar la demorada causa por las irregularidades en la pesquisa del atentado. Los jueces ratificaron que la investigación fue “un armado arquitectónico” con lo que confirman, de hecho, lo señalado por el Tribunal Oral Número 3: que ese armado tuvo el objetivo de entregar culpables falsos a la sociedad.

El fallo firmado por los integrantes de la Sala II, Juan Fégoli, Pedro David y Gustavo Mitchell confirma la absolución de Carlos Telleldín y de un grupo de policías bonaerenses, cuyo referente más conocido era el ex comisario Juan José Ribelli. Para ratificar lo dicho por el Tribunal Oral, los jueces enumeraron decenas y decenas de irregularidades que atribuyeron fundamentalmente al ex juez Juan José Galeano, pero también a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a distintos abogados como Víctor Stinfale y los representantes de la DAIA, Marta Nercellas y Roberto Zaidemberg, a la fallecida camarista María Luisa Riva Aramayo y a varios uniformados que participaron de la pesquisa.

La causa llegó a Casación a través de las apelaciones presentadas por la DAIA, AMIA y la agrupación Familiares de las Víctimas. El fiscal Raúl Plee presentó una apelación parcial. En cambio, los integrantes de Memoria Activa consideraron justo el fallo del tribunal oral y no apelaron. Ahora, DAIA, AMIA, Familiares y Plee presentarán un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, pero parece muy difícil que el máximo tribunal, si es que acepta intervenir en el caso, dé vuelta dos fallos tan demoledores como el del Tribunal Oral y el de Casación.

El punto de partida básico de la Cámara de Casación fue que el juez Galeano actuó de forma parcial, juntando todas las pruebas que fueran en contra de los policías, mientras descartaba de forma arbitraria todas las evidencias que fueran en contra de la acusación a los integrantes de la bonaerense. Por ejemplo, incluía en la causa judicial algunas llamadas que incriminaban a los policías y no incluía otras que podían demostrar que no tuvieron que ver con el atentado. Presionó a una gran cantidad de testigos e incluso acusados para que declararan contra Ribelli y terminó pagándole 400.000 dólares a Telleldín para que imputara a los policías. A esto hay que sumarle que quemó videos, ordenó hacer escuchas ilegales, espió a los abogados y escondió legajos enteros para evitar que fueran controlados por las partes. Del fallo de ayer, el 80 por ciento estuvo dedicado a acusar a Galeano.

Un aspecto que levantó mucha polémica cuando el Tribunal Oral Federal Número 3 –integrado por Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo– dictó las absoluciones, fue la anulación de toda la investigación de Galeano desde octubre de 1995 en adelante. Con ese paso, no sólo desvinculó a los acusados del atentado, sino que dejó sin efecto una catarata de pruebas que demostraban cómo los policías extorsionaban a los ciudadanos y cometían otros gravísimos delitos. Justamente, el fiscal Plee reclamaba que fueran condenados por esos delitos comunes, aunque seguramente no hubieran ido a la cárcel porque ya habían cumplido más de ocho años de prisión. Casación ratificó al Tribunal Oral y sostuvo que el expediente AMIA fue un armado que se concretó en un legajo ilegal llamado “Brigadas” –por las brigadas de investigaciones de la Bonaerense– y que esa irregularidad convirtió en nulas todas las pruebas contra los policías, incluso las referidas a los delitos comunes. El legajo “Brigadas” se inició en octubre de 1995 y la maniobra se redondeó con el pago a Telleldín en 1996 y su declaración inmediata acusando a los policías.

El Tribunal Oral llegó a una conclusión de enorme impacto: que el armado fue “al servicio de políticos inescrupulosos”, cuyo objetivo era entregarle algún culpable falso a la sociedad argentina. Los jueces apuntaron no sólo a Galeano, sino también al ex ministro del Interior Carlos Corach, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a un largo listado de integrantes de la Justicia, las policías Federal y Bonaerense, la inteligencia y hasta dirigentes de la comunidad judía. El fallo de ayer no se pronuncia tan taxativamente como aquél, aunque sostiene que la administración de Carlos Menem no hizo nada para prevenir el ataque, actuó en forma desastrosa durante la emergencia producida por el atentado, no preservó las pruebas y produjo una investigación llena de irregularidades.