El por momentos insólito debate en torno de los cambios en la legislación laboral se queda, por ahora, en una simple disputa por ver en qué bolsillo queda parte de la rentabilidad empresaria, que ya recuperó largamente el terreno perdido por la crisis del 2000 y 2001. Y son justamente los sectores más favorecidos en esa recuperación los que alzan más alto la voz para criticar los proyectos presentados en el Congreso. Las pequeñas y medianas empresas, permanente argumento de lobbistas de grandes empresas para demostrar “cómo afectan estos proyectos a la actividad económica”, prácticamente no han participado por sí mismas del debate. Si lo hicieran, seguramente lo harían desde un enfoque diferente: la verdadera puja distributiva, la que han sufrido desde la instalación del modelo neoliberal, no es entre ellos y los obreros que demandan mejores condiciones laborales, sino entre ellos y el poder económico concentrado, con las políticas económicas que lo favorecieron. Ese poder que los dejó afuera de la fiesta, al igual que a los trabajadores que consumen su producción. Pero de esto, en este debate por las leyes laborales, no se habla.

Un claro ejemplo del alineamiento político y económico de los grandes grupos económicos quedó reflejado en el documento que presentó la Cámara Argentina de Comercio a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Al cuestionar la eliminación de los topes indemnizatorios, destaca el escrito:

“La extinción del vínculo laboral en forma unilateral puede ser dispuesta por cualquiera de las partes, sea ésta el empresario o el trabajador; sin embargo, sólo al primero le compete en forma exclusiva y excluyente acarrear con el pago de la indemnización. Esta desigualdad (sic) le otorga fundamentos a la necesidad de que la carga indemnizatoria que recae únicamente sobre las espaldas del empleador sea acotada”.

La demanda de igual trato y castigo al trabajador que renuncia y al empresario que despide es sólo una expresión más, aunque algo más despiadada, de la puja distributiva. Tal multiplicidad de variables puede llegar a tenderle una trampa a las pymes, al aparecer los “grandes patrones” peleando por sus intereses cuando combaten las leyes que van a subir el costo laboral, pero atentando al mismo tiempo contra los ingresos de trabajadores que sostienen, con su consumo, la actividad de las pymes.

“Hay que cambiar el eje del debate; la disputa no es entre obreros y empresarios, sino entre quienes concentran el ingreso y los que somos perdedores en este modelo: las pymes y los trabajadores”, sostienen, en discusiones internas, algunos dirigentes pymes que pretenden alinear a sus pares.

No les va a ser fácil. Plasmarlo en propuestas significaría legislar para las pymes diferenciándolas de las grandes empresas. “No deberíamos pagar los mismos impuestos, ni las mismas cargas salariales; el obrero gana calificación en las pymes, pero cuando está formado se lo lleva la empresa grande. Y si hay algún abuso de un obrero alentado por abogados que viven de la industria del juicio, seguro que va a perjudicar antes a una pyme que a una empresa grande, que tiene los bufetes más caros para defenderse y asesorarse antes para tomar todos los recaudos”, se quejan con razón desde las pymes. Al menos, los que no creen que el actual pelea de la CAC, la UIA, la Sociedad Rural y otras corporaciones contra la reforma laboral los representen.