La Policía Militar de San Pablo se encuentra en el ojo del huracán después de que este cuerpo armado ha sido acusado de violaciones de derechos humanos al amparo de la lucha contra el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que desencadenó una oleada de atentados en la capital económica de Brasil durante el fin de semana pasado y provocó el pánico de la población. “Venganza” es la palabra a la que se han referido algunas organizaciones para definir el comportamiento de la policía en respuesta a la muerte de casi medio centenar de agentes. Ayer, en tanto, varias empresas de telefonía celular bloquearon su señal en seis cárceles de San Pablo, en un intento por aislar a los cabecillas que lideraron desde las celdas la última rebelión.

En la última semana, la policía brasileña ha matado a más de 110 sospechosos y detenido a 140 personas. Todos los efectivos policiales se encuentran de servicio, se han suspendido los permisos y se han reforzado las medidas de seguridad en torno de edificios estratégicos. En paralelo, la policía ha entrado en varias barriadas de favelas, que son cerradas y registradas con gran despliegue de medios, lo que, en opinión del gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, supone una demostración de que el estado paulista no piensa ceder ante el crimen organizado.

Sin embargo, Lembo está siendo muy criticado por lo que es un secreto a voces –admitido por sus propios subalternos– y es que representantes de su administración y los cabecillas del PCC pactaron el final de la oleada de violencia. Para empeorar las cosas, el pasado jueves Lembo trasladó la culpa del PCC “a la elite blanca” de la ciudad, a la que acusó de crear el malestar que provocó finalmente los disturbios.

A pesar de que desde el pasado martes oficialmente San Pablo ha vuelto a la normalidad, ese mismo día la policía dio muerte a 33 personas; el miércoles, a 23, y el jueves, a 14. Sólo en estos días los agentes han matado a más personas que en los últimos dos meses. “Todas las muertes ocurrieron durante acciones de respuesta de los agentes”, aseguró el comandante general de la Policía Militar de San Pablo, coronel Elizeu Teixeira Borges.

“La jefatura de la policía debe exigir el máximo de contención a sus tropas y más en un momento de exacerbación, en el que un ejercicio indiscriminado de la violencia sólo va a generar más violencia”, advirtió Oscar Vilhena, reputado constitucionalista y director de Conectas, una organización de derechos humanos. Varios grupos humanitarios acusan a la policía de actuar indiscriminadamente en venganza por el asesinato de 41 agentes de diversos cuerpos desde que comenzaron los disturbios y han tomado como bandera el fallecimiento de un hombre de 22 años el pasado lunes por la noche en una barriada al norte de San Pablo, tiroteado por la policía mientras esperaba a su novia en la calle. La muerte del joven provocó protestas en el barrio, que el pasado jueves fue cercado y aislado por la policía, en un operativo destinado oficialmente a capturar miembros del PCC.

Ayer la cadena O Globo aseguraba que se están enterrando a los sospechosos muertos por la policía sin proceder a su identificación, debido a la falta de espacio del Instituto Médico Legal de San Pablo para albergar los cadáveres que están llegando. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa exigió el pasado miércoles al gobierno de San Pablo una lista con los nombres de los cuerpos que han ingresado en la morgue. Hasta ayer no había recibido respuesta.

En tanto, varias empresas telefónicas brasileñas comenzaron ayer a bloquear su señal en seis cárceles de San Pablo, una medida exigida por las autoridades para impedir que los dirigentes del PCC puedan transmitir órdenes, como sucedió la semana pasada, cuando en apenas unos minutos se coordinaron casi un centenar de motines en otros tantos recintos penitenciarios de todo el estado. El bloqueo afectará no sólo a las cárceles, sino a zonas circundantes, y las operadoras han advertido que puede damnificar a más de 700.000 personas.

Ayer se supo que el líder de la organización criminal, Marcos Williams Herbas, “Marcola”, ha amenazado de muerte al gobernador del estado de San Pablo, Claudio Lembo, y a otros altos funcionarios. Marcola ha sido confinado en régimen especial durante 90 días. Se trata de un giro significativo de la judicatura respecto del hombre que mueve los hilos del crimen organizado en San Pablo, ya que hasta ahora los jueces se habían negado a aislarlo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.