“La Iglesia ha mantenido un silencio absoluto desde el principio del caso y hay veces en que callar es otorgar”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Aplicación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (Casacidn). De esa manera, se sumó al pedido de la titular del Comité, Estela de Carlotto, quien le reclamó al cardenal Bergoglio que tome “medidas contundentes y serias” contra el sacerdote acusado de abuso sexual de menores (ver aparte). El reclamo se hizo público después del encuentro que mantuvieron ambas, junto al abogado Juan Pablo Gallego, con la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo.

–¿Qué le pidieron a la procuradora? –preguntó Página/12.

–Fuimos a pedirle garantías para que el juicio contra Grassi se desarrolle en forma transparente, ya que tenemos algunas dudas por algunas irregularidades que han ocurrido, como la de la audiencia del 22 de febrero, en la que no se permitió participar a nuestro abogado y se desistió de testigos que son fundamentales para la causa. Hay una denuncia por esto, que está en poder de la Suprema Corte de la provincia, en la que pedimos una sanción para el Tribunal Oral que tiene la causa.

–Concretamente, ¿cuál es la irregularidad que ustedes le achacan al tribunal?

–Las audiencias previas a un juicio oral son públicas. Y en esa audiencia no se permitió participar a Juan Pablo Gallego, que es el abogado querellante por el Comité. Su participación está avalada por la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que se trata de una causa en la que se ha abusado de menores.

–¿El tribunal no reconoce al Comité como querellante?

–No dice que no nos reconoce, pero de hecho no lo hace. El Comité debe actuar, no sólo en defensa de los chicos que denunciaron abusos sino de los que siguen internados.
–¿Por qué lo dice?

–Porque existen serias sospechas de que se esté violando la prohibición que la Justicia le impuso a Grassi de ingresar en determinados horarios y sin compañía a la sede de la Fundación Felices los Niños. Según el fallo (que le permite estar en libertad), el cura sólo puede ingresar a la Fundación por la noche, cuando los niños ya no están o se fueron a dormir, y en compañía de una monja. Pero hay testimonios de gente que lo ha visto, de trabajadores y profesionales que trabajan en la Fundación. También lo han visto en otros hogares que dependen de Felices los Niños, pese a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le prohibió la entrada a todas esas dependencias. Lo mismo quiso hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los hogares con los que la Fundación tiene convenios, pero la Justicia no se lo permitió.

–Estamos a menos de un mes del comienzo del juicio, ¿qué actitud van a tomar?

–Vamos a interponer una acción de nulidad, porque no están dadas las condiciones para que se haga justicia. Por lo pronto, si Casación hace lugar a nuestra demanda, la audiencia preliminar debe volver a realizarse.

–Grassi ha invertido en su defensa contratando a los abogados más caros. ¿Cree que esa influencia se extiende al ámbito de la Justicia?

–No tenemos pruebas, pero hay sospechas de algunos desmanejos.

–También ha habido presiones por fuera de la causa...

–Sí. El chico al que llamamos Gabriel, una de las víctimas, ha sufrido muchísimas presiones. El psiquiatra que intervino en la causa estuvo dos veces en situación de riesgo, entraron a su casa y golpearon a su hija. A Estela (Carlotto) y a mí nos mandan notas con amenazas. Por otra parte, el diario Ambito Financiero está haciendo una campaña increíble a favor del cura, en estos días, con una nota en la que llamativamente utilizan los mismos argumentos que aparecen en la texto que le hicieron firmar a Gabriel para renunciar al patrocinio del doctor Gallego.

–¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en este caso?

–Estela ha hecho un reclamo muy duro, diciendo que la Iglesia no puede albergar a personas que están acusadas de abuso sexual. No queremos presionar a la Justicia, pero sostenemos que estos personajes siniestros deben ser excluidos preventivamente para que no tengan contacto con la comunidad religiosa o con posibles víctimas, al menos hasta tanto la Justicia determine si son culpables o inocentes.

–Concretamente, ¿qué le piden ustedes a la conducción de la Iglesia en este caso?

–Que tome algún tipo de medida para separar a las personas que están bajo proceso por abuso sexual agravado, como en este caso. La Iglesia ha mantenido un silencio absoluto en este caso desde el principio y a veces el que calla otorga.

–Y al margen de la causa ¿cuál es el futuro de los niños internados en la Fundación?

–Este es un problema que se tiene que terminar de raíz. El sistema de internación de niños en situación de emergencia debe ser reemplazado por otro modelo que privilegie el vínculo con las familias. Hay que afrontar esta realidad de manera concreta.