La jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García fue suspendida ayer por el Consejo de la Magistratura, una decisión que la coloca ante la inminencia del juicio político. García, tras eludir durante casi seis años una definición, había presentado la renuncia, que se encuentra aún a la consideración del presidente Néstor Kir-chner. El proceso se inició con una investigación de este diario, donde se revelaba la participación de la funcionaria en las maniobras realizadas por el ex almirante Emilio Eduardo Massera y los grupos de tareas de la ESMA en el secuestro, desapoderamiento y muerte de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, su yerno, Omar Masera Pincolini, el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. Al tomar estado público aquellos sucesos, el entonces diputado frepasista por La Pampa Pablo Fernández, en su condición de integrante del cuerpo, presentó el caso ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

Emilia Marta García colaboró con el escribano masserista Ariel Sosa Moliné –también vinculado con la desaparición de Fernando Branca y muerto de modo prematuro– en la confección de la documentación apócrifa que permitió a principios de 1977 el traspaso de los bienes de los empresarios secuestrados a una sociedad que, con nombre falso, integraban los oficiales de la ESMA. El despojo se centró, sobre todo, en valiosas hectáreas de Chacras de Coria, una localidad residencial de Mendoza de alto valor inmobiliario. A Conrado Gómez le fueron sustraídos, asimismo, una elevadísima suma de dinero que el abogado guardaba en la caja fuerte de su departamento, caballos de carrera y depósitos bancarios. La jueza, por entonces estudiante de Derecho, fue designada síndico y más tarde accionista de WILL-Ri, la sociedad que suplantó a la de los empresarios secuestrados. Las tierras fueron loteadas y en ellas comenzó la construcción de un barrio privado al que la creatividad naval urbanizó, dotándolo de calles llamadas “Honor”, “Dignidad” y otros nombres igualmente vinculados con la ética castrense. A comienzos de los ’80, Massera creyó llegado el momento de blanquear esas propiedades, que fueron traspasadas a una sociedad, Misa Chico, de la que formaban parte su hijo mayor Eduardo Massera, su hermano Carlos Massera y el presidente el partido con que aspiraba llegar a la primera magistradura, Pedro Añón. Con el gobierno de Raúl Alfonsín y el Juicio a las Juntas Militares, el ex almirante sospechó que el plan entraba en zona de riesgo y simuló sucesivas ventas de las tierras para evitar su incautación. Cuando, en los ’80, fue convocada por la Justicia ordinaria para que explicara su actuación en esas operaciones, Emilia Marta García adujo que nunca había sospechado nada, que su participación se limitaba a las tareas propias de la notaría y que quienes habían aparecido como adquirentes y nuevos titulares del predio eran auténticos caballeros.

Una versión similar desplegó en el curso de su primera declaración frente al Consejo de la Magistratura. En una segunda instancia y con un relato plagado de contradicciones admitió parcialmente la verdad, pero adujo que su colaboración había sido realizada bajo presión: su hermana, militante montonera, se encontraba secuestrada en la Escuela de Mecánica. Al preguntársele por qué había omitido decir la verdad en las anteriores oportunidades, la jueza contestó que porque se sentía amenazada. Con el correr de los meses y previendo un final desfavorable, Emilia Marta García presentó su renuncia, un recurso que no sólo le evitaba el mal trago de someterse a un jury de enjuiciamiento: en caso de serle aceptada, no perdía la jubilación. El texto de la dimisión se encuentra todavía a la consideración de Néstor Kirchner. Cualquiera de las dos vías, dejará a la magistrada en condiciones de acudir a prestar la declaración indagatoria que, por esta causa, solicitó el juez federal Claudio Bonadío y reitera ahora su reemplazante en la causa, Sergio Torres.