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Una sentencia en contra nunca es buena noticia, así sea sobre una medida cautelar cuya inviabilidad estaba cantada. Sin embargo, la reacción del gobierno argentino puede sintetizarse en la frase deslizada por un alto funcionario: “no está tan mal”. La Corte de La Haya es muy reacia a habilitar medidas cautelares, siendo el único precedente un conflicto en el que estaba en juego la aplicación de la pena de muerte. Lo que se decidió ayer era lo más previsible, pero lo cierto es que (en el fragor de las audiencias) en Cancillería y en la Casa Rosada se habían generado expectativas módicas sobre un fallo más abierto a la posición argentina. No eran formidables pero fueron exageradas.

Más allá de que nadie puede reconocer lo más campante que ha sufrido un revés, el relativo optimismo ulterior del gobierno se sustenta en tres ejes, que varios funcionarios se encargaron de explicitar.

- El primer punto, de orden jurídico, es que los argumentos (“considerandos”, en jerga forense) del tribunal son auspiciosos de cara a la sentencia definitiva.

- El segundo es que varios gestos de la Corte sugieren que la decisión final va a tardar mucho menos de lo esperado.

- El tercero es que la supervivencia del pleito pone en un brete a Uruguay y a las empresas pasteras de cara a inversores o financistas. Vamos por partes, pues.

Una lectura edificante: La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, fue la primera integrante del Gabinete que propuso una lectura edificante de la derrota. Lo hizo en su madrugadora presentación ante la Asamblea de Gualeguaychú. “No nos causa sorpresa”, enunció para matizar el golpe ante los vecinos a los que la gestualidad triunfalista del Gobierno (acto masivo con el Presidente incluido) bien pudo inducir a esperar un score final diferente del 1 a 14. Luego explicó de modo didáctico cuáles eran los puntos del fallo que abrían ventanas de esperanza a la posición argentina. En una situación inédita, a su modo fascinante, la militante social devenida miembro del gobierno manejó con sobriedad su doble rol.

En diálogo informal con este diario, el canciller Jorge Taiana desarrolló esa lectura constructiva. “Hemos recibido garantías de que la edificación no es irreversible. El tribunal lo dice expresamente y admite la posibilidad, en caso de probarse daño ambiental, de relocalización de las plantas, modificación del tratamiento de la materia prima o desarticulación de las construcciones”, expresó. El tribunal consignó que los avances que se hagan en las obras no significan un fait accompli (hecho consumado, expresado en francés en la versión oficial redactada en inglés, como Dios manda) que no pueda reverse si se viola el estatuto del Río Uruguay.

Hubo, además, varias consideraciones respecto de la importancia de preservar el medio ambiente, la aplicabilidad del estatuto del río Uruguay y se mencionó que Argentina, sin perjuicio de que lo resuelto ayer es inapelable, puede interponer otra medida cautelar, si propone hechos no alegados hasta ahora o agrega elementos de prueba novedosos. A los ojos de este cronista, esas aseveraciones subrayadas por Picolotti y por Cancillería aluden a principios generales no controvertidos por las partes, por lo que en nada alteran la esencia de la decisión. La discusión entre Argentina y Uruguay no versa, en lo sustancial, sobre el derecho aplicable, sino sobre hechos violatorios que nuestro estado atribuye al vecino. Las recomendaciones ecológicas o las menciones a las reglas legales aplicables son de libro y nada restan a la victoria parcial uruguaya. Sí parece más sensata la satisfacción argentina referida a una descripción que hace la sentencia respecto del estatuto del Río Uruguay. Lo define como “progresivo” lo que puede interpretarse (siempre con voluntad constructiva) como una regla común muy amplia, de interpretaciónabierta más allá de lo que dice su letra. Así las cosas, la elección de ese simple vocablo puede sugerir que el tribunal está dispuesto a considerar algunos daños (el olor, las emanaciones tóxicas aéreas o la lluvia ácida) no mencionadas en el texto escrito que sólo alude a daños o polución en el agua del río.

Si al tiempo le pido tiempo. El tribunal finca en La Haya pero los tiempos que se toma se emparientan con la lenta majestuosidad de las decisiones vaticanas. Todo se dilata durante varios años. Sin embargo, en el gobierno cunde el diagnóstico de que la sentencia definitiva no está tan lejana. “A fin de 2007”, coincidieron ante este diario una mano derecha del presidente Néstor Kirchner y otra de Jorge Taiana. Esa especulación ya estaba implantada antes de conocerse el fallo, pero algunas menciones del tribunal y la fijación de una nueva audiencia entre las partes para dentro de pocas horas, apuntalaron esa impresión que (vale aclararlo) no recoge información oficial u oficiosa de los cortesanos de La Haya.

La víscera más sensible: Pero el gobierno no juega todo a mano de una decisión más o menos veloz, amén de favorable. Otra baraja es inducir a las empresas, sus inversores y financistas a rever sus posiciones. “Pressing financiero”, define, futbolera, una espada del gobierno.

La supervivencia de un diferendo internacional, interpretan los gobernantes, es una luz amarilla para los que piensen poner plata en los emprendimientos pasteros. Una anécdota menor ilustra la fruición que dedica el gobierno a esta cuestión. En Cancillería hay un par de funcionarios avezados que siguen día las cotizaciones en bolsa de Botnia, la empresa finlandesa. Sus vaivenes, cuando son a la baja, se celebran como un gol a favor. Cuentan que en estas semanas han pegado un par de gritos.

Respecto de la española ENCE el optimismo es aún mayor. El nuevo directorio se ha mostrado más permeable a la posición argentina y cuentan que (de modo extraoficial) han discurrido acerca de la hipótesis de relocalizar su planta. Esa “simple” movida mitigaría bastante el supuesto daño ecológico, comentan en el Palacio San Martín.

Doblar la apuesta: Suponer que el nombramiento de Picolotti sólo buscaba contener a los asambleístas de Gualeguaychú es desconocer facetas complejas y desafiantes del estilo presidencial, que a veces toma riesgos inéditos con las incorporaciones. Pero rechazar que esa función latente de la Secretaria “venía con el paquete” es desconocer también ese estilo, que incluye no dar puntada sin nudo. El gobierno quiere evitar, la joven abogada así lo dijo, una reanudación de los cortes de ruta pues creen que perjudica su estrategia.

La asamblea de anoche es difícil de traducir a la luz de ese designio. El corte no se convocó pero el tono general de los asambleístas no parece haber registrado el traspié en una Corte internacional a la que se sometió. Los reclamos adicionales a la caravana de hoy (que el gobierno habrá vivido con alivio) son desmesurados, en especial el de exigir el corte de suministro eléctrico y de gas a Uruguay. También es un exceso la imposición de agenda a funcionarios de primer nivel (se supone que deben ir a la ciudad entrerriana el martes) y el pedido de sanciones en el Mercosur al presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

El gobierno, que hace un culto de no reprimir la protesta social, deberá sudar la gota gorda para hacer comprender a los asambleístas que la sumisión a una Corte rige cuando se gana y cuando se pierde. Y, básicamente, deberá incursionar otra vez en la senda de la negociación bilateral, único modo virtuoso de reparar las torpezas comunes. La actitud calma de sus pares uruguayos fue leída por los funcionarios argentinos como una señal de que esa necesidad es comprendida desde la otra orilla. Ojalá así sea porque ya es bastante desdicha que esta cuestión se sigadirimiendo en un tribunal muy alejado del lugar del conflicto, de su historia y de sus intereses comunes.