Hay “cantidad y calidad” suficiente de delitos, dijo Carolina Varsky, una de las integrantes de la querella que ayer solicitó al Tribunal Oral en lo Federal que condene a cincuenta años de prisión al represor Julio Simón, alias “El Turco Julián”, por las aberrantes violaciones a los derechos humanos que cometió durante la última dictadura. “Carece de antecedentes penales, tiene tres hijos y 65 años”, enumeró como atenuantes el fiscal Raúl Perotti, provocando las risas de un auditorio que enmudeció cuando segundos después propuso sólo veinticuatro años y medio de condena para el imputado.

La discrepancia entre la fiscalía y la querella acerca de la ley que debía aplicarse para castigar los crímenes de el Turco Julián fue, ante todo, doctrinaria. En su alegato las abogadas Varsky y Alcira Ríos, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Buscarita Roa, madre de José Poblete, una de las víctimas de Simón, tomaron la normativa actual para este tipo de crímenes, ya que, por tratarse la privación ilegal de la libertad de un delito permanente o continuo, es decir que se sigue cometiendo, debe aplicarse la ley vigente al momento de la sentencia. Planteo coherente con el que resolvió la Corte Suprema al anular las leyes de punto final y obediencia debida. En cambio, el pedido de Perotti tomó en cuenta la ley vigente al momento de los hechos, por lo que cabe la posibilidad de que el imputado cumpla su condena, si vive más de 90 años.

Pese a la diferencia en sus criterios jurídicos, la querella y la fiscalía coincidieron en que el Turco Julián tenía que ser condenado por “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años”, en referencia a la hija de José Poblete y Mercedes Hlaczik, por “innumerables torturas” y por la privación ilegal de la libertad del matrimonio en 1978. Ante la imposibilidad de contar con “pruebas diversas”, Varsky subrayó que “los numerosos testimonios son de importancia para el caso”, ya que demostraron ser coherentes entre ellos y con otros legajos, entre los que recordó los de la Conadep.

Durante las siete jornadas que precedieron a los alegatos, dos docenas de sobrevivientes demostraron la “responsabilidad concreta e indiscutida”, dijo Varsky, del accionar del imputado dentro y fuera del campo clandestino de detención El Olimpo. La querellante detalló en forma de glosario los testimonios de los ex detenidos, familiares y amigos del matrimonio que declararon durante el juicio. “No puede alegar cumplimiento de órdenes”, señaló Varsky, porque el Turco Julián tenía absoluto dominio dentro del campo clandestino. El “señor de la muerte”, como lo definieron algunos sobrevivientes, “estaba habilitado –aseguró Varsky– para torturar y matar sin dar explicaciones a nadie”. La abogada Ríos parafraseó a los testigos para llegar a la misma conclusión: “Simón decía que era la casa de Dios y ellos eran los dioses”.

“Fue elegido por sus superiores porque su pensamiento y personalidad eran idénticos a las órdenes que recibía”, afirmó el fiscal Pero-tti, quien coincidió con la querella en que el Turco Julián actuaba como “el dueño del Olimpo”, recibía a sus jefes, salía, hacía operativos, interrogaba y “tenía poder de mando”. Perotti necesitó más de una hora para narrar “los más aberrantes actos de crueldad física y psíquica” que cometía el imputado, “temido hasta por sus propios compañeros represores”. El fiscal aludió además a su “sadismo” como uno de los agravantes en su pedido de pena, al igual que la “falta de arrepentimiento”, “la pluralidad delictiva” y el “desprecio a la vida en sociedad”. Tras los alegatos, el camarista Luis Di Renzi indicó un cuarto intermedio hasta mañana, cuando sea el turno del alegato de la defensa.

Informe: Emilio Ruchansky