“Ya estaba todo decidido, la dirección del Hospital Lagomaggiore había firmado el consentimiento, nos hicieron ir hasta allá y cuando llegamos, esta mañana, salen con que se había suspendido todo porque habían presentado un recurso de amparo. Es indignante. No puede ser que jueguen así con la gente”, contó ayer Ana Rosa Gazzoli, madre de la joven de 25 años, violada y con discapacidad mental, cuyo aborto quedó en suspenso en Mendoza.

“Recurrimos a la Justicia para hacer las cosas bien pero encontramos trabas –se lamentó–. Yo no entiendo esto de la gente en la calle diciendo que defienden la vida. No saben lo que dicen, ni saben lo que pasa.”

Según destacó la señora, “queríamos hacer las cosas por la vía legal para que se puedan hacer bien las pruebas de ADN y encontrar al culpable de la violación, para que esto no vuelva a pasarle ni a mi hija ni a otras en la misma situación. Si no hacemos esto, ese hombre va a volver a violar, y yo no quiero que a otra chica le pase lo mismo que a mi hija. Pero, si no puedo hacer las cosas legalmente, no voy a poder descubrir quién fue. No puede ser que estén amparando a un violador”.

La madre de la joven también señaló que “en el Hospital Militar no me apoyaron en ningún momento. Yo pensaba que, por ser el hospital nuestro de toda la vida, nos iban a apoyar un poquito más, pero ni siquiera me contestaron”.

La señora recordó que “todo empezó cuando mi hija tuvo un atraso menstrual y la acompañé a que la examinaran en el Hospital Militar. Pensé que podía tener un quiste o algún otro problema, lo que menos sospeché fue que estuviera embarazada. La atendió mi ginecóloga, yo le tengo confianza de muchos años a esta doctora. Le expliqué la situación, la doctora pidió una ecografía de urgencia y se diagnosticó el embarazo. Esto fue el 7 de este mes. El 8, hice la denuncia penal”.

“Ahora, ya no tenemos mucho tiempo; estamos en el límite para interrumpir el embarazo; después, puede haber riesgos”, se angustió Ana Rosa Gazzoli.