La Justicia federal confirmó el cierre de la causa penal contra el presidente del Banco Central de la República Argentina. Un ex secretario privado y amigo personal de Martín Redrado lo había denunciado en marzo de 2002 por el cobro y pago de sobresueldos durante su mandato frente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La Cámara en lo Criminal Federal confirmó ahora el cierre de la causa, ordenado por Rodolfo Canicoba Corral en primera instancia, aunque no desestimó el fondo de la cuestión: recomendó que se profundice la investigación de quienes dispusieron durante el gobierno de Carlos Menem de “la ilegítima utilización de partidas”.

La causa comenzó con la denuncia de Adrián de Santis, un secretario privado de Redrado de los años ‘90 que luego de distanciarse dijo que su ex jefe recibía fondos secretos para pagar, entre otras cosas, la cuota del Jockey Club. El último 26 de noviembre el juez federal Canicoba Corral desestimó la denuncia con el cierre de la causa. Para Canicoba Corral “no se acreditó el uso de fondos reservados, tampoco el uso de fondos de otro origen”.

El fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones plantea un cambio de eje en la resolución. Como surge de los listados aportados por De Santis, sostuvo la Cámara, Redrado “estableció un criterio fijo de distribución (de los fondos) que plasmó en planillas mensuales de complementos salariales” y “devolvía al Ministerio de Economía el remanente de las partidas al final de los períodos”, agregaron los camaristas. Y respecto de los retiros personales, “en ningún caso aparece excediendo la finalidad compensatoria bajo la que se enmarcó el sistema” de remisión de fondos para “nivelar” salarios.

Por esas razones, el Tribunal confirmó el cierre del expediente pero pidió que se amplíe la investigación sobre los que dispusieron “la ilegítima utilización de las partidas”. Para la Sala, Redrado no sabía si el dinero provenía de una fuente ilegítima, “lo que debe analizarse –destacaron– es si en la aplicación concreta de los fondos se abusó o excedió en las facultades, ingresando su conducta en alguna hipótesis, ya sea una sustracción, desvío o administración fraudulenta de fondos”.

En ese sentido, el tribunal remarcó que, según registros aportados por el denunciante, con esos fondos se atendían gastos que “hacían al funcionamiento” de la CNV. El criterio es distinto del que siguió oportunamente el juez Jorge Ballestero con la denuncia al ex ministro de Defensa Oscar Camilión. Ballestero lo procesó por presunta administración fraudulenta y peculado e investiga la responsabilidad “tanto de quienes dispusieron ilegítimamente de las partidas presupuestarias como de quienes se aprovecharon de la informalidad que rodeó el sistema”.