Tras haber insistido varias veces en los últimos días en asignarle razones “ideológicas y políticas” al paro que llevan adelante la mayoría de las organizaciones del agro, el Gobierno decidió jugar en el mismo terreno: respondió con un discurso, en boca de la ministra de Economía, de fuerte tono político, caracterizando la protesta como un ataque a toda la población. “Quieren aumentar el precio del pan, la harina y la carne, ese es el motivo real del paro”, fue la consigna que blandió Felisa Miceli al abrir y cerrar una suerte de conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, que más que eso fue una exposición con poco espacio para las preguntas de la prensa. Con tono igualmente severo frente a los ruralistas en conflicto, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que el Gobierno garantizará la libre circulación por las rutas. “No habrá cortes –expresó–, no podemos permitir que mientras haya vocación de entrega de hacienda (al mercado), alguien decida que no”, aunque aclaró que el Gobierno no utilizará la represión para lograrlo. Acusó a la dirigencia rural de “actitudes pendencieras” como, según refirió, ocurrió en General Villegas (oeste de Buenos Aires), donde un camión con hacienda proveniente de La Pampa habría sido interceptado por dos camionetas.

La segunda jornada de paro quedó dominada, desde el inicio, por el ingreso a Liniers de una oferta cuyo origen principal fueron establecimientos de las Fuerzas Armadas. Con un ingreso de 1922 cabezas y escasa demanda, el mercado concentrador exhibió escasa actividad pero sin sobresaltos en los precios. Felisa Miceli destacó que, pese a la inactividad, “hoy (por ayer) se faenaron 65 mil animales en todo el país, un nivel record para un día lunes”. El Gobierno había restado en los días previos interés a las cifras de Liniers. Sin embargo, convirtió a las Fuerzas Armadas en ganaderos para que ni en ese ámbito apareciera un dato desfavorable.

Con rostro adusto, Miceli cuestionó y refutó los argumentos de los ruralistas, particularmente los de los dirigentes de CRA y Carbap, y prácticamente no dejó espacio para una reapertura del diálogo en lo inmediato. “Es difícil coincidir con dirigentes que dicen defender a los productores pero que, en realidad, por detrás hay otras cosas”, remató.

Miceli se mostró molesta por la duración del paro, de nueve días, el más duro “de los últimos veinte años”, según ella mismo recordó, lamentando que la misma dirigencia tuviera una actitud complaciente con otros gobiernos que fueron más dañinos para el sector. “No movieron un dedo cuando se cerraban los establecimientos y aplaudían a los que llevaron el país a la ruina”, sostuvo la ministra, tras recordar que entre 1990 y 2002 desaparecieron más de cien mil pequeños y medianos productores.

Permanentemente, en su discurso Miceli intentó enfrentar los intereses de esta dirigencia rural y los de la población. Comparó los ingresos medios del sector con los que reciben, como media, los jubilados y pensionados. Destacó que un productor con una explotación de cinco mil hectáreas dedicada a la soja recibe una rentabilidad mensual de 437 mil pesos, mientras que sembrando la misma extensión con maíz llega a los 554 mil pesos. Y contrastó esas cifras con el ingreso medio de 584 pesos para jubilados y pensionados y con los 670 pesos que recibe, dijo, en promedio, un trabajador asalariado.

Obviamente, la comparación también arroja resultados en favor del productor cuando toma como referencia a los productores pequeños (300 a 500 hectáreas), a los que le atribuyó ingresos promedio mensuales de 10.700 pesos en casos de cosechar soja y de 13.000 cuando se trata de maíz, e incluso a los minifundistas (100 hectáreas), con ingresos de 6350 y 7500 pesos mensuales, respectivamente.

“En un país en el que todavía el 30 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza, no podemos permitir que estos sectores se vean amenazados con ensombrecer más su situación, mediante el encarecimiento de los productos que constituyen sus consumos básicos”, completó el concepto Felisa Miceli.

Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, había manifestado horas antes que “antes que plantear discusiones sobre el precio de los alimentos de primera necesidad, hay que dar un debate en serio para elevar los sueldos de la sociedad” en general. El dirigente manifestó que “no está en riesgo el abastecimiento de carne, eso es demonizar a los productores. Se está engañando a la sociedad y no hay motivo para que aumenten los precios de la carne”. En este último aspecto, Miceli también afirmó que el abastecimiento estaría asegurado, pese a la extensión del paro.

La ministra también dedicó un capítulo de su intervención a poner en claro los beneficios que recibe el sector agropecuario por transferencias varias desde las arcas oficiales. Aseguró que por subsidios al gasoil (los productores lo pagan más barato que el precio al que se vende en surtidor) el Estado eroga anualmente 7000 millones de pesos, mientras que por sostener el tipo de cambio alto (principal referencia de ingreso para los exportadores) el Banco Central invierte en comprar divisas 6000 millones de pesos por año.

Convencido, o queriendo convencer, de que los productores no tienen motivo alguno para protestar desde los datos de su economía, el Gobierno demonizó el paro cual si fuera una maniobra pura de campaña de la oposición. Con los puentes rotos para el diálogo, decidió apostar al desgaste de la medida y al descrédito de la dirigencia rural frente al público. A este último estuvo dirigido el mensaje.