Más allá de lo que acusan las estadísticas macro sobre costos y precios de venta, sobran datos empíricos de la bonanza del campo. Basta hacer un recorrido por inmobiliarias de ciudades como San Francisco, en el este cordobés y pleno corazón de la pampa agropecuaria, para constatar un extraordinario boom, que en el último semestre casi duplicó el valor en dólares de las propiedades. “Es por la cosecha”, interpretan los vendedores de inmuebles. Los productores de soja, trigo o vacas, sin embargo, tienen un discurso ajeno a esas pruebas de prosperidad y casi apocalíptico respecto del futuro: la ganadería, alertan, va a terminar extinguiéndose por la presunta inoperancia oficial.

Todo indica que entre las bases promotoras de este paro y el Gobierno hay un malentendido sustancial. Los funcionarios defienden las intervenciones oficiales como los límites a las exportaciones o los precios de referencia en la necesidad de garantizar alimentos a precio accesible para los consumidores argentinos. Adicionalmente, argumentan que ninguna de esas medidas hace mella en la sustanciosa rentabilidad que tiene el campo, defendida desde la Rosada con un tipo de cambio competitivo y el gasoil subsidiado. Sin embargo, ni aquellos topes son necesarios ni esas prerrogativas resultan suficientes para los malhumorados productores, que fundan el lock out en varias ideas fuerza:

- “¿Por qué nosotros tenemos que subsidiar el bife de lomo que comen los pobres?”, dispara con sinceridad Juan Carlos, propietario de una importante unidad productiva en las afueras de aquella localidad. Los hombres de campo están convencidos de que a través de las retenciones el aporte social del sector está plenamente cubierto y que cualquier intervención oficial en desmedro de los precios del rubro es injusta. Desde la lógica pura del negocio la molestia es comprensible: ¿por qué ganar menos si se puede ganar más?

- Otro argumento, menos irritante para el sentir popular pero incómodo para los oídos gubernamentales es que, bien sea por intención o impericia, la política oficial termina llevando agua al molino de los grandes en detrimento de los productores. Los límites para exportar favorecieron a los frigoríficos, que aprovecharon la baja en Liniers para stockear y exportar luego con el buen precio del mercado externo, donde en los tres primeros trimestres del año la carne subió más de un 60 por ciento. Algo parecido ocurriría con el trigo que las grandes cerealeras venden afuera a un valor superior al que el Gobierno pretende mantener internamente para la molienda, con el fin de frenar la suba del pan.

- A esas molestias operativas se suma otra que atraviesa el vidrioso vínculo con el Gobierno: los productores sienten que no hay un proyecto oficial para el agro que sirva como base de discusión y que ni siquiera tienen un interlocutor claro. Es cierto que la política oficial está hoy básicamente inspirada en el objetivo coyuntural de contener los precios, lo que consagra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, como la voz autorizada, más allá del secretario del área, Miguel Campos.

Un gran misterio no develado es cómo ve el Gobierno a los ruralistas, juicio neurálgico en el diseño de una estrategia hacia el sector. Moreno los sospecha de evasores y Néstor Kirchner los denosta tratándolos de “oligarcas”. Pero sectores técnicos del Gobierno los reivindican por haber aprovechado el 1 a 1 para invertir en tecnología y hacer “el campo más competitivo del mundo”.

Otra incógnita es si la advertencia de que en muchos productores cunde el desaliento va más allá de una amenaza patronal. En el caso de la ganadería, ese desánimo la confinaría a zonas marginales (tal como hizo el boom sojero), con las nocivas consecuencias: bajo índice de preñez y de parición, en definitiva, derrape de la productividad. Hay datos que apuntalan esa eventual marginación, empezando porque el parque ganadero está estancado desde hace años.