El conjuez cordobés Diego Estévez salió a defender su decisión de absolver a seis militares acusados de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995. “He hecho justicia”, dijo al repasar el fallo que firmó el martes, con la teoría de que la explosión fue un accidente. “Me parece increíble lo que estamos viviendo”, replicó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Mientras tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, se preparan para presentar sus apelaciones el lunes. Ambos siempre sostuvieron que el estallido fue un atentado destinado a disimular un faltante de armas del Ejército ilegalmente exportados a Croacia.

La resolución de Estévez, que dejó libre de culpa a seis ex directivos de la planta y de Fabricaciones Militares, generó una gran desazón entre los pobladores de Río Tercero, una ciudad que sufrió importantes daños por la explosión, que causó siete muertos. El lunes habrá un asamblea pública “para analizar lo ocurrido” y “los pasos a seguir”. El anuncio lo hizo el propio intendente Luis Brower de Koning. “Hay mucha indignación e impotencia en Río Tercero y fundamentalmente en todos aquellos que fueron víctimas de todo esto que ocurrió”, dijo.

Estévez es un abogado que fue nombrado subrogante en el caso después de que otros tres se excusaron. En realidad, no es experto en derecho penal sino en derecho civil. Estuvo ligado a la UCeDé y, por esas cosas de la vida, tiene una hija que se llama María Julia y un hermano que se llama Alvaro. Con ellos comparte un estudio jurídico familiar en Río Cuarto con clientes de perfil socioeconómico alto.

“No existen dudas de que los seis militares imputados no son responsables, por lo que he hecho justicia en el momento de que no existían pruebas para tal imputación”, dijo ayer Estévez en declaraciones radiales. En su fallo favoreció a Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edelberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva. El juez, además, resolvió que no citará a indagatoria a Miguel Coquet, otro militar que para el fiscal debía estar imputado. La resolución desacreditaba la pericia química, que reveló que la explosión no fue accidental, y la contable, que determinó un faltante de 20 mil proyectiles.

“Como ciudadano argentino yo seguí muy de cerca el tema de Río Tercero y conozco algunas pericias y me parece increíble lo que estamos viviendo”, lamentó el ministro Fernández al ser consultado sobre los sobreseimientos. Pero “como funcionario no tengo que hablar del tema”, se frenó.

El fiscal Stornelli siempre planteó que hubo un atentado destinado a borrar los rastros de la venta ilegal de armas a Croacia. Todo apunta a que en la fábrica de Río Tercero se borraban los escudos e identificaciones del Ejército que tenía el armamento destinado al contrabando. El abogado Ricardo Monner Sans, copatrocinante de Gritti, dijo que no descartan llegar a los tribunales internacionales.