[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El próximo jueves en La Plata comenzará un juicio oral en busca de una condena para el ex capellán de la policía Christian von Wernich, acusado de siete homicidios calificados y 45 secuestros durante la última dictadura militar. Cuando actuaba como representante del Ministerio Público en el Juicio por la Verdad, el fiscal Félix Crous realizó la denuncia que dio origen a la causa. Ahora estará en el proceso como cabeza de la Unidad de Asistencia a los Juicios sobre el Terrorismo de Estado de la Procuración. “Los cuadros que Bendini bajó del Colegio Militar no bajaron de muchas cámaras federales”, señala para explicar por qué, hasta el momento, sólo hay dos represores condenados, por qué ninguno de ellos es militar y por qué muchos procesos siguen trabados. Una crítica al Poder Judicial desde adentro.

–¿Qué pasó después de la crítica del Presidente a la Cámara de Casación?

–Hubo una avalancha de resoluciones que dan la pauta de que había cosas que estaban en condiciones de ser resueltas. Pero hay algunos temas que todavía no se resolvieron, y que implican obstáculos. Tenemos información de que se ha reforzado el personal y objetivamente se han resuelto una cantidad de incidentes, aunque verdaderamente no hay ningún planteo complejo que no tenga ya una respuesta de la Corte, después del fallo (de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el caso de Julio) Simón. Esto que está pasando es una realidad que está anunciada desde enero de 2004, cuando los abogados de los acusados hicieron los primeros planteos sobre la sala de la Cámara de Casación que debía intervenir en la causa ESMA; desde entonces uno podía pronosticar cuál iba a ser la suerte de los procedimientos. Lo que ha sucedido es una desatención de años que ha generado este atraso, la estrategia fue exitosa.

–¿Cómo fue esa estrategia?

–Resolvieron incidentes (de excarcelaciones) que no son técnicamente cuestionables, porque se generaron condiciones de injusticia por la demora en la resolución de los casos. Frente a algunos incidentes de libertad, uno no puede hacer cuestionamientos de un desacuerdo radical más allá de las sorprendentes conversiones al liberalismo penal. Pero sí puede cuestionar que las condiciones de demora de las causas producidas por estos incidentes sin resolución producen una extensión de la detención preventiva sin juicio que lleva a dictar estas resoluciones “liberales”. Esto es, condiciones de injusticia sustantiva por omisiones, por demoras, dosis homeopáticas de injusticia para generar fallos justos, de libertad.

–¿Las trabas son del sistema o algunos jueces lo hacen a propósito?

–Yo pregunto, ¿por qué razón los tribunales orales de La Plata hacen juicios y los de Capital, no? Es que tienen distintos criterios para la evaluación de las nulidades y eso genera que las causas sean juzgadas en distintos momentos. Pero también se han preocupado más, seguramente, de la adquisición de los recursos del personal. Esto tendrá que ver con imprevisiones, o con distintos grados de interés para revisar los juicios. Algunos tribunales de Capital están aplicando criterios de un rigor inaudito para revisar un procedimiento de primera instancia. Y lo hacen sobre jueces muy prolijos, como la instrucción que llevó adelante el juez (Daniel) Rafecas. Las instrucciones pueden tener deficiencias, matices, pero esto es natural, es propio del proceso. Pero la revisión genera grandes atrasos.

–¿Cómo es la situación en el interior del país?

–El interior es un territorio ajeno y distinto que merece un capítulo aparte. Lo de Capital es una tendencia fuertemente insinuada, todavía no tenemos todos tribunales involucrados en esto, de manera que podemos hablar de dos. El tribunal Nº 5 tiene una actitud muy reactiva con el uso de las nulidades, el tribunal Nº 6 dictó una declaración sorpresiva de incompetencia por conexidad en un caso muy grave que anuncia un horizonte de lucha burocrática pueril, de lo más pedestre que uno se pueda imaginar. Creo que estamos empezando a revertir eso, aunque tengo fama de pesimista.

–¿Cuál es su evaluación de las críticas que hizo Kirchner a los jueces de Casación? Muchos le recriminaron haberse inmiscuido en otro poder.

–La fisión del átomo se produce bombardeándolo desde afuera. Los mecanismos internos como las fuerzas procesales o institucionales, por decirlo de algún modo, son estériles para producir estos cambios. Estériles porque comparten esa decisión de los tribunales. Ni nuestros planteos ni nuestras presentaciones hubieran tenido la fuerza que tuvieron sin esa voz pública.

–¿Y qué pasa con ese reclamo de mesura que le hicieron a Kirchner?

–A mí me simpatizan mucho las palabras del Presidente diciendo estas cosas. Además, porque creo que son verdad y creo que son moderadas. Además, el Poder Judicial no es un poder que esté indemne a la crítica, a la palabra pública. Se presenta a sí mismo como una estela monárquica a la que no se puede criticar. Y lo peor es que eso está instalado en el imaginario: creo que hasta que no hagamos foco en uno por uno del Poder Judicial no nos explicamos qué está sucediendo. La democracia generó ingreso de personas saludables que no tuvieron suficiente poder o autoridad para modificar el sistema. Quiero decir (el ex presidente de la Cámara de Casación, Alfredo) Bisordi no puede decir que (la sobreviviente de la ESMA) Graciela Daleo y (el abogado) Rodolfo Yansón son “delincuentes terroristas” y no ser repelido por sus pares. Es incomprensible. La Asociación de Magistrados, que salió histéricamente a ponerse loca por las palabras del Presidente nunca preguntó cuántos hábeas corpus no admitieron sus asociados. Lo que digo es que los actos simbólicos que otros poderes reales han hecho con sectores profundamente involucrados en la represión, como el Ejército, no los ha hecho la Justicia. (El general Roberto) Bendini, bajando el cuadro de Videla es un símbolo poderoso y claramente pedagógico para las futuras generaciones de cadetes, soldados, oficiales. La pedagogía del Poder Judicial no es ésa, vos entrás a cualquier cámara judicial y en el ’76 no sucedió nada, en el ’83 tampoco, todos son magistrados. Aparece el Poder Judicial como una instancia metapolítica.

–¿No es la Corte la que debería hacer algo?

–Es una buena idea, suponiendo que no participe de esto, de que somos todos de la misma familia porque todos hemos sido educados en ese ámbito, y para pertenecer hay que responder a los rituales. La verdad es que con los juicios todavía no empezamos, y sin minimizar el trabajo hecho. Hay dos condenados, un lumpen como el Turco Julián, un carnicero al que no le dirige la palabra ni su familia, un marginal que era el dueño de la vida y de la muerte. Y un asesino despiadado como (Miguel) Etchecolatz, un comisario de la Bonaerense, de la anteúltima categoría de las fuerzas de seguridad del universo.

–¿Por qué no hay nadie de las Fuerzas Armadas?

–Qué buena pregunta. El día que tengamos la condena de un marino, o de un arma que no sea la Infantería, a lo mejor avanzamos.

–¿Cuál es la traba que impide mandar a las cárceles comunes a los represores detenidos?

–No hay ninguna traba.

–¿Por qué no ocurre?

–Porque no quieren hacerlo.

–¿Quiénes? ¿Los jueces?

–Sí. Pero yo creo que el Poder Ejecutivo tiene facultades sobradas para no recibirlos, para tomar un transporte de las Fuerzas Armadas y llenarlo con los 200 presos que tiene y ponerlos en la plaza de estacionamiento de Comodoro Py y decir: “Son suyos”. Está prohibido expresamente por la ley que no estén presos en cárceles comunes, está prohibido para los jueces y está prohibido para el Poder Ejecutivo. El problema es que los jueces no califican a los militares como ciudadanos iguales a los que agarran con dos kilos de cocaína, es la verdad.

–¿Siente que hay gente que los protege?

–El Poder Judicial, primero. Deliberada o inconscientemente. Cuando alguien le concede la excarcelación a un oficial superior y dice que sus condiciones personales son un elemento a tener en cuenta para presumir que no se escapará, está diciendo en su escala de valoración social que es una persona que tiene créditos que parecen neutralizar la conducta que se le imputa, aunque venga un procesamiento firme. Es la imposibilidad de mandar a las prisiones a los militares, frente a la imposibilidad de hacer cumplir el hábeas corpus colectivo de la Corte (sobre la liberación de los presos sin condena). Esto es, cómo el derecho es impresionantemente fértil para garantizar alguna cosa cuando se trata de un sector social y estéril para producir resultados cuando es otro sector social. Las Fuerzas Armadas siguen siendo parte de las estructuras de poder de este país. Y el Poder Judicial también.