Vive con fuerte custodia, en un país en el que doce horas por día hay corte de luz. Paradójicamente, éste no es un problema para la mayoría de la población local: apenas el 10 por ciento tiene electricidad. Desde hace dos años, la jurista argentina Inés Mónica Weinberg está radicada en Arusha, capital de Tanzania, donde integra el tribunal penal internacional que juzga el exterminio en Ruanda, ocurrido entre abril y julio de 1994. Ya fueron condenados 25 altos jerarcas de la mayoría hutu, responsable de las matanzas, pero están pendientes todavía una veintena de procesos. Wainberg tiene a su cargo el juicio contra un famoso compositor y cantante –“el Michael Jackson de Ruanda”, dice– acusado de incitación al odio étnico a través de las letras de sus canciones, entre otros graves cargos. De paso por Buenos Aires, la jueza contó a Página/12 su experiencia en el juzgamiento de un genocidio en un país tan ajeno y distante de la Argentina, en Africa del Este.

El día que llegó a su actual casa en Arusha, el guardia de seguridad designado para custodiar la vivienda le dijo: “Permítame que la mire: es la primera vez que veo a una mujer blanca”. Su cotidianidad, desde el momento en que arribó a Africa, está repleta de contrastes como éste.

Wainberg tiene 57 años, está casada y tiene un hijo de 18 años. Está instalada en Tanzania desde hace dos años. Su anterior destino estuvo en el corazón de Europa: por dos años integró el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzgó el genocidio en la ex Yugoslavia.

Esta jueza, que luego de un paso por la Justicia Federal se especializó en derechos humanos, es también profesora de Derecho Internacional Privado de la UBA. Pero ahora, como magistrada permanente del tribunal multicultural de Arusha, tiene la responsabilidad de juzgar el exterminio ocurrido en Ruanda en 1994. Fue designada en el cargo por la asamblea de la Naciones Unidas en enero de 2003. Su mandato acaba de ser prorrogado hasta 2008.

Durante la masacre de Ruanda, en un brevísimo tiempo –apenas tres meses–- fueron asesinados por milicias, soldados y civiles entre 600 mil y un millón de personas, muchas de ellas mujeres y niños, pertenecientes a la minoría tutsi –enfrentados por una histórica rivalidad– y también a los hutus más moderados.

La distancia con su vida porteña es extrema. En Arusha una persona blanca no puede pasar inadvertida. Toda la población es de raza negra. Hay tres o cuatro calles asfaltadas nada más, que recién dejaron de ser de tierra con la llegada del Tribunal Internacional. A su casa tiene que ir en una camioneta 4 x 4 porque los caminos son difíciles de transitar. Durante el último año han tenido casi doce horas por día de corte de luz: por la sequía hubo inconvenientes en la generación hidroeléctrica. Pero el problema afecta a una mínima parte de la población de Tanzania, explica: sólo el 10 por ciento tiene electricidad. A los jueces del tribunal –en total son nueve permanentes y otros nueve temporarios– les instalaron un generador eléctrico en el barrio donde viven y que comparten con comerciantes hindúes. El ruido del aparato, describe Wainberg, es ensordecedor. Pero al menos no se quedan a oscuras. Durante el día un guardia de seguridad custodia su casa. Durante la noche, la vigilan dos policías armados.

En la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires –donde está con licencia, pero le guardan su despacho intacto–, Wainberg recibe a Página/12. Vino por algunos días para visitar a su familia.

–Por un lado, extraño no tener a mi familia y a mis amigos cerca. Pero por el otro, cuando después de escuchar los relatos cruentos en las audiencias llego a la noche a mi casa pienso que es bastante bueno poder estar sola y no tener que hablar con nadie –comenta.

Luce un tailleur en tonos verdes de saco y pollera. En Arusha usa habitualmente pantalón. “Mis polleras son demasiado cortas para las costumbres locales. Allá las mujeres no se visten, se tapan, desde nuestro punto de vista occidental”, comenta. Si se le ocurre ir al cine tiene que hacer un viaje de seis horas a Nairobi, capital de la República de Kenia, y cumplir los trámites aduaneros para cruzar la frontera.

Volver a Arusha desde Buenos Aires le llevará tres días, haciendo escala en París y en Amsterdam, de donde sale un vuelo directo al aeropuerto de Kilimanjaro, muy cerca de la montaña del mismo nombre, la más alta de Africa.

El tribunal que juzga el genocidio de Ruanda se conformó hace 12 años, pero los primeros cuatro estuvieron dedicados a construir las salas de audiencia y a proveerlo de la infraestructura necesaria como líneas de teléfono y acceso a Internet. “Ya han sido condenadas 25 personas, la mayoría recibió cadena perpetua, y quedan pendientes otros tantos juicios. La idea fue juzgar a los jerarcas más importantes. En las cárceles de Ruanda hay miles de detenidos acusados por genocidio y cada tanto abren las cárceles e indultan a muchos de ellos”, cuenta Wainberg. Recién ahora tribunales de Ruanda están empezando a juzgar a los imputados de participar en el exterminio de la minoría tutsi, que actualmente se encuentra nuevamente en el poder. Hay un tercer nivel de justicia: son tribunales comunitarios que funcionan como comisiones de la verdad. “El tribunal internacional fue creado originalmente a pedido de Ruanda y fuera de su territorio por cuestiones de seguridad, pero después se arrepintieron, pensaron que hubiera sido mejor que Naciones Unidas hubiera colaborado con ellos para ayudarlos a establecer una buena justicia en Ruanda a tener el tribunal internacional fuera de su país”, señala la magistrada.

–Imagino que ha escuchado relatos terribles...

–De los relatos surge que en el medio del conflicto resultaba fácil matar a quien se tuviera cerca, ya sea hombre, mujer, niño. Había un total disvalor de la vida humana. Muchas veces me pregunto si no estaban completamente embriagados para haber actuado así, pero no me parece. A matar al enemigo le decían trabajar. Después se reunían y buscaban algún comercio para saquear y poder tomar cerveza. En los relatos es recurrente esa continuidad: matar y tomar cerveza. Lo que sorprende es que son profesionales, empresarios, periodistas. Cuando me toca un caso muy difícil siempre releo a Hannah Arendt. En el caso Eichmann, lo que transmite es que uno se encuentra con personas humanas con el mismo tipo de preocupaciones que la gente normal con la que uno trata habitualmente y que de repente, en el medio de esa situación de miedo –porque lo que transmiten todos es el hecho de haber estado muy asustados–, siguen la consigna que se les da. Por un lado el miedo al otro, al que matan, pero también el miedo a no pertenecer al grupo dominante y no animarse a decir no, no hago esto.

El conflicto, recuerda Weinberg, fue desencadenado el 6 de abril de 1994 cuando fue asesinado el entonces presidente de Ruanda, mientras se dirigía en un avión de Arusha a Kigali.

–Con él viajaba el entonces presidente de Burundi, que también muere junto con otras personas más. Unos años antes se había empezado a formar el ejército de los exiliados tutsi, que habían ido a Uganda para tratar de volver a Ruanda y tomar el poder. Existía este conflicto por el poder entre los exiliados tutsi y el grupo hutu que estaba en el gobierno. Se habían firmado los llamados acuerdos de Arusha, que tenían por finalidad establecer un sistema multipartidario con representación de distintos grupos políticos y sectores geográficos, que se iba a implementar al día siguiente. Pero al ser asesinado el presidente todo cambia y el grupo duro hutu del gobierno toma el poder de la manera más brutal. A las pocas horas de haber sido asesinado el presidente es asesinada la primera ministra, que lo habría reemplazado, que no era de su partido, sino de uno más liberal. La violan y asesinan, previamente matan a los seis cascos azules belgas que la custodiaban. Los hijos logran escaparse escondidos y en pocas horas se asesina a gran cantidad de personas que podían haber puesto mayor moderación, podrían haber sido más tolerantes.

–¿De dónde viene la rivalidad entre hutus y tutsis?

–Arranca con la colonización belga. Los belgas, cuando colonizan, deciden administrar Ruanda a través de los tutsis, a los que consideran minoritarios pero más aptos para estudiar. Y a ellos les dan acceso a la educación y no a los hutus. Cuando llega la independencia, el primer gobierno es hutu. Luego, en el ’73, hay otra revolución, en la que otro grupo hutu toma el poder. Y los que estaban antes en el gobierno son encarcelados y mueren en prisión. Tampoco se tratan con mucha docilidad entre ellos. Pero hacia el ’94 era bastante insostenible mantener un gobierno sólo de hutus, que además pertenecían a una región determinada de Ruanda, la región norte. Era necesario abrir el juego y el jefe del ejército, que supuestamente iba a ser depuesto al día siguiente, no es depuesto por el asesinato del presidente. La acusación es que él con un grupo de civiles y otros militares retoman el poder una vez asesinado el presidente y durante dos meses tratan de implantar un régimen por la fuerza, asesinando entre 600 mil y un millón de personas. Hombres, mujeres y niños murieron por igual, pero entre los acusados sólo tenemos una mujer.

–¿Cómo digiere los relatos de las matanzas?

–No creo que se puedan digerir. Todos los acusados, en un francés perfecto, se expresan sumamente bien cuando hablan, los testigos también. Lo que asusta es que un genocidio puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento si se va sembrando el odio. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia, que también es difícil de digerir: cómo pudo ocurrir en la Argentina semejante crueldad. Un aspecto que me impacta mucho es el testimonio sobre las violaciones a las mujeres, donde claramente se ve que se utilizaron como un arma más del conflicto, con una forma adicional de herir a las mujeres.

Para la jueza, los tribunales internacionales como el que integra en Arusha o el que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia no son modelos que se deben seguir salvo “en casos extremos”. “Nunca es conveniente juzgar estos crímenes fuera del territorio donde se cometieron los hechos. Son tribunales demasiado alejados. Aunque transmitamos por Internet las audiencias, no se tiene esa inmediatez. Es más útil que sean jueces del mismo país los que juzguen antes que sea una justicia impuesta de afuera, que es lo que nosotros hacemos. Aunque es mejor esto que nada”, opina Weinberg.

En Arusha la espera el proceso contra el compositor e intérprete de Ruanda Simon Bikindi, por cargos de genocidio e incitación al odio étnico. El cantante, muy popular en su país, también enfrenta acusaciones de conspiración de genocidio y crímenes contra la humanidad en forma de asesinato y persecución. Bikindi, de 51 años, era miembro del Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, de ideología extremista hutu. Según las alegaciones del fiscal del Tribunal, las canciones de Bikindi se difundían con insistencia en la emisora extremista Radio Televisión Mil Colinas e instaban a la población a hostilizar a la minoría tutsi. Además, se lo acusa de haber consultado las letras de sus temas musicales con el gobierno. El mismo tribunal internacional ya condenó por genocidio a los dirigentes de la cadena radiofónica que transmitía las canciones de Bikindi, conocida como “radio del odio”. La música del cantante está prohibida en Ruanda desde el genocidio de 1994. El cantante fue detenido en julio de 2001 en Holanda, donde vivía como refugiado.

–¿En qué idioma declaran los testigos?

–Hablan la lengua oficial, ruandés, o en francés. Todo el proceso judicial es traducido en forma simultánea a los tres idiomas, incluido el inglés, lo cual hace que el procedimiento sea muy lento.

–Las mujeres en Ruanda han tenido un papel importante en la reconstrucción del país. ¿Qué lugar ocupan en los puestos de decisión actualmente?

–Han tenido muchísima influencia porque con las matanzas quedó una proporción mayor de mujeres que de hombres en la población. El Parlamento de Ruanda es uno de los que tienen mayor representación de mujeres en el mundo, prácticamente hay paridad. El presidente de Ruanda ha fomentado la incorporación femenina en el poder legislativo para mejorar la imagen internacional después del genocidio.