A pocas horas del inicio del juicio contra el ex capellán Christian von Wernich, sobrevuela como un fantasma la desaparición del testigo Jorge Julio López y sus consecuencias. Y a pesar de la existencia de programas de protección de testigos en todas las jurisdicciones, aún se producen superposiciones que dejan al desamparo a sobrevivientes que están a punto dar su testimonio contra quien fuera el confesor del genocida Ramón Camps. Como el programa nacional creado para coordinar a los otros programas existentes –Verdad y Justicia– aún no está en marcha, los funcionarios deslindan la responsabilidad entre sí. De hecho, el director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia fue relevado tras una denuncia que le hizo el presidente del tribunal que juzgará a Von Wernich, Carlos Rozanski, que lo acusó de desproteger a una testigo.

Un ejemplo de este “agujero negro” ocurrió hace dos semanas, cuando una testigo del caso Von Wernich cuestionó la manera irregular que tenía de custodiarla el policía que le habían asignado: a veces estaba en su lugar de vigilancia, otras no; en ocasiones dormía adentro del auto que le asignaron o llevaba visitas al vehículo. Intervino el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata para solicitar que la mujer y su familia sean incorporadas al programa nacional que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Ungar, “a fin de garantizarle la seguridad que el Estado se comprometió a brindarle”. Según la denuncia realizada por el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, a la que tuvo acceso este diario, Ungar respondió que, dada la creación del programa Verdad y Justicia, él carecía de “competencia para intervenir en el caso”. Y agregó que “como se trata de inconvenientes en la prestación de la custodia asignada los reclamos deben canalizarse a través del Ministerio del Interior”.

El juez Rozanski recordó que la ola de atentados e intimidaciones ocurrida antes y después de la desaparición de López “permitió identificar a un grupo de la población en grave riesgo para su vida o integridad física” conformado por testigos, víctimas, defensores de los derechos humanos, abogados y funcionarios judiciales. También subrayó que el programa existente, pensado para la protección de testigos en casos vinculados al narcotráfico, había sido extendido a los protagonistas de los procesos por violaciones a los derechos humanos mediante una resolución ministerial. Y en un párrafo destacó que esa resolución “tendrá vigencia hasta tanto se instrumente la creación de un programa u organismo en el que se coordinen las actividades que en la materia presten los distintos ministerios nacionales involucrados”.

En este sentido, el magistrado enfatizó que “el cese de competencia del señor Ungar y de intervención ante el reclamo de seguridad de la señora y su familia, sólo se puede producir a partir del efectivo funcionamiento del nuevo programa creado y nunca antes”. Consultado por Página/12, Ungar manifestó que “no se dejó desamparado a nadie”, y que a los tres días del reclamo la testigo fue incorporada al programa que dirige.

De todos modos, en el Ministerio de Justicia que conduce Alberto Iribarne decidieron que Ungar pasara a revistar como número dos del programa, y pusieron al frente al conocido penalista y actual director de Política Criminal Mariano Ciaffardini. “Está claro que hasta que Sain tenga su estructura los organismos que están deben seguir recepcionando todo lo vinculado con los casos de derechos humanos”, dijo a este diario una alta fuente del ministerio. Sin embargo, la fuente destacó que el programa de Saín actuará como “coordinación” de los demás planes. El punto es que el programa Verdad y Justicia fue lanzado hace un mes y medio, pero Sain aún no sólo no tiene oficina, sino tampoco dotación de personal ni presupuesto asignado.

Tanto es así, que fuentes allegadas al coordinador de Verdad y Justicia aseguraban ayer que estaría más cerca de renunciar que de su confirmación en el cargo, en caso de persistir esta situación.

Antes de pedir que la actuación de Ungar sea investigada por la Justicia, el juez Rozanski sintetizó que “una ciudadana, querellante en un juicio donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos y que está próximo a realizarse, carece de protección integral que el Estado le debe y se comprometió a brindar porque un funcionario designado específicamente para incluirla en un programa plenamente vigente ha decidido no intervenir”.

Más allá de que la Justicia encuentre reproche en la actitud de Ungar, y de que el ministerio haya reaccionado, la mejora en la protección policial de la testigo ha sido satisfecha, incluso con el agregado de custodia ambulatoria para ella y su familia. Sin embargo, la mujer que pronto se sentará ante el tribunal que juzgará a Von Wernich sigue sintiendo miedo.

Mientras tanto, el TOF 1 aceptó los programas de asistencia ofrecidos por la ONG Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh) y el Centro de Atención de los Derechos de la Víctima de la provincia de Buenos Aires, que brindarán contención emocional y psicológica no sólo a testigos y querellantes, tal como establecen las Naciones Unidas para evitar la “revictimización”, sino también a los funcionarios judiciales “se trata de procesos en los cuales el personal y los funcionarios del Tribunal se ven sometidos a un alto grado de stress producido por la complejidad implicada en la organización de los debates, así como por el dramatismo de la propia temática que los origina”. Todo esto a la luz de la experiencia anterior que pasó ese mismo Tribunal, que juzgó el represor Miguel Etchecolatz y que tiene a uno de sus testigos aún desaparecido.