El miércoles se cumplen 13 años del atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. Las dos causas existentes, una por los delitos cometidos en la investigación y otra por el ataque en sí, avanzan de manera diferente. Luego de declaraciones del presidente Néstor Kirchner en las que aseguró “ir a fondo” en la investigación sin importar los nombres, Alejandro Slokar, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia a cargo de la Unidad AMIA, destacó que “se consagró la imprescriptibilidad” de la causa madre aunque aclara que, de todas maneras, “las expectativas no deben ser desmesuradas”. En más de un año en que se hizo cargo de la querella, Slokar advierte en relación al ex presidente Carlos Menem, su ex ministro del Interior Carlos Corach y otros funcionarios implicados, que la secretaría “ha tirado y pegado” y que “donde dirigió la imputación obtuvo el procesamiento”. Además, sostiene que el fiscal Nisman tiene “luz verde por parte de Interpol” en el pedido de captura de funcionarios iraníes acusados de haber participado del atentado que mató a 85 personas y causó cientos de heridos.

–A poco de cumplirse un nuevo aniversario del atentado, ¿cuál es el balance que realiza sobre la causa?

–En primer término, existe cierto consenso de la sociedad y de las víctimas en que hay un punto de quiebre o ruptura con respecto a gobiernos anteriores. Hasta entonces ha habido complicidad y encubrimiento en paralelo con cierto desmantelamiento del poder judicial. El gobierno nacional actual constituyó el tema AMIA como una cuestión de Estado. Sin duda, se han logrado avances trascendentes en la propia causa del atentado, también contra la impunidad y a favor de la determinación de las responsabilidades que le cupo a cada uno de los funcionarios que encubrieron el atentado. El investigador termina investigado y procesado.

–¿Cuáles fueron los resultados más importantes que obtuvo la Justicia en este tiempo?

–La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos y elevó millonarios embargos del ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy, los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex imputado Carlos Telleldín, su mujer y su abogado, entre otros. Además, la misma Cámara ordenó investigar las responsabilidades de Menem, Corach y el secretario de Seguridad Andrés Antonietti. Respecto del juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Domínguez y del comisario retirado Luis Vicat, ordenó que se profundice la investigación por coacciones agravadas. También se convocó a prestar declaración testimonial al ex gobernador Eduardo Duhalde. Por su parte, la Sala II de Casación Penal rechazó el recurso de apelación y los planteos de nulidad y prescripción interpuestos por la defensa del ex jefe de la Dirección de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal, Carlos Castañeda, confirmando la condena de cuatro años de prisión por el delito de sustracción de pruebas. Este tribunal declaró que la acción penal es imprescriptible, lo que garantiza la no impunidad, propia de lo que sucede en los juicios por violaciones de los derechos humanos.

–¿Cuáles son los fundamentos de inprescriptibilidad de la causa?

–Se fundamenta por dos vías, la primera, la causa del atentado, la causa madre en la que el juez que instruye, Rodolfo Canicoba Corral, lo declara delito de lesa humanidad. En verdad, en el fallo Canicoba no abunda en fundamentos, más allá de hacerlo en apego del Estatuto de Roma donde se determina el crimen de lesa humanidad. Se usa el texto mismo del estatuto, un ataque masivo, sistemático, contra población civil. Pero yo no conozco jueces que hayan declarado un ataque de estas características como de lesa humanidad. Esto sienta jurisprudencia a nivel internacional. La segunda vía es que el Estado nacional admite que hubo encubrimiento y en virtud de los tratados internacionales y en honor a la verdad estos delitos son imprescriptibles.

–¿Cómo justifica que el gobierno se considere “una bisagra” en la causa AMIA?

–Un ejemplo de esto es el decreto del día 10 de este mes que declara el 18 de julio día de duelo nacional pero en realidad los antecedentes hay que remontarlos a la labor de la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión de seguimiento de los dos atentados donde, casi en soledad, había defendido la tesis de que el ex juez Galeano era encubridor, que no estaba solo y que había una trama como después dirá la Cámara del Crimen de “oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Nadie había considerado el tema como significativo. En ninguna plataforma política, ni de derecha ni de izquierda, existe ninguna alusión a los atentados. Estamos presenciando una revisión del último cuarto de siglo. Miramos hacia atrás para ver el Estado terrorista y también el terrorismo internacional. Son facetas de un proceso en donde se consolida un avance de la justicia que no tiene ningún correlato con otra experiencia en el mundo, ni en países de la región. La justicia avocada al terrorismo de estado y el terrorismo internacional. Un mismo juez, Ariel Lijo, tiene a su cargo el tratamiento por vía judicial los casos de la AMIA, un ataque, no sólo como el hecho criminal más grande contra judíos fuera del Estado de Israel, sino el más grande contra el Estado Argentino, y la causa que investiga contra la cúpula del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército por privación ilegítima de la libertad de 15 militantes de la organización Montoneros.

–¿Qué se puede esperar de la Justicia a partir de ahora?

–Hoy, en términos formales, están imputados Menem, Corach y compañía, pero la causa acaba de bajar, hay que esperar un tiempo prudencial para saber cómo decodifica el juez Lijo el estado actual de la causa. Tanto Corach como Menem tienen que ser oídos en la causa. A la hora de ejercer su derecho de defensa, desde el punto de vista formal tienen que prestar declaración. Los propios coimputados han dado a conocer que Menem sabía lo del dinero entregado a Telleldín para falsear su declaración, lo que hay que ver es cómo lo conoció. Con respecto a la causa madre lo único cierto es que se están consiguiendo avances significativos desde el punto de vista de Interpol, que ha declarado la alerta roja que permitirá la aprehensión de los funcionarios y que sean extraditados por el gobierno que la conceda.

Entrevista: Sebastián Abrevaya.