Durante la dictadura, la ex jueza Emilia Marta García trabajó en la escribanía donde certificó para los represores de la ESMA los “poderes” con que los desaparecidos les transferían bajo tortura sus propiedades a marinos. Fue síndica además de una de las empresas creadas para apoderarse de otros bienes de los secuestrados. Ahora, al declarar como imputada ante la Justicia federal, la ex jueza dijo que en esos años “vivía en un estado de terror permanente” y firmaba lo que le llevaban porque los militares tenían secuestrada a su hermana.

García fue indagada por el juez Sergio Torres en el marco de la megacausa abierta sobre la ESMA. Según fuentes judiciales, sostuvo que en octubre de 1976 su hermana Graciela, militante a la que llamaban “la Negrita”, fue secuestrada. Pero pasados unos meses, reapareció en visitas periódicas a la casa familiar en compañía de un marino que se presentó como “Santiago” y en verdad era Jorge “Tigre” Acosta.

Ese marino, agregó, les dijo que Graciela “podía llegar a ser recuperable” y que la condición era que ella colaborara trabajando en la escribanía de Sosa Moliné, cosa que efectivamente hizo hasta que en 1978 su hermana recuperó la libertad.

García entraría después a la Justicia y con el paso de los años ascendió a jueza del fuero en lo contencioso administrativo. En la causa se investiga si formó parte de la estructura financiera montada por el masserismo para robar los bienes de los secuestrados en la ESMA. García fue síndica de la firma Will-ri, que crearon los represores para apoderarse de campos ubicados en la provincia de Mendoza que eran propiedad de Victorio Ceruti, Conrado Gómez y Horacio Palma, secuestrados y asesinados en la ESMA.

La ex jueza renunció a su cargo el año pasado. En 2005 había sido citada por el Consejo de la Magistratura para ser interrogada sobre su conducta.