El gobierno de Chile tomó la decisión de volver a ser parte querellante para pedir la anulación de la libertad otorgada por la Justicia argentina al ex agente de la DINA Enrique Arancibia, condenado a prisión perpetua por el asesinato del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La decisión del gobierno chileno se manifestó en la nueva contratación del penalista argentino Alejandro Carrió para que junto al abogado de la familia Prats interponga un recurso de nulidad de la libertad del ex agente de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.