Ayer se sumó una nueva empresa a la lista de clausuras preventivas, en el marco del plan de saneamiento del Riachuelo, con lo cual ya son 45 las compañías a las que se les aplicó esa medida, en lo que va del año. Pero la de ayer no fue una empresa más: la planta clausurada es la destilería de Shell CAPSA, ubicada en el Polo Petroquímico de Dock Sud, partido de Avellaneda, la zona de mayor polución en toda la cuenca del Matanza-Riachuelo. Después de trece días de inspección, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llegó a la conclusión de que la planta no sólo presenta pérdidas de combustible que contaminan el suelo, sino que utiliza sin autorización 18 millones de litros de agua del Río de la Plata por hora, el equivalente para abastecer a una ciudad de 1.100.000 habitantes. La clausura se da en el marco del conflicto judicial que el Gobierno mantiene con la petrolera por el abastecimiento de gasoil.

La clausura se llevó a cabo en un horario inusual, alrededor de las 21, Aunque estaba previsto realizarla durante la jornada de ayer, se demoró por trámites burocráticos en la Secretaría. El procedimiento se hizo en la planta ubicada en la calle Sargento Ponce 2318, que tiene unas 120 hectáreas y es la más grande del Polo Petroquímico de Dock Sud, dedicada a la destilería, refinería y depósito de petróleo y sus derivados.

En la planta clausurada trabajan unas 500 personas. Allí reciben petróleo crudo y lo transforman en hidrocarburos livianos y pesados (nafta, gasoil y pasta base de lubricantes). “El levantamiento de la clausura se hará cuando el peligro de contaminación cese”, dijo a Página/12 Raúl Vidable, director de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, quien estuvo a cargo del operativo.

El organismo, después de trece días de inspecciones, dispuso la clausura preventiva de la destilería por los siguientes motivos:

u La planta no tiene permiso para extraer, del Canal Dock Sud ni del Río de la Plata, los 18,4 millones de litros de agua que saca por hora, incumpliendo con el Código de Agua de la provincia de Buenos Aires.

Según Control Ambiental, esa cantidad de agua es la que consumiría una ciudad de 1.100.000 habitantes. La destilería utiliza el agua para los procesos de enfriamiento de sus equipos y para consumo interno. Según la Autoridades de Cuenca del Matanza-Riachuelo –que preside la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti– para semejante consumo la empresa debió solicitar un permiso a la Autoridad del Agua de la provincia, como lo marca la ley 12.257 de 1999. También debido a la cantidad “debería realizar previamente un estudio hidrogeológico y de impacto ambiental”, precisó Vidable a este diario. Tampoco tiene permiso de vuelco del agua servida. “Hemos tomado muestras que están siendo analizadas”, agregó el funcionario.

u La empresa no tiene las habilitaciones y pruebas periódicas de unos 700 aparatos sometidos a presión, de acuerdo con la resolución 231/96 de la Secretaría de Política Ambiental de la provincia.

u Se detectaron pérdidas y derrames de sustancias tóxicas, especialmente de hidrocarburos. La contaminación quedó acreditada con la toma de pruebas de suelo. “Se tomaron diez muestras, a 50 centímetros y a un metro de profundidad, y fueron analizadas por un laboratorio del Conicet. Allí se detectaron una excesiva cantidad de benceno, que es una sustancia cancerígena y aceites minerales, entre otras sustancias “, precisó el director de Control Ambiental.

u Existe una deficiente gestión de residuos especiales y peligrosos, en violación de la ley 11.720 de la provincia de Buenos Aires y la 24.051, de Residuos Peligrosos de la Nación.

La empresa quedó cerrada y los operarios sólo pueden ingresar para realizar tareas relacionadas con la solución de los problemas planteados. “La clausura se mantendrá efectiva hasta que la empresa cese la situación de peligro para el ambiente y la integridad física de los habitantes”, explicó Vidable. Es decir que la empresa deberá realizar los trámites correspondientes para utilizar el agua con permiso, para habilitar sus máquinas y para volcar sus desechos al río. El trámite puede ser rápido, pero lo que más tiempo va a llevar es la remediación de la contaminación del suelo y la elaboración de un plan eficiente para el manejo de residuos peligrosos.

Consultados sor este diario, voceros de la empresa Shell prefirieron no dar a conocer su opinión hasta tanto tomen conocimiento del acta de clausura y de los motivos que le dieron origen.

Página/12 también consultó a la secretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, quien aclaró que si bien la planta de Shell en Dock Sud “está correctamente habilitada”, puede ocurrir que “desde su habilitación haya incurrido en faltas”, que ayer fueron detectadas. La funcionaria agregó que desde que se creó el Comité de Cuenca, “la secretaría trabaja en conjunto con ese organismo tripartito, que es el que está a cargo de los controles”.

La Secretaría de Ambiente ha tomado el Polo Petroquímico de Dock Sud como el foco de mayor contaminación en la cuenca del Riachuelo. Por eso, a la vez que plantea el combate a la contaminación, propone el traslado de las empresas –en especial las que funcionan como depósitos–.

Fuentes de la Secretaría revelaron que en el lugar continúan las inspecciones a petroquímicas, en especial a Petrobras. Otras empresas que fueron clausuradas en forma preventiva son Petrorio Sea Tank, a la que se le detectaron derrames contaminantes; Meranol SACI, que tuvo que adecuar su operatoria con azufre a cielo abierto y construir un depósito adecuado para el acopio de esa sustancia.

Según informó la Secretaría de Ambiente, ya son 548 los relevamientos aplicados a empresas situadas dentro de la Cuenca Matanza-Riachuelo: se hicieron 727 inspecciones y se adoptaron 193 medidas preventivas, las que incluyen un total de 46 clausuras.

Estas clausuras involucraron a empresas petroquímicas, pero también a curtiembres, galvanoplastias y frigoríficos. Entre ellas se encuentra la empresa PetroRío SA, de Dock Sud; Macromix, de La Matanza, y Tramat, de Capital, ambas dedicadas a la galvanoplastia; los frigoríficos Liwin y Frigo Cañuelas, propiedad del empresario Alberto Samid; los depósitos Servitam y Sauer y una fábrica de envases plásticos de Pompeya. También fue clausurada la planta de la empresa Danone por deficiencias en la habilitación de los acumuladores de amoníaco.

Los operativos se realizan en el marco del Plan de Saneamiento del Riachuelo, elaborado por la Secretaría de Ambiente en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, tras la denuncia presentada por asociaciones de vecinos afectados por la contaminación y entidades ambientalistas. En el Comité de Cuenca, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación, intervienen el Ministerio de Medio Ambiente porteño y la Secretaría de Política Ambiental bonaerense.