Una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el Estado argentino y los familiares de las víctimas de la AMIA terminó con pocos avances y con muchas críticas al gobierno de Néstor Carlos Kirchner. “Si bien valoramos el apoyo en la captura de los iraníes, la causa AMIA no puede terminar ahí”, sintetizó Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, quien participó del encuentro en Washington junto su abogado Pablo Jacoby, y con los representantes del CELS, el Cejil y el Americas Jewish Committee. En noviembre, la CIDH visitará la Argentina por este tema.

El Estado argentino se comprometió ante la CIDH a imprimir celeridad a los puntos que reclaman: que se dicten los decretos para transparentar los fondos reservados de la SIDE, la digitalización de las fichas migratorias, una mayor facilidad para el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en la investigación de casos de terrorismo y que puedan ser utilizados como pruebas –lo que implica una modificación de la ley de inteligencia– y la creación de un plan de contingencia para catástrofes y de una unidad que lo coordine.

Pero principalmente lo que se reclama son avances en la causa madre de la AMIA, que investiga el atentado, y en la causa por encubrimiento que se les sigue a ex funcionarios del menemismo y de la Justicia, que plantaron pruebas falsas y desviaron la investigación hasta llevarla a un punto muerto.

“Fue una reunión muy mala... sin dudas, la peor que hemos tenido desde el inicio de este proceso. Nos parece que el Estado ha incumplido sus compromisos y vamos a reclamar una participación más activa de la CIDH”, sostuvo Malamud, quien consideró que el informe de los representantes del Estado Jorge Cardoso (Cancillería) y Andrea Gualde (Secretaría de Derechos Humanos) arrojaba como conclusión que no había habido avances.

Desde el Gobierno sostuvieron que se presentó un informe del seguimiento de las causas y que también dieron a conocer las reuniones que existieron para avanzar en cada uno de los puntos. “Hay voluntad política para avanzar, lo que pasa es que algunas cosas toman más tiempo. Es como ver la mitad medio llena o medio vacía del vaso”, sostuvo uno de los funcionarios, quien no buscó polemizar con los familiares.

En cambio, Malamud destacó “la falta de voluntad política para llevar a cabo muchos de los puntos comprometidos”. “Vamos a ver qué se puede hacer para que esto continúe en otras condiciones, si no no tiene sentido”, planteó. Por lo pronto, el presidente de la CIDH, el salvadoreño Florentín Meléndez, que es el relator para todos los casos planteados en la Argentina, se comprometió a viajar a Buenos Aires en noviembre.