Se los denomina “electores privados de libertad”. Son detenidos que se encuentran cumpliendo prisión preventiva y podrán participar de las elecciones del 28 de octubre. Distintas organizaciones no gubernamentales fueron convocadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para actuar de veedores en la votación. Los docentes que trabajan en los distintos penales realizan charlas grupales para informar a los detenidos sobre sus derechos civiles. En rigor, todos aquellos que no tengan una sentencia, figuren en el padrón y cuenten con Documento Nacional de Identidad podrán votar. Se calcula que son alrededor de 25 mil las personas en esas condiciones pero, por falta de información, padrones incompletos, o carencia de DNI, las expectativas no son las mejores y se espera que sean poco más de mil los votantes.

La ley que les permite votar fue reglamentada por el presidente Néstor Kirchner en el 2006, tres años después de su sanción en el Congreso. Antes, el Código Electoral Nacional impedía la inclusión de las personas privadas de su libertad en los padrones, situación que violaba los derechos establecidos en la Constitución Nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Desde entonces, se estima que hay 50 mil presos con prisión preventiva en todo el país. De ese número, la mitad figura en los padrones confeccionados por la Cámara Nacional Electoral.

Uno de los principales problemas para lograr un alto número de votantes es que muchos de los presos que ingresan a los penales lo hacen sin documentos. Ese es lo que ocurre en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde el 51 por ciento de los detenidos debe tramitar nuevamente su DNI. Este año, el Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior, les otorgó 800 documentos; tiene otros 570 pendientes y 1100 con el trámite iniciado. Los internos del SPF votarán en 20 unidades de 11 provincias, aunque la gran mayoría lo hará en las unidades de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, que alojan exclusivamente a procesados.

“Hay muy pocos que están en los padrones porque muchos jueces no colaboran e informan a la Cámara Electoral los presos que tienen a su disposición. No se sabe donde están alojados y no existe un registro nacional de detenidos”, dijo a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A diferencia del caso de los condenados, el problema para realizar un padrón completo está dado por la “fluctuación de la población penal”. “Entre mayo y octubre de 2006 ingresaron cuatro mil personas y egresaron 2300”, aseguraron desde la cartera de Justicia.

La designación de autoridades y la habilitación de las mesas queda a cargo de la Cámara Nacional Electoral, que confecciona el registro de Electores Privados de Libertad y también se ocupa de realizar el escrutinio. A diferencia de las elecciones generales, cuando cierren los comicios las autoridades de mesa sólo contarán el número de electores, la cantidad de sufragios y el número de boletas. El resultado que arrojen las urnas del servicio penitenciario nacional podría ser discriminado, al igual que sucede con las elecciones de los ciudadanos argentinos en el exterior.

Los veedores invitados por el Ministerio de Justicia son el CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la Fundación Poder Ciudadano.