Hasta no hace tanto, el secreto era una de las reglas de convivencia y supervivencia en la Corte Suprema. Es uno de los vicios, de hecho, que el tribunal en su nueva composición viene intentando desterrar, o eso parece. En ese rumbo, los jueces supremos firmaron ayer una acordada que pone en marcha un sistema permanente de audiencias públicas para casos de alta trascendencia. El objetivo –dice la resolución– es “poner a prueba directamente ante los ojos del país la eficacia y objetividad en la administración de justicia que realiza este tribunal”. Habrá una agenda semestral y las sesiones serán filmadas y grabadas. Era un reclamo de las organizaciones civiles.

En la práctica, la Corte ya celebró audiencias públicas en casos puntuales. Fueron, en su mayoría, demandas colectivas. Lo hizo, por ejemplo, ante un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por el desborde y las condiciones de hacinamiento en las cárceles bonaerenses. También en un megarreclamo por la contaminación del Riachuelo. En 2002, antes del recambio supremo, hubo audiencias de conciliación cuando la provincia de San Luis le exigía al Estado la devolución de 234 millones de dólares que le quedaron en el corralito. Hoy habrá una primera sesión por las condiciones de vida, salud y alimentación de los tobas del Chaco.

La acordada firmada ayer implica que este sistema de tratamiento de algunos casos –a la usanza norteamericana– pasará a formar parte de las prácticas permanentes del tribunal y tendrá reglas propias. Bastará, por empezar, que tres jueces de la Corte planteen la necesidad de audiencia pública para que se haga la convocatoria. Habrá tres tipos de audiencia. En las “informativas”, cada una de las partes tendrá 20 minutos para explicar su postura. En las “conciliatorias” se buscarán soluciones de común acuerdo. Y en las “ordenatorias” el tribunal dispondrá medidas. Los jueces pueden hacer preguntas a las partes en cualquier momento.

La resolución dice que a las audiencias podrá asistir “el público en general” e incluso las actas “serán públicas y accesibles”. El objetivo –señala– es “elevar la calidad institucional” con una medida que, además, esperan que tenga eco en otros tribunales.

La realización de audiencias públicas era uno de los reclamos que planteaba ya en 2002 el documento “Una Corte para la Democracia” realizado por varias ONG del ámbito judicial (el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, entre otros). En aquel entonces advertían que “la inexistencia de una regulación que posibilite la publicidad de las audiencias impide a la opinión pública conocer el pensamiento de los ministros y la deliberación de los ministros del tribunal entre sí o con las partes”.