En su debut electoral, los presos sin condena de todo el país coronaron con el 53 por ciento de los votos a Cristina Fernández de Kirchner. Igual que en el resultado global, Elisa Carrió quedó segunda en la elección presidencial, pero con casi 9 puntos menos que a nivel nacional: obtuvo 14,5 por ciento. El tercer puesto fue para Alberto Rodríguez Saá, con 10,5 por ciento, y el cuarto –sorpresa– para Néstor Pitrola, del Partido Obrero, que logró 8 por ciento. Según el escrutinio, que ayer a última hora estaba llegando a su fin, en las cárceles votaron cerca de 4300 detenidos, es decir, el 22 por ciento de los que estaban empadronados.

El proceso de recuento de votos de los presos empezó el viernes a primera hora en la Cámara Electoral y terminó ayer a la noche. En las cárceles la elección se hizo con un sistema similar al que se usa para los argentinos que viven en el exterior: una boleta única con una lista de todas las fórmulas presidenciales, donde había que marcar con un sello la elegida; otras dos boletas, una para diputados y otra para senadores, según lo que eligiera cada jurisdicción. Un sector del Gobierno estudiaría la posibilidad de generalizar este método para reemplazar al de boletas separadas, fuente de recurrentes denuncias.

Según los números finales, hubo 215 mesas en todo el país, donde votaron 4519 personas (510 mujeres y 4009 varones), de las cuales alrededor de 200 eran las propias autoridades. Cristina no fue la única que superó en prisión su marca nacional. Rodríguez Saá logró 10,5 por ciento entre los presos (contra su 7,71 en todo el país) y Pitrola –que figuraba primero en la lista de la boleta– obtuvo casi 7,5 puntos más que en su resultado general.

Roberto Lavagna, con 5,5 por ciento, quedó en quinto lugar, con unos pocos votos de diferencia respecto del piquetero Raúl Castells. Séptima se ubicó Vilma Ripoll, del MST, con 3,5 por ciento. Debajo de ella se posicionó Ricardo López Murphy (Recrear), con 2,70, que aún así hizo mejor elección en las cárceles que en el resto de la república. Quedó muy cerca de Pino Solanas, que entre los detenidos sin condena sacó 2,5 por ciento. Hoy se conocerá el resultado de legisladores en las unidades carcelarias.

Durante la revisión de los votos aparecieron mensajes como “Que se vayan todos” y alguna que otra foto del terrorista Osama bin Laden. Pero no fue significativa, según fuentes de la Cámara Electoral, la cantidad de votos invalidados. Hubo problemas, en cambio, con dos mesas. Una de ellas fue completamente anulada porque de los 50 presos empadronados, sólo aparecían los sufragios de 17 y nadie pudo explicar qué pasó con el resto. La diferencia era demasiado grande como para dejarla pasar, explicaron en el tribunal. En otra mesa, se dejó sin efecto la elección de diputados y senadores: coincidió que la mayoría de los presos de un mismo penal votaban legisladores con boletas de un distrito y legisladores de otro. En la Cámara sospechan que les entregaron boletas equivocadas.

El escrutinio no arroja resultados cárcel por cárcel: los votos fueron clasificados por distrito, según donde estuviera empadronado cada detenido, algo que no siempre coincide unidad en la que se aloja. Por esto, el recuento también tuvo sus aristas complejas. Cada penal enviaba a la Cámara Electoral un gran sobre de nylon blanco sellado y, adentro, dos sobres de madera. Uno tenía documentación de la mesa y el otro las boletas. El primer paso fue verificar que los papeles estuvieran bien y que coincidiera la cantidad de votantes con las boletas. Recién ayer se contó voto por voto, en una clasificación por partidos y por provincia.

El domingo de las elecciones, Página/12 estuvo en la cárcel de Ezeiza, donde tres de los presos comentaron que votaban a los candidatos que, a su entender, podrían ayudarlos a mejorar su situación penal (a través de leyes, por ejemplo). Se quejaron, además, porque los partidos políticos no les acercaron información sobre sus propuestas. El voto de los presos fue impulsado en una demanda judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales en 1998 y tuvo un fallo favorable de la Corte Suprema en 2002. Recién el año pasado, tras insistencias de la secretaría de Política Criminal, se llegó a reglamentarlo.