El motín en el que se desató el incendio que, según la Justicia, provocó la muerte de 33 internos, en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero, se inició durante una protesta por el recorte del horario de visitas y porque las mujeres fueron desnudadas y maltratadas durante la requisa de ingreso, según informaron los familiares de los presos, organismos de derechos humanos, el secretario de DD.HH. del obispado de Santiago, Sergio Lamberti, y todas las denuncias y antecedentes previos con que contaban las autoridades. Anoche, sin embargo, el ministro de Justicia santiagueño, Ricardo Daives, insistía en que el motín de había iniciado tras un intento de fuga de cuatro peligrosos delincuentes. Durante la mañana, tres pabellones más se sumaron al conflicto. Desde fuera se podían escuchar disparos en el interior del penal, y los familiares, a los gritos, pedían información. Pese a que a última hora las autoridades aseguraban que la situación en la antigua Cárcel de Varones estaba controlada, las ambulancias seguían entrando y saliendo mientras los familiares de los presos quemaban neumáticos cerca del penal en reclamo por algún mínimo de información de parte del gobierno. El saldo se completa con once heridos, cuatro de ellos muy graves.

El pabellón castigado fue el 2, ubicado en la planta alta del penal. En él había alojados 42 presos, de los cuales la mayoría estaba compuesta por internos procesados, sin condena. “La estructura del penal es obsoleta, es un penal viejísimo –dijo Lamberti, párroco de la iglesia San José–. En un sector donde tendrían que estar 15 personas hay más de 50. El propio presidente del Superior Tribunal de Justicia santiagueño, Leonel Suárez, admitió que la Cárcel de Varones “está al límite de su capacidad operativa y los pabellones son una trampa mortal”. Como en toda situación de hacinamiento en las cárceles, el Poder Judicial tiene su parte de responsabilidad, Suárez reconoció que “puede haber algunos casos de mora judicial” como denuncian los reclusos, aunque prefirió apuntar hacia afuera y aseguró que “la mayoría de las causas están en juicio oral”.

La Cárcel de Varones está ubicada sobre la calle Alsina 850, en plena capital santiagueña y a veintidós cuadras al sudoeste del centro de la ciudad. Tenía en 2005 una población de 444 presos, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, de los cuales para esa fecha, 276 no tenían condena y había una sobrepoblación de 122 por ciento. Hoy, la cantidad de alojados es superior y nada indica que, como señalara Suárez, los procesados hayan descendido.

–¿Cuántas personas hay alojadas en el penal?

–No sé, más de 450. Alrededor de 467 están diciendo –aseguró sin asegurar un vocero del gobierno de Zamora.

–¿En el pabellón 2 cuántos del total eran procesados?

–No sé, eso hay que preguntarlo en la Alcaidía –sostuvo aunque en la Alcaidía se derivaba la información a Justicia y de Justicia al vocero de gobierno.

“No sabemos cuántas personas hay alojadas, ni cuántos metros tiene el lugar –denunció Antenor Ferreyra, abogado de la APDH de Santiago del Estero–. El gobierno no tiene ninguna información. No hay un vocero del gobierno que se pare y diga ‘éstos son los heridos, éstos son los muertos’”.

Según la defensora pública Luisa Suárez, con consecuencias que ahora empiezan a entenderse.

Pero además, “las familias reclaman por el trato indignante a los que son sometidas cada vez que tienen visita, en muchos casos con la excusa de detectar si están ingresando drogas al penal –aseguró el párroco Lamberti–. La requisa de la comida se hace con una actitud de desprecio que indigna a las familias”.

Según la información reunida por este diario entre familiares y organismos de DD.HH., este domingo, “durante la requisa a las visitas las mujeres fueron obligadas a desnudarse, tirarse en camas con las piernas abiertas y someterse a tacto vaginal con el argumento de que podían llevar drogas adentro”, sostuvieron algunos familiares (ver nota aparte).

Para colmo, el domingo, sin que hubiera un motivo valedero, los guardias decidieron recortar el horario de visita, que debía extenderse hasta las 18, en una hora. A las cinco de la tarde los familiares fueron obligados a retirarse sin explicación previa. El odio y el hartazgo, con altas dosis de densidad humana, suelen estallar en conflictos.

La explicación del gobierno de Zamora, que sostuvieron sus voceros a rajatabla, fue el intento de fuga. El propio juez de la investigación, Tarchini Saavedra, anunció que iniciaría “una investigación hasta las últimas consecuencias”, para determinar los motivos por los que no se apagó a tiempo el incendio. De todos modos, los datos que circulaban alrededor del penal y muchos de ellos anunciados por los mismos funcionarios, arrojaban ya algunas pautas: “La autobomba del cuartel de Bomberos de la policía de Santiago no funciona”, señaló un integrante del cuerpo de bomberos. Y citó como ejemplo que, desde hace varios días, los aviones que deben aterrizar en el aeropuerto de la capital provincial deben ser desviados porque la única autobomba (la misma que no pudo apagar el incendio del pabellón 2) no funciona. “Hubo que pedir prestada la autobomba a los bomberos de La Banda, pero demoraron porque el camión estaba sin batería para arrancar”. Para colmo, “los extinguidores dentro del penal estaban sin carga”, confió un familiar.

Durante la mañana de ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, envió a una comisión encabezada por Fernando Rinaldi, quien fuera titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago, durante la intervención. Rinaldi fue acompañado por un grupo de asistencia psicológica para familiares de víctimas. Por su lado, el ministro de Justicia nacional, Alberto Iribarne, se comunicó con el gobernador Gerardo Zamora y puso a su disposición “toda la colaboración necesaria”. En principio, Zamora la rechazó y luego la aceptó. Iribarne envió entonces a un equipo de expertos penitenciarios del Servicio Federal.

La situación distaba de estar controlada como intentaba anunciar el gobierno: los pabellones 3 y 5 habían roto los candados y volvieron a tomar los pasillos hasta que la guardia del Grupo Especial de Tareas y Operaciones Armadas (Getoar) de la policía provincial dominó a los tiros la situación. Eran las dos, dos y cuarto de la tarde. Comenzaba la hora de la siesta en la capital provincial.