A pesar de la resistencia de los jueces, el Consejo de la Magistratura avanzó un paso más y aprobó facilitar el acceso a las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales. Un plenario del cuerpo decidió remitir la iniciativa de la consejera y diputada kirchnerista Diana Conti a la Comisión de Reglamentación para que modifique la norma actual, que establece la necesidad de contar con el acuerdo de los magistrados para dar a conocer sus bienes. Conti había propuesto, además, que esa información pueda estar disponible en Internet. Al respecto, el Consejo creó una comisión que estudiará el modo de implementar el acceso al patrimonio de los magistrados.

Esa comisión en la que trabajarán miembros del Consejo y expertos en informática del Poder Judicial buscará la forma de diseñar un sistema parecido al que tiene la Oficina Anticorrupción (OA), que posee una base con los datos encriptados y el que declara sus bienes puede ir actualizándolos a medida que se producen modificaciones en su patrimonio. Pero la OA recoge sólo las declaraciones de los integrantes del Poder Ejecutivo. En diálogo con Página/12, Conti aclaró que “no estarán on-line, en tal caso se podrá acceder con una clave”, pero insistió con su posición de máxima respecto de la difusión que tienen que tener esos datos.

La propuesta de Conti se basa en la Ley de Etica pública, por la cual todos los funcionarios están obligados a dar a conocer sus declaraciones juradas de bienes. Pero la iniciativa de la consejera para publicarlas en la web fue resistida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. En un comunicado firmado por la vicepresidenta de la Asociación, Lidia Soto, la entidad sostuvo que el proyecto de difusión de patrimonios de los jueces de Conti “es incompatible con lo dispuesto en la Ley de Etica Pública. Por eso es que el Consejo apunta ahora a modificar el artículo 16 del reglamento, aunque Conti es consciente de que la propia Ley de Etica Pública es más restrictiva que sus aspiraciones.

El viernes pasado, la consejera, y flamante vicepresidenta del organismo, lanzó su idea, aun a sabiendas de que ningún otro poder del Estado tiene un sistema así. Y comenzó una serie de reuniones con diferentes ONG, tales como Poder Ciudadano y Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), con consejeros y con miembros de la Asociación de Magistrados, para cambiar el “paradigma” que rige hasta ahora en la Magistratura. “La publicidad de las declaraciones debe ser la regla, con responsabilidad del uso para el cual se pretende esa información”, explicó Conti. El representante de los jueces estuvo de acuerdo con revocar la necesidad de que el juez preste conformidad para la difusión de sus bienes, lo cual fue evaluado como “un gran avance” por Conti.

El sistema actual que existe en el Congreso respecto de los diputados establece un anexo reservado para los datos sensibles, tales como números de cuentas bancarios, información familiar, domicilio y otros. La comisión de Consejo deberá analizar también cómo maneja esa cuestión.

“La convocatoria tiene que ser hacia la ciudadanía para que ejerza su control”, indicó Conti en cuanto a la creación de mecanismos para facilitar esa supervisión. Quienes propician esta apertura consideran que es necesario que los jueces que incurran en actos de corrupción sean denunciados, de modo tal que los consejeros puedan cumplir con su tarea. En tanto, avanzó en el Congreso otro proyecto de Conti que tampoco goza de la simpatía de quienes imparten justicia. La diputada K pretende extender a los jueces de Cámara y de tribunales orales lo que establece una ley para los de primera instancia: que cumplan con el horario hábil de atención al público. El proyecto tiene dictamen de la comisión de Justicia y Conti está pidiendo que sea tratado en la próxima sesión del Congreso. Por su parte, el Consejo ya resolvió que los jueces no pueden participar de tareas académicas en ese horario. Los que quedan exentos de estas modificaciones propuestas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.