El intento de soborno para congelar o modificar el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde que suprime los tickets canasta, versión sofisticada del régimen de vales en los obrajes, que los mensúes sólo podían canjear en la proveeduría del empleador, mostró el tipo de armas que las grandes empresas están dispuestas a utilizar cuando se trata de sus beneficios. La revelación por Joaquín Morales Solá del pago a senadores por la ley que precarizaba el empleo en el año 2000, apresuró la crisis de un gobierno y la renovación del elenco político de primera línea en el país, del que siete años después no queda casi nadie. Pero ahora que los corruptores no son funcionarios públicos sino hombres de negocios, el debate se centra en los presuntos méritos del régimen cuestionado, con una asombrosa indiferencia por la cuestión ética. Según Mariano Recalde, las tres empresas que concentran el 90 por ciento del mercado administran una suerte de moneda paralela, en desmedro de los trabajadores y de la seguridad social. Desde que la reforma de 1994 constitucionalizó el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, los tickets canasta son inconstitucionales, ya que según ese convenio el salario debe pagarse en efectivo. Una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, determinó que por lo menos el 15 por ciento de los trabajadores cobró este año alguna suma en vales, por un importe del 13 por ciento de su salario. No se trata de un beneficio adicional para los trabajadores, como argumentan las empresas, sino de una parte del salario que fue negreada por ley. Al comprar los tickets los empleadores pagan una comisión que va del 2 al 6 por ciento de su valor nominal. Los supermercados y restaurantes que los reciben, los canjean por dinero con una merma del 1,5 al 6 por ciento. La masa de dinero que reciben las emisoras de tickets se coloca en el mercado financiero, al que deben acudir los trabajadores necesitados de dinero para canjear los vales, con descuentos usurarios, que van del 10 al 20 por ciento.

Los tickets son utilizados sobre todo por grandes empresas, que así disminuyen su costo laboral, ya que no pagan cargas sociales sobre esa parte del salario. Esas cargas son del 13 por ciento en los regímenes jubilatorios privados y del 17 por ciento para los del sistema público. La ganancia de las empresas es la diferencia entre ese 13/17 por ciento que ahorran y la comisión del 2/6 por ciento que pagan a los emisores. Los trabajadores pierden porque esa porción no se computa para el aguinaldo, las vacaciones, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido ni para cualquier otro beneficio que se calcule sobre “la remuneración”. El sistema provisional se desfinancia en 650 millones de pesos anuales. El grueso de las compras deben realizarse en los grandes supermercados, lo cual perjudica al pequeño comercio. De este modo se redistribuyen ingresos, de los trabajadores hacia las empresas y de los pequeños emprendimientos hacia los grandes. El aguinaldo del trabajador promedio mejoraría con la nueva ley en 222 pesos anuales. El sistema de tickets “bien mirado, no es más que un instrumento adicional de la flexibilización del empleo de los años noventa. En pocas palabras: miseria pública y beneficios privados”, concluye el estudio del Cenda.

El proyecto de Recalde integra a la remuneración los vales de almuerzo y vales alimentarios de la canasta familiar. Pero como no modifica el resto de la ley de contrato de trabajo, excluye a los trabajadores del sector público nacional, provincial o municipal, quienes seguirán recibiendo tickets. Este sistema ha provocado escándalos en distintas provincias, como Mendoza y Tucumán. Una empresa creada a principios de la década pasada con influencia del ex secretario general de la CGT, Naldo Brunelli, Proms S.A., concentra el grueso del negocio con el sector público. La incidencia de Brunelli cesó hace cinco años, cuando ingresó un grupo empresario próximo al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Ismael Passaglia. Al ofrecer sus servicios a los gobiernos provinciales para el pago de planes sociales Proms argumenta que entregar tickets en vez de dinero o cajas con alimentos impide “el pago de sobreprecios en las licitaciones públicas por compras de comestibles” y que los beneficiarios compren “bebidas alcohólicas y cigarrillos” (sic). En un sumario por evasión tributaria, la AFIP determinó una deuda de Proms del orden de los diez millones de pesos y la Procuración General de la Nación requirió la indagatoria de sus directivos por evasión calificada, un delito que no es excarcelable.

Su gerente general, Pablo Arturo Bulla precedió a Santiago Lynch en la presidencia de la cámara ticketeadora, Cevas. Corredor de carreras de autos del equipo Palermo Hollywood, el fierrero Bulla no apareció mencionado en el caso, en el que el ofrecimiento del soborno fue aludido como Pick-up y Mercedes Benz. En julio, al anunciar que dejaba de correr, Bulla dijo que Cevas no le había aceptado la renuncia y “me hacen trabajar más que antes”. En la grabación difundida por Recalde, Lynch afirma que representa a dos empresas grandes y una chica, pero que las demás también participan de la gestión. Bulla negó cualquier relación e impugnó la denuncia como un “show mediático”. El apoderado general de Proms, Ruben Colacilli, dijo que la eliminación del régimen no perjudicaba a su empresa porque tenía una clientela diversificada, que incluía al sector público, y que además se disponía a absorber a los clientes que dejaran las empresas extranjeras que dejarán el país y a lanzar una tarjeta de crédito en sociedad con un banco colombiano. Lo que para algunos es una crisis para otros constituye una oportunidad.