Guido Antonini ingresó con su valija a la Argentina el 4 de agosto y dejó el país el 6, no rumbo a Venezuela sino a Miami, de donde ya no volvió a salir. Allí el presunto agente venezolano se convirtió en un efectivo agente estadounidense. El 14 de agosto, el diario Miami Herald publicó un artículo de sus periodistas Nancy San Martín y Gerardo Reyes. Su último párrafo dice que el caso “provocó especulaciones en los medios y en círculos políticos de Buenos Aires y Caracas de que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina, la esposa del presidente argentino Néstor Kirchner”. Nancy San Martín suele firmar junto con otros columnistas. Se ha especializado en temas sensibles para la inteligencia estadounidense y cubierto informaciones sobre Cuba, Colombia, Venezuela y Afganistán. En cambio el colombiano Gerardo Reyes es un reconocido abogado e investigador periodístico, autor de varios libros y ganador de los premios Pulitzer, Planeta y Maria Moors Cabot.

Al día siguiente, 15 de agosto, esa especulación fue reproducida por el boletín del Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO por sus siglas en inglés), una organización integrada por militares norteamericanos y cubanos, incluyendo desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros de la Brigada de Asalto 2506, rechazada en 1961 en Playa Girón. Sus objetivos declarados son alentar y apoyar a los militares cubanos a comenzar “una transición pacífica hacia la democracia sin los hermanos Castro” y organizar “un ejército profesional, subordinado al poder civil y democrático que sea elegido por el pueblo cubano”. Su presidente es el mayor general Erneido Oliva, a quien el Departamento de Estado y el Pentágono le dijeron que los planes de CAMCO coincidían con los de la Casa Blanca. Al presentar la información, CAMCO hizo un montaje fotográfico, por el que Antonini aparece sosteniendo el maletín abierto colmado de dólares.

Fuentes de inteligencia

Pero la única mención previa al alegado destino del dinero que apareció en la prensa venezolana es un artículo publicado el 10 de agosto en el semanario de Caracas Quinto Día, con la firma de Antonio Batistini Ortega, quien cita como fuente a presuntos servicios de inteligencia de Caracas y Buenos Aires, que no identifica. El desconocido Antonio Batistini Ortega, quien escribe desde Buenos Aires, atribuye a un denominado “analista local Marcos Batistini” que los 800 mil dólares decomisados eran “para la campaña electoral de Cristina Fernández”. El conocimiento del autor sobre la Argentina no es sobresaliente: menciona a Julio Da Vido, Claudio Uberdi, el Grupo Techi y la empresa energética Enersa (sic). En la Argentina sólo hubo una declaración hipotética de los dirigentes de la Coalición Cívica Libertadora Elisa Carrió y Adrián Pérez, quienes el 9 de agosto, recordaron que habían denunciado a De Vido y Uberti como recaudadores ilegales de la campaña de Néstor Kirchner en 2003. Ante la aparición de Uberti en el avión con Antonini, Pérez conjeturó que “puede ser un modus operandi en esa materia”. El 10, el diario La Nación sostuvo en un editorial que en un año electoral “siempre se sospecha que los fondos para las campañas pueden provenir de rutas poco habituales y cubiertas de neblina”. Ni siquiera el semanario Noticias mencionó esa posibilidad en su nota del 11 de agosto. Sólo afirma, como Carrió, que Uberti fue el “recaudador de la campaña del 2003”.

Es decir que la única fuente que se anticipó al FBI estadounidense en su acusación a la presidenta argentina fue Quinto Día. También llamado “El Semanario de los Nuevos Tiempos” es un periódico semanal con información política y económica, que desde 1996 se imprime en papel y se publica en la web, con acceso pago a las notas. Su director, el periodista Carlos Croes, fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Jaime Lusinchi. También dirige el canal Televen, donde tiene su propio programa.

Según el Secretario de Comunicación e Información de la Embajada de Venezuela en la Argentina, Alfredo Rojas, en sus inicios Quinto Día fue impulsado por el gobierno de Chávez. Por su contacto con un ex Ministro del Interior, Croes tenía acceso directo a las fuentes gubernamentales y mucha publicidad oficial. En noviembre de 2001, Chávez lo propuso como “un ejemplo a seguir en el periodismo venezolano”, pero las relaciones se agriaron luego del fallido golpe de abril de 2002. Hoy el presidente califica de “perverso” el mensaje del semanario, que ve ceñirse sobre Venezuela una “siniestra noche”.

Quinto Día es una publicación establecida pero nadie sabe nada sobre el autor de la nota ni sobre su fuente. Consultado para esta nota, su jefe de redacción dijo que Batistini Ortega ofreció el artículo y ellos lo publicaron, pero que no tienen relación contractual con él: “No es un periodista conocido y ésa fue la única nota que publicó”. Curioso que semejante tema se encargue a un desconocido. Nadie puede dar fe tampoco de la existencia real de Marcos Batistini, mencionado en la nota con la muy significativa palabra de la jerga de inteligencia “analista”. Ni en el padrón electoral ni en la guía telefónica figura ninguna persona con esos nombres. Tampoco tienen legajo en la Policía federal, ni cédula ni pasaporte argentino, ni son periodistas o analistas extranjeros que hayan ingresado al país en forma legal. Ante una consulta para esta nota, la Dirección de Migraciones respondió que un ciudadano italiano de nombre Antonio Batistini estuvo cuatro días de tránsito en la Argentina, entre el 20 y el 24 de enero de 2007, es decir, siete meses antes del episodio de la valija.

Fiscales teledirigidos

Mientras los voceros oficiales y oficiosos del gobierno de Estados Unidos, los partidos opositores y la prensa militante argentina encomiaban la independencia de los fiscales estadounidenses, el diario norteamericano The Washington Post informaba que el nuevo titular de Justicia había decidido restringir los contactos con funcionarios de la Casa Blanca sobre “investigaciones civiles o penales en curso” y un senador demócrata dijo que así se impedirían las interferencias políticas en la justicia.

Michael B. Mukasey asumió el 9 de noviembre de este año como Attorney General, un cargo que no tiene equivalente exacto en la Argentina. Es miembro del gabinete, como el ministro de Justicia, y jefe del ministerio público fiscal, como el Procurador General de la Nación. En la Argentina el ministerio público fue un híbrido similar hasta la reforma constitucional de 1994, cuyo artículo 120 lo definió como “un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.

La medida anunciada el jueves 20 por el principal diario de la Capital estadounidense es la primera decisión política importante de la gestión de Mukasey. El artículo firmado por el redactor Dan Eggen consigna que el Attorney General había prometido fijar nuevas normas debido al escándalo por el despido de fiscales poco cooperativos con el gobierno dispuesto por su predecesor, Alberto Gonzales. Legisladores y abogados habían reclamado porque la Casa Blanca “era informada en forma indebida sobre los detalles de las investigaciones penales o civiles”. El embajador en Buenos Aires Earl Anthony Wayne y el vocero de la cancillería estadounidense en Washington dijeron que el gobierno del presidente George W. Bush no tenía ninguna injerencia en las acusaciones que ofendieron al gobierno argentino, cuyo canciller Jorge Taiana las calificó como sorpresivas e injustas. El designado embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, quien desde el mes pasado tenía un almuerzo convenido con su contraparte Wayne, dijo que corresponde alguna forma de reparación por parte del gobierno estadounidense, aunque no aventuró cuál. Quien creó el problema debe resolverlo, es el razonamiento.

Pero aun con las nuevas normas el diálogo sobre las investigaciones que afecten la “seguridad nacional” estadounidense no será afectado por ninguna limitación. Este es precisamente el rubro en el que se encuadra la investigación sobre el venezolano-estadounidense Guido Antonini. Por eso interviene el adjunto de Mukasey para Seguridad Nacional, Kenneth Wainstein, el funcionario que se aventuró a calificar el caso como un “creciente escándalo internacional”. El senador demócrata por Rhode Island Sheldon Whitehouse (que en inglés quiere decir casa blanca) dijo que las nuevas normas “restablecerán las garantías contra la interferencia política” en la justicia. Reveló que durante el gobierno de Bill Clinton sólo había siete personas autorizadas en la presidencia y el ministerio de Justicia a sostener ese tipo de conversaciones sobre casos abiertos. Ese número sufrió una notable inflación durante el gobierno de Bush: llegó a 40 cuando el Attorney General fue John D. Ashcroft y a 900 con Gonzales.

Incongruencias

La revelación de datos con cuentagotas impide determinar el punto inicial de la investigación del FBI. El fiscal Thomas Mulvihill dijo que Antonini colabora con su gobierno desde que regresó de la Argentina. En la larga madrugada del 5 de agosto, mientras se contaba el dinero en el aeropuerto, Antonini se jactó de las relaciones con el gobierno de Chávez, con quien dijo haber almorzado el día anterior en la casa de gobierno de Caracas, tal como se publicó aquí. Pero el gobierno venezolano demostró que Chávez estuvo fuera de la capital todo ese día, acompañando al actor estadounidense Sean Penn. Esta locuacidad de Antonini habilita a sospechar que ya entonces trabajaba para otro patrón que el aparente. La jueza argentina Marta Novatti ordenó la captura internacional de Antonini el 16 de agosto. Recién una semana después se produjo la primera grabación conocida del FBI que, como dijo el ex secretario de asuntos interamericanos Roger Noriega en el diario La Nación, “tuvo que armar su caso”.

El sistema penal estadounidense permite a los fiscales negociar con los presuntos delincuentes, para librarlos de cargos a cambio de su cooperación para acusar a otros. Nueve de cada diez causas penales terminan sin juicio, por ese tipo de acuerdos. En la Argentina, en cambio, rige el principio de legalidad, que obliga a perseguir todos los delitos. Pero en cualquier caso, recién el jueves 20 de diciembre un Gran Jurado determinó que existían motivos para llevar a juicio a los socios venezolanos de Antonini, es decir tres meses después de que un funcionario de la Cancillería argentina entregara en Washington la solicitud de extradición del imputado en Buenos Aires por la causa de la valija. De acuerdo a los convenios vigentes entre ambos países debería primar entonces la jurisdicción argentina.

Las grabaciones obtenidas por los fiscales y policías de Miami son pruebas que la Corte Suprema de Justicia de ese país suele considerar insuficientes. Su contenido en este caso es de una incongruencia asombrosa: si Antonini trajo la valija en el avión de Uberti y luego formó parte de la delegación venezolana que asistió a la firma de convenios energéticos en la Casa Rosada, ¿qué sentido tiene que sean sus socios venezolanos en negocios de petróleo y armas quienes le revelen cuál era el destino del dinero? Más incomprensible aún es que le ofrezcan dos millones de dólares para que calle lo que sólo sabe porque acaban de decírselo y/o lo amenacen con consecuencias para su familia en caso contrario.

Polarizaciones

El gobierno argentino tramitó la extradición de Antonini, despidió a Uberti, exigió el alejamiento del vicepresidente de Pedevesa y reclamó una explicación por parte de Caracas. Sin embargo ahora omite cualquier consideración acerca de los curiosos modos del gobierno venezolano, a cuyo pedido embarcó Antonini en el avión de Enarsa, y concentra sus objeciones sólo en la ofensa estadounidense. La oposición, por su parte, se aferra a los dudosos procedimientos judiciales y policiales de Miami y sin más prueba que sus deseos da por cierto que el dinero incautado estaba dirigido a financiar una campaña electoral que, por otra parte, denunció como realizada con fondos estatales. El gobierno del presidente George W. Bush ha conseguido deteriorar la relación con uno de los pocos países de Sudamérica con los que no tenía conflictos y obtuvo el efecto paradojal de acercar más a la Argentina y Venezuela, justo cuando el nuevo gobierno de Buenos Aires se proponía una acción internacional más matizada. Las manifestaciones del ex presidente Néstor Kirchner reforzaron el mensaje sobre la inadmisibilidad de la agresión a un gobierno que no ha sido ofensivo con el de Washington, pero al precio de frustrar su voto de silencio por un semestre para no invadir el espacio de la presidente. Como la oposición liberal en el siglo XIX contra Juan Manuel de Rosas o contra Juan D.Perón en el siglo XX, la Coalición Cívica Libertadora y su tronco radical no han vacilado en legitimar una intromisión extranjera prepotente, peligroso consuelo a su dificultad para hacer pie en sectores significativos de la sociedad argentina.