A pocos de que se inicie el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto del Gobierno para modificar el sistema jubilatorio y eliminar a las AFJP, el 39,1 por ciento de las personas considera que las administradoras manejan mal los fondos de sus afiliados y sólo un 26,4 por ciento opina que lo han hecho bien. Sin embargo, más de un 34 por ciento manifestó que “no sabe” qué hacen esas empresas con los recursos de los jubilados. Según el sondeo realizado por la consultora Ibarómetro, hay una leve ventaja de aquellos que consideran que el Estado manejará mejor los fondos que las AFJP (38,9 por ciento contra 38). La encuesta también reveló que el 42,2 por ciento de los entrevistados está a favor del proyecto impulsado por el kirchnerismo de estatizar la administración de las jubilaciones, mientras que un 34 por ciento manifestó estar en contra y un 23 por ciento no tiene opinión al respecto.

El sondeo realizado por Ibarómetro fue llevado a cabo el 30 de octubre en el Area Metropolitana de Buenos Aires, sobre un total de mil entrevistas telefónicas y en una población mayor de 18 años residente en hogares particulares. El nivel de confianza alcanza el 95 por ciento, con un margen de error del 3,1 por ciento.

En relación con la última medición realizada por la empresa el 24 de octubre último, se desprende que habría una tendencia de mayor apoyo a la posición del oficialismo. Según la consultora, esto indicaría “una opinión pública cambiante en relación con el tema”. En el sondeo del 24 de octubre frente a la disyuntiva entre el sistema de reparto y el privado, el 36,1 por ciento de los encuestados prefirió el del Estado, frente a sólo un 14,1 por ciento que consideró que los jubilados se benefician más con las administradoras de pensiones privadas. Además, en ese momento, cuatro de cada diez personas no estaban de acuerdo con el proyecto del Gobierno de reestatizar las jubilaciones.

Además del cuestionario sobre el cambio del sistema jubilatorio, Ibarómetro realizó un seguimiento de la imagen de las empresas de servicios públicos (gas, agua corriente, correo, energía eléctrica y teléfonos). Todas ellas subieron su puntaje respecto del mes anterior, salvo las compañías de agua, y las que más incrementaron su imagen fueron las compañías eléctricas, que registraron un incremento de 5 por ciento. De todas maneras, se registró una brecha entre el grado de satisfacción respecto de la prestación real de los servicios y la imagen de las mismas empresas prestadoras. En general, tienen una mejor imagen que evaluación de sus servicios por parte de los usuarios.