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Con la consigna “Despertemos a la Justicia, terminemos con la impunidad”, H.I.J.O.S. realizará mañana a las 12.15 en los tribunales de Talcahuano y Lavalle un “Ruidazo por el Juicio y Castigo”. La idea es sacar de la modorra a Sus Señorías, exigir que aceleren y unifiquen causas para que los represores no mueran sin condena, que ordenen cumplirlas en cárceles comunes, y que su brazo no se limite a secuestradores y torturadores, sino que alcance a ideólogos y cómplices civiles. El ruidazo, al que adhieren Madres Línea Fundadora, Abuelas, Familiares y agrupaciones barriales, marcará el fin del XIII Encuentro Nacional de la Red Nacional de H.I.J.O.S., que como cada año desde 1995 reunió este fin de semana a un centenar de jóvenes de Tucumán, Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe, Chaco, Paraná y Buenos Aires.

“Hay judiciales que hacen su trabajo pero el motor del proceso siguen siendo los organismos de derechos humanos. Es hora de que la Justicia asuma su responsabilidad”, sostuvo Giselle Teper, de Capital, que destacó “falencias en la protección de testigos” en el conurbano. “Ha habido amenazas estratégicas contra querellantes y testigos”, dijo.

“En 1995, cuando nació H.I.J.O.S., era impensable pensar en las condenas que hubo en 2008. Teníamos una consigna, ‘lo imposible sólo tarda un poco más’, que en cierta forma se está cumpliendo”, destacó Ana Oberlin. “Es reconfortante ver gente nueva que logró identificar hijos apropiados y compañeros que se habían distanciado y volvieron”, analizó la rosarina. Un tema que Rosario incorporó a la agenda, a partir del suicidio de José Baravalle, es el de las imputaciones contra ex detenidos. “La postura de la Red es que todos los que entraron a un centro clandestino de detención por la fuerza son víctimas, y no los acusamos”, sintetizó.

Emiliano Fessia, de Córdoba, destacó que, pese a los reclamos de fiscales, querellantes, Ministerio de Defensa y hasta el gobernador, la jueza Cristina Garzón de Lascano mantiene a los represores en el Cuerpo III y la Guardia de Infantería. “Las excarcelaciones no se pueden aplicar con criterio universal. Muchos obstruyeron la Justicia, liberarlos conlleva una peligrosidad procesal”, evaluó Fessia, quien resaltó la “necesidad de perfeccionar medidas de protección y acompañamiento de testigos con vistas a los futuros juicios”.