El gobierno superó con holgura la mayoría absoluta necesaria en las dos cámaras del Congreso para fijar la fecha electoral el 28 de junio. El más inesperado encomio provino del jefe del bloque radical, Ernesto Sanz. Dijo que Néstor Kirchner había asumido el gobierno con una baja legitimidad electoral pero que se había afirmado con la legitimidad de ejercicio, que describió con algún detalle. Luego postuló que lo contrario ocurría con CFK, que llegó a la presidencia con el 45 por ciento de los votos y a su juicio fue perdiendo esa legitimidad en el camino. Le respondió Miguel Pichetto: la nacionalización de los comicios de mitad de mandato servirá para que el electorado evalúe si ese deterioro es tal o sólo responde a expresiones de deseos de los descontentos con las políticas que profundizaron las iniciadas en 2003. De este modo, la presidente terminó por aceptar la polarización y el carácter plebiscitario que un incipiente bloque social liderado por las patronales agropecuarias impuso a estos comicios. Si el escalonamiento de fechas en provincias con ejecutivos bien evaluados favorecía a una oposición desunida, la nacionalización conviene al gobierno, porque acepta el debate en los términos claros que planteó la coalición agromediática. Cuando falta un mes para el cierre de inscripciones, el peronismo de pro liderado por Maurizio Macri se insinúa como el principal competidor, como deseaba el gobierno. Las candidaturas de Gabriela Michetti y Francisco De Narváez redimensionaron el peso de las grandes figuras mediáticas, Elisa Carrió y Felipe Solá, quienes suelen hacer de sus dudas un espectáculo público. La chaqueña debe decidir cuál es el modo menos gravoso de eludir la confrontación con Michetti en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: no presentarse u ocupar un puesto inferior en la boleta de la Coalición Cívica Libertadora, para intentar que la responsabilidad de la derrota sólo recaiga en el ex broker del J.P. Morgan Alfonso de Prat Gay. Menos fantasioso, el ingeniero Solá ya se resignó a que el primer lugar en la lista bonaerense sea para el filántropo colombiano, que explota el predio de la Sociedad Rural en Palermo, sufraga los gastos del sector y tiene mayor intención de voto. El vicepresidente Julio Cobos tratará de trocar su popularidad en votos que lo reinstalen como un actor de peso en Mendoza, mientras analiza opciones en las dos Buenos Aires. Si Kirchner decidiera ser el candidato oficial en la provincia que concentra casi el 40 por ciento del padrón nacional potenciaría los dilemas de la oposición. Los ingenieros Cobos y Solá podrían jugar un papel en otra tentativa unificadora. Si no lo consiguen, ¿escogerá de todos modos el electorado opositor a la fórmula que considere más apta para enfrentar al kircherismo, como ocurrió en la elección nacional de 2007, que hizo surgir a Carrió y sumergió a Ricardo López Murphy, o ese trasvasamiento sólo fue posible porque ambos eran radicales y no podría repetirse ahora dada la reducida compatibilidad entre el neoperonista de negocios De Narváez y la radical genética Margarita Stolbizer? De la respuesta a esta pregunta dependen también las chances de cualquier propuesta nacional-progresista. La menguada convocatoria de los cortes y los actos de las patronales agropecuarias son un llamado de atención para el sector que ha atado su suerte a la del maximalismo rural, pero el adelantamiento y la polarización no eximen al gobierno de afinar el contenido de sus propuestas. El debate sobre el reemplazo de la vieja ley de radiodifusión es un eje ordenador, igual que las medidas para defender el empleo y la devaluación controlada del peso, en un punto que preserve la competitividad comercial pero no vuelva a deprimir los salarios. Como recordó una nueva declaración del Plan Fénix, el gobierno tiene un déficit de explicación aun de sus mejores políticas. Los dos ciclos de mayor crecimiento del último medio siglo (1963-1974 y 2003-2008) “contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados mediante retenciones. Sobresale en ambos casos el fuerte impulso resultante para las exportaciones industriales no tradicionales, que crecen en términos reales a un ritmo muy superior al de las exportaciones agrícolas. Es ésta una herramienta insustituible para apuntalar al desarrollo con equidad de la Argentina, sobre la base de un modelo híbrido, que combine ventajas comparativas naturales y aquellas que permiten la actividad de transformación”, dicen estos economistas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sólo así es posible “socializar parte de la renta primaria, que de derecho corresponde a toda la comunidad” y favorecer “un desarrollo armónico de agro e industria”. Al mismo tiempo, la holgura fiscal del Estado “habilita el financiamiento de inversión productiva y otras prestaciones estatales, sin presionar sobre los mercados financieros”. Es lo que la oposición llama “la caja”. Pero el Plan Fénix también sostiene que resta definir “un proyecto nacional” que encuadre todos los conflictos. Entre sus capítulos enumera la preservación del suelo y la sostenibilidad en el largo plazo, que “no pueden dejarse libradas a las señales de mercado”, una particular consideración para “la agricultura de escala familiar en áreas alejadas de las zonas cerealeras”, una reformulación de las cadenas de elaboración y comercialización, tanto en granos como en carnes, que “se apropian de una parte no desdeñable de la renta primaria”, la “creación de una comercializadora de carácter público y la revisión de la legislación referida a los arrendamientos rurales”. Es curioso que se les haya olvidado el sistema financiero, cuya reforma es ineludible si se pretende movilizar los depósitos bancarios en respaldo de ese proyecto de desarrollo nacional.