Ricardo Echegaray presentó su renuncia a la presidente CFK, quien no la aceptó. Ninguna posible lectura del operativo intimidatorio sobre la sede del Grupo Clarín lo deja bien parado: si lo ordenó cometió una torpeza, si sucedió sin su conocimiento, como dijo en su carta de excusas al editor Ricardo Kirschbaum, no controla el organismo. El rechazo de su dimisión sugiere que el episodio no ha generado dudas sobre la lealtad del funcionario, que acompaña al matrimonio presidencial desde los tiempos de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, aunque sí acerca de su eficacia. Lo sucedido requiere una explicación que hasta ahora nadie tiene. La preocupación gubernativa es negar que la aparatosa inspección haya obedecido a una orden oficial, pero sin admitir que cualquier control impositivo pueda considerarse una agresión, como pretende el sector agropecuario, cuya dirigencia admitió que dos de cada diez contribuyentes evaden o eluden sus obligaciones tributarias. Esta superposición de objetivos acusa una cierta dificultad para establecer prioridades. En este caso lo fundamental es deslindar la responsabilidad por el desembarco en el multimedio de la calle Tacuarí. Al gobierno también le interesa determinar el grado y las formas de penetración de intereses económicos y de inteligencia en el aparato del Estado. Si algo está fuera de discusión es que a nadie perjudica más lo sucedido que al gobierno. El enrarecimiento del clima en torno del Grupo Clarín dificulta la sanción de la ley, porque todas las posiciones se tornan más rígidas. Concluida la ronda de audiencias, el gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en los puntos del proyecto que concitaron más cuestionamientos, como la autoridad de aplicación o el acceso de las telefónicas al mercado de la televisión. Pero ahora teme que aun así la oposición se abroquele en forma irreductible. En torno de Echegaray se afirma que el 3 de setiembre se elaboró el plan de inspecciones de grandes contribuyentes para el resto del año y que las empresas de medios recién figuraban para diciembre, una vez sancionada la nueva ley de servicios audiovisuales. El responsable del operativo fue el jefe de la regional sur metropolitana Andrés Vázquez, un personaje sobre el que ahora se fija la atención. Fue uno de los funcionarios que Echegaray apartó al asumir en la Aduana, junto con Carlos García Lorea, según recordó Martín Granovsky en 2005, cuando se descubrieron las valijas con cocaína que Southern Winds transportó hasta Madrid.

García Lorea hizo la carrera en el organismo fiscalizador vinculado con la SIDE. Fue subdirector de la Aduana cuando el director era el actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien hoy es el más estridente objetor del procedimiento en Clarín, luego de declarar que los diputados de su provincia no apoyarían la ley audiovisual. Antes aún, García Lorea fue el investigador de la entonces DGI en el caso Konex-Salgado y asistió a una comida en la que se intentó extorsionar al empresario investigado para que arreglara su situación con el investigador. Con su presencia allí el extorsionador intentaba probar que no era un falso influyente. Desde su época de universitario, García Lorea estuvo muy próximo a Guillermo Yacobucci, un colaborador de la revista nacionalista católica Cabildo, en los años en que la publicación reclamaba a la dictadura extender la represión a cada vez más sectores de la sociedad. Los operadores judiciales de la SIDE incidieron en la designación de Yacobucci como subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal. Desde hace meses está firmando la puesta en libertad de militares arrestados por crímenes de lesa humanidad. Echegaray separó a Vázquez de la Aduana pero no está claro cómo reapareció en la AFIP, convertido en un talibán que no espera órdenes porque cree que sabe interpretar deseos. Si hay un lugar en el que el legado de la dictadura no se extingue es en la SIDE, cuyo hombre fuerte, Antonio Stiuso ya había querellado a los directivos de Clarín y La Nación, en otro flaco favor al gobierno de CFK, que igual que ahora, se enteró por los diarios. El proyecto de ley de despenalización de calumnias e injurias que la presidente anunció en el homenaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anulará esas querellas. Pero la comunicación audiovisual no es lo único que reclama cambios que la hagan más democrática. El camino al desastre está pavimentado de las buenas intenciones de Servicios fuera de control.