En la Legislatura porteña debería funcionar una Comisión de Evaluación de Seguimiento de las incorporaciones a la Policía Metropolitana integrada por los diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad. Su tarea sería organizar los legajos de los integrantes de la fuerza aún no estrenada, analizarlos y hacer impugnaciones si fuera necesario. Esta Comisión consiguió aprobar que por 90 días no se aceptara el ingreso de efectivos de otras jurisdicciones y que se frenara la salida a la calle de quienes ya integran la Metropolitana. Pero como no hay sesiones desde el 10 de diciembre ni se conformó esta instancia creada por ley, el control sobre la tropa deberá esperar hasta marzo, cuando el jefe de Gobierno inaugure el nuevo período parlamentario en la ciudad. Nada tiene que ver la Comisión con el Comité de Seguimiento y Control de la Seguridad Pública que la Legislatura votó el 14 de mayo de 2009, 31 a uno. Este organismo lo integran Pablo Failde (FP), Guillermo Smith (Coalición Cívica) y Patricio Di Stéfano (PRO), que cumplen funciones rentadas y cuya finalidad es “recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública” y “proponer mecanismos de monitoreo permanente con el fin de poder establecer indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad tener una evaluación constante de la evolución del sistema de seguridad pública”.